Muerte de latino a manos de las autoridades, ‘un ejemplo más del exceso de la fuerza letal’

Activistas creen que el agente de CHP que disparó y dejó sin vida a Jesse Domínguez en la autopista 105 pudo haberlo solucionado con una opción menos violenta

LOS ANGELES, CA - JULY 17: A California Highway Patrol cruiser waits to lead motorist on as construction workers remove barricades on the southbound Interstate 405 freeway before it re-opened ahead of schedule following a 10-mile shutdown of the freeway for bridge work on July 17, 2011 in Los Angeles, California. Los Angeles city officials advised residents to stay home or stay away from the area over the weekend fearing massive traffic jams of what has become known as "Carmageddon." which never materialized. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

La Patrulla de Caminos de California es la encargada de la seguridad en las autopistas en el estado. Crédito: Kevork Djansezian | Getty Images

Cuestionable, injusto y perturbador es la manera en que activistas de derechos humanos y líderes sociales catalogan el asesinato de Jesse Domínguez, un joven que tenía problemas mentales y deambulaba por la autopista 105, cuando un agente de la Patrulla de Caminos de California (CHP) apareció y terminó con su vida a cuatro días del Día de Acción de Gracias.

El joven de 33 años caminaba sobre la autopista a la altura de la ciudad de Lynwood, aparentemente sin mayor preocupación, llevaba su mochila y unos auriculares cerca de la avenida Wilmington, pero como a las 3:30 de la tarde, un agente respondió a múltiples reportes sobre alguien que entraba y salía entre el tráfico de la autopista 105.

Según CHP, el oficial confrontó a Domínguez e intentó convencerlo para que saliera de la autopista, pero el joven latino no cumplió con las ordenes que se le dieron.

Enseguida, ambos se enfrascaron en una pelea.

Hincado en el pavimento, el oficial lanza puñetazos al joven en el piso. Lo tiene aparentemente sometido y Domínguez responde con patadas al hombre que tiene encima de su cuerpo.

El agente se repliega un poco, lanza un golpe con la mano izquierda al rostro del ahora occiso, y cuando logra ponerse de pie, saca su arma y dispara a quemarropa más de cinco veces.

Jesse tenía consigo una pistola Taser, la cual supuestamente activo contra el agente, según dijo CHP un día después del asesinato de Domínguez. 

De acuerdo con familiares del joven aspirante a actor, Domínguez cargaba la pistola Taser para protegerse, después de haber sufrido amenazas en un centro de rehabilitación para alcohólicos y personas con enfermedades mentales en el área de Watts.

El video donde el joven pierde la vida puede resultar perturbador para alguna personas, pero fue publicado por Dowtown LA Scanner en las redes sociales de X (antes Twitter).

“Después del uso del arma por parte del peatón contra el oficial, y temiendo por su seguridad, el oficial disparó su arma reglamentaria, golpeando al peatón”, fue la declaración oficial de las autoridades.

Presumiblemente, Domínguez batalló con problemas de bipolaridad y abuso de sustancias. Estaba desamparado y quería vivir solo, según su padre, Jesse Domínguez, un ex infante de la Marina de los Estados Unidos.

 “Exonerará al oficial”

Para Earl Ofari Hutchinson, líder de los derechos humanos en Los Ángeles, la muerte de Jesse Domínguez fue un asesinato que podría y debería haberse evitado, como ocurre con muchos otros asesinatos similares de civiles esencialmente desarmados a manos de agentes sin responsabilidad alguna.

 “El asesinato de Jesse Domínguez fue otro ejemplo más del uso cuestionable de fuerza letal por parte de un oficial”, enfatizó Hutchinson.

 ¿Cree que el Departamento de Justicia investigará adecuadamente este trágico incidente? 

“El Departamento de Justicia rutinariamente, como lo hace en casi todos estos casos cuestionables de uso excesivo de fuerza letal por parte de un oficial, exonerará al oficial de cualquier acto ilícito”, subrayó.

 Para Carlos Montes, un activista chicano de Boyle Heights, está claro que el joven latino que caminaba sobre la autopista 105 murió “injustamente”.

 “Se trata de alguien que, evidentemente tiene problemas emocionales o mentales, y debieron usar un arma menos letal como gas pimienta, balas de perdigones o una pistola de rayos láser para someterlo”, expresa. “Pasó lo mismo cuando un oficial de CHP mató [en septiembre 28 de 2021] a Leonel Chávez”.

 Después de un accidente automovilístico entre las calles Medford e Indiana al norte, Chávez, quien estaba desarmado, confrontó a los oficiales Daniel Castañeda y Jennifer Sánchez. Intentó huir de la escena y quiso arrebatarle la pistola al agente Castaneda, quien le quitó la vida con siete tiros.

 En mayo de 2023, el Procurador Bonta emitió un reporte de 46 páginas, en el que concluyó que el agente Castañeda actuó en legítima defensa propia y de otros, cuando usó fuerza letal contra de Leonel Chávez.

