Editorial: Por George Gascón como procurador general del condado de Los Ángeles

La Opinión considera que el actual titular George Gascón es el más adecuado para el cargo y urge a sus lectores a apoyar su reelección

Los Angeles County District Attorney George Gascon speaks at a press conference, December 8, 2021 in Los Angeles, California. - Gascon was joined by a group of district attorneys from around the country at the press conference that was called for the accomplishments of his first year in office. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

George Gascón, procurador general del condado de Los Ángeles.  Crédito: ROBYN BECK | AFP / Getty Images

En las elecciones primarias del 5 de marzo para el cargo de procurador General del Condado de Los Ángeles se han postulado no menos de 12 candidatos. 

Lideran la lista Nathan Hochman, excandidato republicano a procurador general del estado y ex Fiscal General Adjunto federal en el Distrito Central de California; Jeff Chemerinsky, quien como Fiscal federal adjunto, encabezó la sección de Crimen Organizado y Violento en el Distrito Central de California; Jonathan Hatami, fiscal adjunto en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles desde 2006; Eric Siddall, quien tuvo un cargo similar y fue vicepresidente de la Asociación de Fiscales Latinos, y el titular del cargo desde 2021, George Gascón. 

Anteriormente, Gascón fue Jefe adjunto de la policía de Los Ángeles, Fiscal de Distrito de San Francisco, Jefe de la Policía de San Francisco y Jefe de Policía de Mesa, Arizona. 

La Opinión considera que el actual titular George Gascón es el más adecuado para el cargo y urge a sus lectores a apoyar su reelección. 

Ganó en su primer término con 54% de los votos con una plataforma moderna en la que la prisión no es la única respuesta a la inseguridad pública. Desde entonces fue objeto de una oposición sin cuartel fuera y dentro de su departamento por los proponentes de mano dura y más encarcelamiento. 

Criticado por intentar cumplir sus promesas electorales de construir un sistema de justicia centrado en la rehabilitación, más que en el castigo, salió airoso de dos intentos de destitución (recall). Puso fin al uso de la pena de muerte, que es un castigo inhumano, cruel y contraproductivo, y  a la práctica de juzgar a menores de edad en tribunales de adultos. Ordenó dar fin a las sentencias circunstanciales en las que se agrega al castigo por ciertas circunstancias y eliminar la fianza en efectivo, que obliga a quien carece de fondos quedarse encarcelado. 

Asimismo creó la Unidad de Justicia Laboral, que protege a los trabajadores del robo de salarios, tan común entre inmigrantes.

Gascon cree en la rehabilitación del delincuente y en la prevención del crimen como elemento central para su reducción. Sus adversarios, en la continuación de políticas que llevaron a un crecimiento de la población carcelaria del condado en 70% en 25 años y a la reincidencia generalizada. 

Esta oficina procesa los delitos graves en el condado y los delitos generales en las áreas no incorporadas del condado y muchas de sus 88 ciudades. Con unos mil abogados y 300 investigadores, es la más grande del país.

Durante su primer término, se redujeron los delitos violentos y subieron los delitos de propiedad. La población carcelaria mermó en 30%. Ha trabajado para restaurar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden, y procesado a más de 30 agentes acusados de abuso policial. 

En caso de que ningún candidato reciba más del 50% de los votos, los dos primeros pasarán a la elección general de noviembre. 

Por otra parte, aunque apoyamos las ideas y estrategia del fiscal Gascón, debemos insistir en la necesidad de cerrar filas contra el crimen.

Es cierto que la criminalización de las minorías ha sido por largo tiempo un lugar común que afecta desproporcionadamente a latinos y afroamericanos.

Pero lo que a todos interesa no solamente debe ser equidad ante la ley sino que todos por igual respeten un alto estándar de justicia.

La sociedad civil pide a gritos mayor seguridad para poder trabajar y eso está en manos de las autoridades, incluida la oficina del procurador.

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