‘DACA está en peligro’ 

En la celebración del 12do.  aniversario de la creación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), decenas de inmigrantes y líderes adscritos a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) instaron a la administración del presidente Joe Biden para que establezca protecciones permanentes para cientos de miles de beneficiarios del programa. 

 Durante una demostración de lucha por la defensa de los miles de beneficiarios de DACA que se efectuó en Los Angeles Trade Technical-College, decenas de manifestantes gritaron: “¡Biden escucha, DACA es nuestra lucha!, “¿Qué queremos? ¡Ciudadanía! ¿Cuándo? ¡Ahora!”. 

Ellos marcharon alrededor de un autobús donde resumieron su mensaje: “President Biden: DACA is part of your legacy. You made a promise. Expand and strenghten protections for immigrants, now! (“Presidente Biden: DACA es parte de su legado. Hizo una promesa. ¡Amplíe y fortalezca las protecciones para los inmigrantes, ahora! 

Un oscuro panorama en el tribunal 

Desde ahora y antes de las elecciones generales de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos podría emitir el fallo sobre la legalidad de DACA, la directiva implementada con la acción ejecutiva del expresidente Barack Obama, el 15 de junio de 2012. 

“DACA está en peligro… En este momento está en las cortes y cualquier cosa puede pasar”, reconoció Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. 

Gracias a DACA, al menos 530,000 jóvenes adultos que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, pudieron estudiar, obtener un permiso de trabajo y evitar la deportación. 

Sin embargo, en septiembre de 2023, el juez Andrew Hanen, un juez federal republicano de la Corte de Distrito en Texas dictaminó que el programa DACA viola las leyes de inmigración de Estados Unidos. 

El fallo del magistrado -quien fue nombrado en 2002 por el expresidente George W. Bush- se dio a conocer sobre la base de una demanda entablada por los estados de Texas, Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Maine Nebraska, Carolina del Sur y Virginia del Oeste contra DACA, en junio de 2018. 

“Nuestra demanda tiene que ver con el estado de derecho, no con la sabiduría de ninguna política de inmigración en particular”, ha argumentado el Procurador General de Texas, Ken Paxton. “Texas ha discrepado durante años que el poder ejecutivo federal carece del poder para otorgar unilateralmente presencia legal y autorización de trabajo a los extranjeros presentes ilegalmente”. 

El peligro llamado Trump 

Aunque se desconoce cuándo el juez Hanen emitiría su fallo, los defensores de los inmigrantes vislumbran un panorama oscuro para las familias, especialmente si, además, Donald Trump es elegido presidente el próximo 5 de noviembre . 

“Donald Trump quiere la Presidencia de este país y él terminaría con DACA”, vaticinó Angelica Salas. “Deportaría a millones de personas [que residen] en este país y nos haría la vida peor de lo que está en este momento.”. 

Para la directora ejecutiva de CHIRLA está claro que una presidencia de Trump “haría de nuestras vidas un vivir con miedo”. 

La manifestación en el LA Trade-Tech College fue parte de una semana nacional de acción de todos los grupos adscritos a la The Home Is Here Coalition, de la que es parte CHIRLA y otras 19 organizaciones en el país, las cuales piden con urgencia al presidente Biden que cumpla su promesa de proteger a los inmigrantes, que proteja su legado y tome medidas afirmativas para evitar que miles de beneficiarios de DACA y sus familias pierdan su estatus y, en el peor de los casos, corran peligro de deportación – en caso de que el juez Hanen falle en contra del programa. 

Un llamado a la defensa de DACA 

“Constantemente tenemos que exigir medidas que protejan a nuestras familias de forma permanente”, declaró Jorge Mario Cabrera portavoz de CHIRLA. “Por ello, necesitamos volver a tomar la batuta, retornar a la acción cívica, y si es necesario a actividades públicas, a nivel nacional, en caso de que el fallo de DACA pudiera ser negativo”. 

Después de la protesta en LA Trade-Tech College, los manifestantes acudieron a un taller informativo y de actualización sobre la campaña del Registro Federal (Registry), una disposición de la ley de inmigración que permite a ciertos no ciudadanos que son residentes a largo plazo en los Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, “registrarse” para obtener un Estatus de Residente Permanente Legal (LPR).  

 Para calificar, las personas deben haber ingresado al país en o antes de una fecha específica (conocida como “fecha de registro”) y deben demostrar buen carácter moral y residencia continua desde su entrada.  

Después de su creación en 1929, el Congreso adelantó la fecha de registro cuatro veces, la más reciente en 1986, cuando se fijó el 1 de enero de 1972, lo que significa que sólo los no ciudadanos que ingresaron a los Estados Unidos antes de esa fecha son elegibles para solicitar la LPR. estado a través del registro. Esta fecha ya es tan lejana que pocas personas son elegibles. Sin embargo, el Congreso tiene el poder de adelantar la fecha de registro nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en LPR y, en última instancia, en ciudadanos estadounidenses. 

Una meta que no es imposible de alcanzar 

Lizeth Gallegos-Morán, de 22 años, una estudiante DACA desde 2016 dijo a La Opinión que, a pesar de cualquier obstáculo que se le presente, estudiará la carrera de ingeniería aeroespacial. 

La chica, residente de Canoga Park, en el Valle de San Fernando, junto con sus padres, Gabriel Gallegos y Carolina Morán, ambos nacidos en Guadalajara, Jalisco, fueron partícipes de la protesta de CHIRLA y los talleres donde delinearon los pasos a seguir en la defensa de DACA. 

“Mi meta es trabajar en una compañía privada como Boeing o en alguna empresa privada donde no haya el requisito de autorización de seguridad”, dijo Lizbeth, quien ya está inscrita en Pomona City College. 

“Nosotros venimos a este país para darle una mejor vida y educación a nuestros hijos”, comentó Gabriel Gallegos, un trabajador de la construcción, quien emigró a Estados Unidos desde hace 19 años. 

Promesa de ajuste migratorio  

El martes, la Administración Biden planea ofrecer un estatus migratorio legal a inmigrantes indocumentados que han vivido por más de 10 años en los Estados Unidos. 

La propuesta llamada “Parole in Place” (PIP) eliminaría los obstáculos que impiden a quienes ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos obtener tarjetas de residencia sin salir del país. 

La acción apunta a proteger de la deportación a esposos de ciudadanos americanos y les permitiría trabajar legalmente. Eventualmente, podría proporcionarles un camino hacia la ciudadanía. 

 “Eso es importante, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Tenemos que asegurarnos que es verdad y que no haya retraso en ciertos compromisos que [el presidente Biden] ha hecho”. 

La medida podría beneficiar a aproximadamente 1,100,000 inmigrantes que se casaron ilegalmente con un ciudadano estadounidense, según datos de la organización FWD.us., una organización de defensa de la reforma de inmigración y la justicia social. 

“Para estas personas es una solución porque estas personas ya tienen acceso a una vía legal porque están casados con ciudadanos americanos”, dijo Salas.