Las empresas petroleras deben pagar por el cierre de sus 30,000 pozos inactivos o desconectados en California
El gobierno estatal debe exigir de estas empresas billonarias que cumplan su deber y paguen por cerrar las decenas de miles de pozos de petróleo inactivos o desconectados
Tres gigantescas empresas petroleras poseen el 70% de los más de 40,000 pozos petroleros inactivos o desconectados, del total de más de 100,000 pozos existentes en California. Son, según un nuevo estudio del Sierra Club publicado la semana pasada, Chevron, California Resources Corporation y Aera Energy.
Chevron es conocida por tener las ganancias más grandes del estado – 19,100 millones solo en 2022 – después de Meta (propietaria de Facebook) y Apple.
California Resources Corporation, la Corporación de Recursos de California, se escindió de la gigantesca Occidental Petroleum en 2014.
Y Aera fue vendida el año pasado por Shell y Exxon a una empresa europea de inversiones cuyo propósito es obtener el mayor lucro en el menor tiempo posible.
En el documento del Sierra Cluba se detalla que Chevron tiene 9,055 pozos inactivos, a un costo de 1,700 millones de dólares para clausurarlos. En 2022 sus ganancias fueron de 35,500 millones. Para Aera, los números son 8,943 pozos a un costo de clausura de 1,800 millones con un lucro combinado de 98,000 millones en 2022 para sus dos previas empresas madre. Y California Resources Corporation posee 6,658 pozos desatendidos cuyo cierre final costaría 1,700 millones de dólares, pero su ganancia fue de 13,800 millones de dólares.
Entre las tres, las empresas han reportado ganancias de casi 150,000 millones de dólares en 2022. Ganan en un año 14 veces más que lo que costaría clausurar adecuadamente los pozos.
Las tres están entre las empresas más ricas y lucrativas del mundo.
Y sin embargo, hacen todo lo que está a su alcance para no tener que cumplir con su responsabilidad social y obligaciones legales.
Se trata de pozos de petróleo que pululan por miles en zonas habitadas del sur de California, en medio de las residencias de personas de bajos recursos, mayormente latinos, causando todo tipo de enfermedades a corto y largo plazo.
Según el Departamento de Conservación de California, “El taponamiento y abandono implica sellar permanentemente el pozo con un tapón de cemento para aislar la formación que contiene hidrocarburos de las fuentes de agua y evitar fugas a la superficie”.
Si no se taponan correctamente, estos pozos continúan contaminando el medio ambiente con sus pérdidas de benceno, un elemento cancerígeno y – en dos de cada tres casos – con emisiones de metano, uno de los gases más peligrosos en la creación del efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.
En una columna anterior sobre este tema apoyé la aprobación de la ley AB 1167, que se refería a la práctica de los dueños originales de los pozos de despreocuparse de su responsabilidad al venderlos a otras compañías, cuya esperanza era tratar de extraer las últimas gotas de petróleo. Demasiado a menudo, estas empresas carecen de los medios para tapar definitivamente los pozos y para no cumplir se declaran en bancarrota. De esa manera, causan un incalculable daño a la población, especialmente en los condados de Los Ángeles, Kern y Fresno, Ventura y Santa Bárbara. El costo del cierre de los pozos recae así en el erario público.
La ley AB 1167 fue aprobada. Enhorabuena. Pero solo cubre ventas futuras de pozos y no dice nada sobre qué hacer con los 41,568 pozos que existen y esperan ser definitivamente cerrados.
Aquí es donde la situación es compleja. El estado tiene la autoridad regulatoria para hacer que las petroleras paguen por clausurar los pozos, pero éstos a su vez tienen los recursos, y la defensa legal para en cambio pagar cada año una pequeña suma para conservar los pozos no productivos en perpetuidad. Se trata de 150 a 1,500 dólares por pozo por año, comparado con unos 225,000 para cerrarlos correctamente. El resultado es que los pozos siguen contaminando.
Adicionalmente, pueden atenerse al Plan estatal de Gestión de Pozos Inactivos en el Departamento de Conservación, que les permite reducir la cantidad de pozos tapados cada año al 5% del total de pozos inactivos.
Nuevamente, el estudio da por tierra con la falacia de que las tres petroleras carecen del dinero necesario para cumplir con su deber a la comunidad. La verdad es que son tan grandes que hacerlo les costaría una fracción de sus ingresos. El precio por tapar definitivamente todos los miles de pozos inactivos de California consumiría el 6.8% del lucro anual – unos 10,000 millones de dólares, y de los pozos desconectados, el 15%.
El resultado es que nada cambia, y que la inacción conviene a los que explotaron el suelo obteniendo ganancias inimaginables a costa de la población circundante y luego lo abandonaron para que otros se ocupen del problema que crearon.
El problema y la anomalía es que en la actualidad, la ley de California dificulta imponer el cumplimiento de la responsabilidad financiera a la industria.
Mientras tanto, el número de pozos en desuso está aumentando aceleradamente en California, y la extracción de crudo bajó en un 42% entre 2014 y 2022.
Este declive, que la industria estima irreversible, puede significar el abandono del mercado californiano por parte de las empresas petroleras, dejando en cualquier momento tras su rastro más de cien mil pozos aún abiertos y contaminantes.
Sean 100,000 o los actuales cuarenta mil, estos pozos no pueden quedarse así, porque al no ser mantenidos pueden oxidarse o agrietarse, dice un reporte de CalGEM, la División de Gestión de Energía Geológica en el gobierno de California, causando más daños.
“Los revestimientos de pozos mal mantenidos pueden dañarse permitiendo que contaminantes como uranio, plomo, hierro, selenio, sulfatos y radón entren en formaciones de agua dulce… los daños a los pozos inactivos pueden pasar desapercibidos”.
La existencia de pozos de extracción cerca de residencias es una aberración y todos ellos deben cerrarse. Pero por lo menos y mientras tanto, debe concluir el cierre de aquellos pozos que ya no producen nada.
El problema es gigantesco – estamos hablando de 100,000 pozos desconectados en todo el estado, de los cuales 41,000 son huérfanos o “probablemente huérfanos”, es decir, que no se le conoce propietario u operador.
Concluye el documento del Sierra Club con un llamado a la acción: “Para proteger a los residentes y garantizar que el limitado presupuesto estatal de California no se vea afectado por el enorme costo de la limpieza de los pozos petroleros, se necesita una acción política inmediata por parte de la legislatura estatal y del gobernador Gavin Newsom para cerrar las lagunas jurídicas de la industria y exigir un cronograma urgente para tapar estos pozos. Si California no actúa, los residentes tendrán que pagar la factura de un desastre creado por corporaciones multinacionales enormemente rentables”.
Es importante que estos detalles se sepan, y que se presione al gobierno estatal para que a su vez exija de estas empresas muchas veces millonarias que cumplan su deber y paguen por cerrar los pozos de petróleo.