¿Deben las empresas informar cuánto contaminan?

¿Las grandes empresas de California o con actividad en el estado deben informar cuánto están contaminando? La pregunta es básicamente lo que está en juego en una batalla judicial entre grupos empresariales y agrícolas y la administración del gobernador Gavin Newsom.

El gobierno de Newsom promulgó dos leyes en octubre con el fin de abordar el cambio climático, que llamaron la atención de todo el país. Ahora, cuando el estado se preparaba para aplicar las nuevas reglas, recibió la demanda de los grupos empresariales en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Pero es importante comprender de qué tratan las nuevas reglas de juego y qué dicen las partes antes de fijar una posición.

¿Qué exige California con las leyes climáticas?

Una de las leyes establece que las empresas, tanto públicas como privadas, con ganancias de más de mil millones de dólares al año, deben informar sus emisiones de gases de efecto invernadero. La regla se cumpliría a partir de 2026 y alcanzaría a más de 5,300 organizaciones con negocios en California, sin importar dónde están establecidas.

Es decir, las empresas deberán revelar cuánto contaminan en la producción de bienes y su posterior transporte; así como las emisiones indirectas, que se refieren a viajes de negocios de los empleados, entre otros.

Los empresarios también demandaron al estado por la segunda ley, que les exige responder cada dos años cómo el cambio climático impactará en sus negocios y cómo se adaptarán. Esa regla aplica a empresas que ganan más de $500 millones anualmente.

Lo que dicen los demandantes

Los demandantes son la Cámara de Comercio de California, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas y otros grupos. Rechazan que las leyes se apliquen a empresas con negocios en California pero con sede en otros estados; algo que, a su juicio, excede la autoridad del gobierno federal para regular las emisiones en el ámbito nacional.

También denuncian que, supuestamente, se viola lo establecido en la Primera Enmienda al exigirles a las empresas que aborden el cambio climático, lo cual consideran un asunto “políticamente tenso”.

Aunque los demandantes dicen apoyar los esfuerzos por disminuir las emisiones de gases, y reconocen el cambio climático, están en desacuerdo con las nuevas regulaciones.

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de California, Jennifer Barrera, aseguró en un comunicado que las leyes “obligan” a las empresas “a reportar información inconsistente e inexacta”. Además, dijo que no son rentables y no tendrán impacto en el cambio climático.

El vicepresidente ejecutivo del Centro para la Competitividad de los Mercados de Capitales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Quaadman, señaló en una nota que cumplir las nuevas reglas conlleva costos de “miles de millones de dólares”.

“Estas leyes son una bendición para los tribunales, que se enriquecerán mediante litigios frívolos y perjudiciales. Además, California ha usurpado el papel de los reguladores federales al tiempo que viola los derechos de las empresas de la Primera Enmienda”, comentó Quaadman.

La ley busca que haya transparencia

Pero aunque se pinte al gobernador Newson como un villano con sus leyes, en la otra orilla hay un argumento sólido: la transparencia. Los defensores de las nuevas normas destacan que se conocerá cómo las empresas contribuyen con el cambio climático.

Scott Wiener, senador estatal de San Francisco y autor de una ley, consideró que la demanda es una acción “extremista”. Sostuvo que “muchas grandes corporaciones”, principalmente las de combustibles fósiles y grandes bancos, tienen miedo de revelar cuánto están contribuyendo con el cambio climático.

El senador de Los Ángeles Henry Stern, autor de la segunda legislación, denunció que los grupos demandantes intentan socavar las leyes climáticas estatales.

Conocer con precisión cuánto contaminan las grandes empresas les ayudará a establecer mejores planes para bajar las emisiones; además, servirá para saber cómo esas emisiones pueden afectar la salud de las personas residenciadas cerca de las fábricas. Es bien sabido que las comunidades hispanas y otras minorías suelen ser las más perjudicadas en Estados Unidos.

Queda por determinar también el costo de medir las emisiones. ¿Son demasiado altos? ¿Se terminarán trasladando a los precios finales que pagan los consumidores? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero incluso así las empresas deberían conocer internamente cuánto están contaminando y prepararse para ser más amigables con el planeta a largo plazo.