Análisis de Brennan Center reveló mal uso de redes sociales por agencias policiales para espiar a personas

Un nuevo análisis del Brennan Center muestra cómo la mayoría de los departamentos de policía dan rienda suelta a la hora de vigilar las redes sociales con perjuicios para los derechos civiles de activistas y minorías

El monitoreo de redes sociales por la policía carece de regulaciones adecuadas.

El monitoreo de redes sociales por la policía carece de regulaciones adecuadas. Crédito: LoboStudioHamburg | Pixabay

Las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamental para ejercer la libertad de expresión y otros derechos civiles, pero su uso indebido por parte de las autoridades del orden público puede aplastar esos derechos, a menudo de una forma discriminatoria, reveló un nuevo análisis publicado el viernes por el Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de NYU.

El exhaustivo análisis realizado a nivel nacional por el Brennan Center revela que casi todas las políticas existentes que rigen el uso policial de las redes sociales tienen serias deficiencias que pueden acarrear consecuencias graves para aquellas personas que son monitoreadas o rastreadas.

El riesgo de que la policía utilice las redes sociales para vigilar actividades protegidas por la Constitución no es algo hipotético.

Para citar un ejemplo, se sabe que el Departamento de Policía de Los Ángeles emplea herramientas de monitoreo de redes sociales para vigilar actividades en las redes relacionadas con los movimientos de protesta.

La ACLU de Massachusetts publicó que el Departamento de Policía de Boston utilizó una herramienta de monitoreo de redes sociales para vigilar a comunidades afroamericanas y musulmanas.

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La nueva investigación exhaustiva del Brennan Center demuestra que, a pesar de estos peligros, la mayoría de los departamentos de policía ofrecen a sus oficiales rienda suelta a la hora de vigilar las redes.

Para este estudio, el Brennan Center evaluó los departamentos de policía de las 328 localidades que tienen más de 100,000 habitantes. De esas, menos de la mitad —162 destacamentos— tenían políticas de dominio público, disponibles en sus sitios web.

Muchas de estas políticas simplemente indican a sus oficiales que deben verificar la información que recaban de las redes sociales y explican cómo documentarla y retenerla, pero no imponen ninguna restricción sobre su monitoreo en línea ni sobre la información que puede ser retenida.

La posibilidad de abuso se vuelve aún más pronunciada cuando la policía usa cuentas encubiertas o en incógnito para conectarse con otras personas en las redes sociales.

Por ejemplo, la ACLU de Tennessee demandó con éxito al Departamento de Policía de Memphis después de que un oficial se hizo pasar por un activista negro en Facebook para hacerse “amigo” de otros activistas, infiltrarse en sus grupos y recolectar información para armar expedientes en su contra.

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El Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de NYU ha publicado una actualización de su directorio de política sobre redes sociales de los departamentos de la policía en inglés, “Directory of Police Department Social Media Policies”,?que contiene la política documentada que rige el monitoreo de redes sociales por los departamentos, como también la falta de dicha política en algunos departamentos.

El directorio se publicó inicialmente en 2021 y cubría a 35 departamentos. La actualización abarca 328 departamentos en Estados Unidos donde la población es de más de 100,000. El directorio actualizado es parte de un esfuerzo continuo por el Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center para aumentar la transparencia y el rendimiento de cuentas sobre las formas en que la policía monitorea a las personas en las redes sociales.

La investigación ha producido evidencia de un patrón preocupante entre los departamentos por usar recursos de monitoreo para rastrear a activistas y manifestantes.

Este uso de las redes sociales representa un riesgo para la privacidad y la libertad de expresión, aumenta la vigilancia desproporcionada de las comunidades no blancas y puede llevar al arresto de personas por sus mensajes y asociaciones malinterpretadas.

Los investigadores descubrieron que: 

  • Menos de la mitad de los 328 departamentos de policía —162 de ellos— tienen su política en su sitio web.
  • De los 162 departamentos que han puesto su política a disposición del público, 76 incluyen estándares sobre cómo los oficiales pueden usar redes sociales en sus investigaciones.
  • Solo ocho de los 162 departamentos que han puesto su política a disposición del público requieren que sus oficiales tengan una sospecha razonable de actividad criminal antes de buscar o retener información de redes sociales.

El Brennan Center acompañó su análisis con un conjunto de principios y mejores prácticas para guiar las actividades de monitoreo de redes sociales por los departamentos de la policía y otras agencias de la ley, a fin de asegurar que se protejan los derechos constitucionales del público. ?

El Brenan Center concluyó que si bien las redes sociales son una herramienta poderosa, también acarrean serios riesgos y por eso, es fundamental que los departamentos de policía adopten políticas claras, robustas y de dominio público para mitigar esos riesgos y servir mejor a sus comunidades. 

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