Autoridades investigan a dos oficiales de Migración en México por corrupción y trata en la frontera con EE.UU.

Dos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, incluyendo al encargado de la estación migratoria de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas, informaron este miércoles autoridades.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó los reportes en los medios sobre el arresto el 29 de febrero y posterior liberación de María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, quien desde hace 15 años es encargado de la estación migratoria del INM en Tijuana.

La mandataria estatal señaló que dicha información la obtuvieron “gracias a las mesas de seguridad en donde la delegación de la Fiscalía General de la República” (FGR) “comparte la información en relación a la investigación que ellos han venido desarrollando”.

Según información proporcionada por la FGR, el pasado 29 de febrero dicha institución realizó una inspección en un domicilio de una zona residencial en el sur de Tijuana, que limita con California, por labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.

Los agentes de la FGR encontraron a los dos funcionarios, además de “15 cartuchos calibre 9 milímetros, uno de ellos con punta expansiva, y con 59,458 dólares y 27,000 dólares, respectivamente”.

También descubrieron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado de Baja California con la intención de cruzar a Estados Unidos.

Camacho también desempeñó funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali, ambas ciudades de Baja California, fronterizas con Estados Unidos.

Tras la inspección, la FGR abrió la investigación y puso a los dos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, pero en la audiencia inicial “el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata, aunque la indagatoria sigue abierta.

La gobernadora señaló que los oficiales “venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente (se presenta) ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)”.

“Es un tema federal y se hará cargo la Fiscalía General de la República”, sentenció.

Según analistas, cada año, miles de migrantes atraviesan el país buscando llegar a Estados Unidos, pero en su largo trayecto suelen ser secuestrados y asesinados por bandas del crimen organizado, pero también extorsionados por servidores públicos, como lo han denunciado organismos de derechos humanos.

Incluso, en 2020, el Instituto Nacional de Migración de México separó de su cargo a más de 1,040 funcionarios por haber incurrido en supuestos actos de corrupción, sin que se erradicara por completo.

Incluso, el Centro de Dignificación Humana (CDH) A.C. destacó la persistente corrupción dentro del INM, que continúa manchando con sangre la ruta migratoria del sur al norte del país.

De ahí que las violaciones sistemáticas a los derechos de migrantes le han valido a México serias críticas de órganos internacionales como la ONU, quien definió el cruce de México hacia Estados Unidos como el más peligroso del mundo.

Además, una investigación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expone que más de la mitad de los migrantes extranjeros experimentan alguna forma de extorsión durante su paso por México.

*Con información de EFE

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