Juez falla que la pareja que grabó a los concejales de Los Ángeles cometió un crimen
Determina que no son válidos sus argumentos porque no estaban protegidos por el derecho a la libre expresión
El juez de la Corte Suprema de California en Los Ángeles, Stephen P. Pfhaler determinó que la pareja que grabó de manera secreta y clandestina a tres concejales latinos y al líder de la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles, y que luego filtró la conversación a la prensa y redes sociales, actuó de manera ilegal y criminal.
El fallo del juez Pfhaler fue derivado de la demanda civil entablada por el concejal Kevin De León contra el matrimonio integrado por Santos León y Karla Vásquez, quienes al momento de la grabación en octubre de 2021 eran empleados de la Federación de Sindicatos de Los Ángeles.
Un año después, en octubre de 2022, a pocos días de la elección para elegir alcalde en Los Ángeles, en lo que se conoce como la sorpresa de octubre, la pareja filtró la conversación que contenía comentarios racistas para que se hiciera pública, lo que provocó un escándalo en el Ayuntamiento de Los Ángeles que causó titulares a nivel nacional, incluso el propio presidente Biden pidió la renuncia de los concejales.
La filtración causó la renuncia fulminante de la presidenta del Concejo, Nury Martínez, y del líder de la Federación de Sindicatos, Ron Herrera; mientras que el concejal Gil Cedillo se rehusó a renunciar y permaneció en el cargo durante casi dos meses en tanto se le vencía su periodo en el Concejo.
El concejal De León fue el único que no renunció, pese a los llamados de sus propios colegas para que se fuera. De León ofreció innumerables disculpas y entabló una demanda civil en la que se alega que la filtración estuvo diseñada para destruir sus carreras y la reputación de él y sus colegas. A la fecha, sigue tratando de limpiar su nombre en tanto que busca la reelección al cargo.
Los Angeles Magazine fue la primera publicación en revelar el fallo del juez y los nombres de los implicados.
Santos León era el contador de la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles; y Karla Vásquez, su esposa, la secretaria personal de Herrera.
De acuerdo a lo publicado por Los Angeles Magazine, la pareja argumentó en su declaración firmada que no podían ser demandados por su conducta, porque ellos actuaron en el mejor interés público y debían ser protegidos por las leyes de participación pública contra demandas estratégicas (anti-SLAPP).
Dijeron además que la demanda en su contra es un intento por silenciarlos, a ellos y a quienes quieren saber más sobre la corrupción de los miembros del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y a la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles.
En su fallo, el juez rechazó tales argumentos, ya que dijo que las SLAPP no pueden ser invocadas por un acusado, cuya actividad supuestamente protegida, es ilegal como cuestión de derecho y, por esa razón, no está resguardada por las garantías constitucionales de libertad de expresión y petición.
El año pasado, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) catearon la casa de la pareja León-Vásquez en el barrio de Eagle Rock y se llevaron varias computadoras donde encontraron las grabaciones de las comunicaciones confidenciales que tuvieron lugar en la Federación del Trabajo.
Dichas grabaciones se publicaron de forma anónima en la cuenta Honest-Finding-1581 de Reddit, y fueron redistribuidas en la cuenta de X antes Twitter, “Ny Mart”.
De acuerdo a lo publicado por Los Angeles Magazine, la hoja de evaluación de cargos de los investigadores de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, precisa que la pareja Santos-Vásquez colocó un micrófono secreto en la computadora de Herrera para grabar la conversación entre el líder sindical, el concejal De León, la entonces presidenta del Concejo, Martínez y Cedillo, también concejal en ese momento.
La Opinión pidió un comentario a la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto para ver cuáles serán las acciones que tomará para sancionar a los autores de lo que el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles, consideró un crimen y una violación del derecho a la privacidad de los cuatro afectados. Su oficina de prensa informó que el caso se encuentra bajo revisión.
Hasta el momento, no se le han hecho cargos criminales a la pareja implicada.
Asimismo este diario se encuentra a la espera de los comentarios del abogado del concejal De León, Mark Geragos. La Opinión no pudo localizar al concejal De León para tener una reacción al fallo, pero conocidos reportaron que se encuentra en Chicago, en la Convención Nacional del Partido Demócrata.