 Muerto a sangre fría’

 Con relación al asesinato de Jessie Domínguez, Montes comentó que las escenas del video “son perturbadoras e impactantes”.

 “Fue un asesinato a sangre fría, porque el oficial no estaba en peligro”, agrega.

 “Lo malo es que hemos visto tantas veces esta película en la televisión y la gente se está acostumbrando a que se violenten los derechos humanos de las personas”.

Montes también denunció la muerte sin respuestas hasta ahora de Adrián Ríos, un chicano de 28 años, quien fue asesinado a golpes mientras estaba bajo custodia en la Estación Este del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

 En Facebook, Nicole Wood, amiga de Akasha Dominguez, la madrastra de Jesse, abrió una cuenta de GoFundMe para recabar fondos y ayudar a la familia a cubrir gastos de transporte y otros gastos en su viaje a California.

‘Innecesaria fuerza letal’

Un llamado para pedir la paz hicieron Watts Gang Task Force , el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Tim McOsker, que representa a la comunidad de Watts en el distrito 15, el senador estatal de California Steven Bradford (SD-35), al asambleísta Mike A. Gipson, tras conocer el video de la balacera donde murió Jesse Domínguez.

 “El video es impactante y este tiroteo debe ser investigado a fondo y con prontitud”, dijo el concejal Tim McOsker. “La comunidad merece transparencia sobre las circunstancias de este incidente y trabajaré con mis homólogos electos por el estado para mantener a nuestra comunidad informada sobre los resultados de la investigación”.

 McCosker expresó que sus oraciones “están con toda la comunidad que se ha visto afectada por esto y me uno a mis compañeros funcionarios electos y líderes cívicos para pedir paz en este momento”.

 El senador Steve Bradford agregó: “El vídeo de este tiroteo es profundamente inquietante”.

“Esto parece ser un uso innecesario de fuerza letal. La comunidad merece respuestas. Si se invirtieran los papeles, el agente [el gobierno] inmediatamente pediría cargos de asesinato. Hago un llamado a la Patrulla de Caminos de California y al Departamento de Justicia a ser transparentes y a la comunidad a estar tranquila y paciente durante la investigación”.

El asambleísta Mike A. Gipson destacó que, “como hijo de la comunidad Watts, sé cuán crítica debe ser la transparencia por parte de las autoridades”.

 “Si bien todavía no tenemos todos los hechos que llevaron a este tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial, la justicia debe ser nuestro punto focal. Estoy comprometido a trabajar con la Patrulla de Caminos de California y mis electores en Watts para garantizar la rendición de cuentas y la paz en el futuro”. 

El presidente del Watts Gang Task Force, Donny Joubert, agrega: “Queremos saber qué sucedió y nos gustaría que la Patrulla de Caminos de California tuviera total transparencia y saber que se marcaron todas las casillas cuando revisaron este incidente”.

 El Fiscal General Rob Bonta anunció que el Equipo de Investigación de Tiroteos de la Policía de California del Departamento de Justicia (DOJ) dirigirá una investigación independiente y será entregado a la Sección de Enjuiciamientos Especiales del DOJ una vez finalizada la investigación.

Investiga el Fiscal Estatal

Con base a detalles preliminares de una investigación en curso, la oficina del Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció que el Departamento de Justicia de California, de conformidad con el Proyecto de Ley AB1506 está investigando y revisará de forma independiente el tiroteo donde un civil desarmado ha muerto.

 “Una vez finalizada la investigación, se entregará a la Sección de Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia dentro de la División de Derecho Penal para una revisión independiente”, indica un comunicado de la oficina de Bonta.

 Promulgada como ley el 30 de septiembre de 2020 y vigente desde el 1 de julio de 2021, la Ley AB 1506 proporciona al Departamento de Justicia de California “una herramienta importante para ayudar directamente a generar y mantener la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven mediante la creación de un mandato para que un fiscal estatal independiente, en el futuro, investigue y revise los tiroteos cometidos por agentes contra civiles desarmados en todo California”.

 En el papel, se indica que el Departamento de Justicia de California investigará y revisará para detectar posibles responsabilidades penales todos los incidentes cubiertos por la Ley AB 1506, según lo promulgado en la sección 12525.3 del Código de Gobierno de California.

 “Cuando ocurre un tiroteo en el que está involucrado un oficial, la comunicación transparente y abierta es fundamental para mantener la confianza del público”, señala el proceso de investigación.

 “Como parte de eso y de conformidad con AB 1506, el Departamento de Justicia de California, tan pronto como sea posible y apropiado, difundirá información y materiales relevantes sobre los incidentes cubiertos y, en última instancia, hará públicas sus determinaciones con respecto al procesamiento penal de dichos incidentes.

 Cuando los cargos penales no sean apropiados, el Departamento de Justicia de California preparará y hará público un informe escrito comunicando: una declaración de hechos, según lo revelado por la investigación; un análisis de esos hechos a la luz de la ley aplicable; una explicación de por qué se determinó que los cargos penales no eran apropiados; y, cuando corresponda, recomendaciones para modificar las políticas y prácticas de la agencia policial involucrada.

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