Corte Suprema rechaza recurso contra el Buró de Protección Financiera del Consumidor y seguirá operando
Con 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces determinaron que la forma en que se financia el Buró de Protección Financiera del Consumidor no vulnera la Constitución
Corte Suprema de Estados Unidos. Crédito: Mark Tenally | AP
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso de la industria de préstamos que podría haber debilitado el Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), creada por el expresidente estadounidense Barack Obama en 2011 tras la crisis hipotecaria.
Con 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces de mayoría conservadora, determinaron que la forma en que se financia el organismo no vulnera la Constitución, revocando así una sentencia de un tribunal inferior e ignorando reclamos de la industria de préstamos de día de pago.
Esta determinación se da, luego de que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito nombrados por el expresidente Donald Trump, determinaron en un fallo que la financiación al CFPB era inconstitucional porque protegía indebidamente la supervisión de los comités del Congreso.
Fue este jueves 16 de mayo que la Corte Suprema rechazó ese razonamiento argumentando que el Congreso ejerce supervisión sobre este organismo y que le corresponde al poder Legislativo y no al judicial modificar esa supervisión.
“Es a ellos (los legisladores) a quienes el Tribunal Supremo devuelve con razón cualquier cuestión de política restante planteada por el caso de hoy”, señala el fallo redactado por el juez Clarence Thomas.
El Buró de Protección Financiera del Consumidor tiene como objetivo frenar el tipo de préstamos que contribuyeron a la crisis financiera que estalló en el año 2007, además de permitir que los consumidores recuperen más de 20,000 millones de dólares que les fueron arrebatados mediante prácticas abusivas, según la propia entidad.
Desde su creación, algunos integrantes del Partido Republicano están en contra del organismo al considerar que tiene demasiado poder y somete a los bancos y otras entidades prestamistas a trámites innecesarios.
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