Justas o tramposas, necesarias o demagogas… ¿qué hay detrás de las 20 reformas que propone  AMLO antes de irse?

MÉXICO- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador las 20 reformas que pretende en el último tramo de su mandato quieren alcanzar el grado máximo de “humanismo, justicia, honestidad, austeridad y democracia”; para los opositores son meras estrategias de campaña velada rumbo a las elecciones del 2 de junio y… ¡peligrosas!

Para los más analíticos, los cambios tienen de todo un poco: hay propuestas tan obvias como prohibir el maltrato a los de los animales; tan positivas, como la salud universal; de dudosos resultados como llevar a votación a los jueces y negativas como desaparecer los poderes autónomos que dan transparencia y balance democráticos.

De cualquier modo, desde el pasado 6 de febrero se encuentran en el congreso para su discusión.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que los legisladores buscarán el mayor acuerdo entre las distintas fuerzas políticas “así se tengan que modificar las iniciativas”.

Detalló que se trata de una discusión “como muy pocas” se han dado en la historia de México. “Eso, seguramente nos llevará a que, donde logremos acuerdos, se tengan que mover puntos y comas”

¿Qué se quiere cambiar? ¿De qué tipo son?

Expertos políticos, sociales, economistas coinciden en que se pueden dividir en seis bloques: necesarias, polémicas, riesgosas, de consenso universal, comprometedoras y contradictorias y, de aprobarse, dejarían un amplio margen político en la reglamentación.

“Las propuestas de reforma son suficientemente generales como para que en las leyes secundarias haya incertidumbre”, detalló el analista político Sergio Jiménez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. “El diablo está en los detalles”.

LA PARADÓJICA

A la cabeza de las listas de reformas se encuentra la intención de dar a las comunidades indígenas y a los pueblos afrodescendientes “atención preferente” y consultarlos cuando se realicen obras o leyes“que puedan afectar su vida o entorno”.

Pero fue precisamente la falta de consulta a diversas etnias para la construcción del Tren Maya lo que lo puso en discordia con organizaciones de pueblos originarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). ¿Busca reivindicarse o es simulación?

DE CONSENSO

Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad; garantizar atención médica integral gratuita; que todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables cuenten con un jornal seguro, justo y permanente.

Que los pequeños productores del campo sigan recibiendo apoyos directos y fertilizante; que se mantengan precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y entrega de fertilizante. “Que coman los que nos dan de comer”, argumenta.

Que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República.

“Cada una de estas propuestas son actualmente políticas públicas, pero lo que busca el presidente es que sean parte de las políticas permanentes de estado y que no estén a la deriva de cada cambio de gobierno”, destaca el analista Jiménez.

Por otro lado,  busca aprovechar la infraestructura o condiciones existentes, como utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas actualmente destinados únicamente al transporte de carga u obligar al Estado a dar servicios de internet para todos en los sitios públicos, como ya ocurre en la Ciudad de México a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad.

EN PUGNA

En teoría suena estupendo: salud gratuita para todos o reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año; garantizar ese mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.

Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y,  el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debería contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se capacitan o emprenden negocios.  

Sin embargo, esas políticas requieren de mucho presupuesto. “Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas”, comentó Sergio Kurczyn, del Departamento de Estudios Económicos de CitiBanamex.

De igual forma ocurre con algunos cambios en la estructura política que suenan bien en principio, pero, el costo en la democracia es alto.

La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales y la  eliminar las candidaturas plurinominales por las que se peleó por años, incluso dentro de la misma izquierda para garantizar representación de todos los sectores sociale.

Indígenas, migrantes, gays y los mismos opositores al otrora omnipresente Partido Revolucionario Institucional no hubieran tenido voz  política real sin las candidaturas de representación proporcional.

Entre los asuntos más controversiales a discutir se encuentra la propuesta de que consejeros como los magistrados del Instituto Nacional Electoral, del  tribunal  electoral y jueces y magistrados sean electos con el votación  libre, directo y secreto de todos los ciudadanos.

“Esto convertiría a las autoridades del Poder Judicial en representantes de los partidos”, advirtió el analista Enrique Quintana. 

Hasta ahora, corresponde al Ejecutivo proponer las ternas.

SÍ, PERO CÓMO

En un último bloque se encuentran las propuestas de buena voluntad, pero con dificultades para su ejecución: el cumplimiento de la ley en medio de la impunidad que ronda el 98%.

Qué se prohiba el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo; que se penalice con severidad el delito de extorsión y los delitos fiscales o las concesiones ilegales de agua, aparecen como medidas de un buen gobierno, pero, el reto está en otro lado: en el castigo a esos delitos, según denuncias de múltiples organismos de la sociedad civil.

Otros asuntos en los que hay acuerdo o, por lo menos mayoría en la opinión pública, se encuentran la prohibición en el territorio nacional el maíz transgénico; la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y el bloqueo concesiones para la actividad minera a cielo abierto, pero enfrenran el reto del tratado comercial con América del Norte que los limita.

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