Congreso de México votará el martes polémica reforma judicial
La controvertida reforma será prioridad de la nueva Cámara de Diputados, donde el oficialismo tendrá la mayoría calificada
Los legisladores de oposición advirtieron de los riesgos para la democracia que representan las iniciativas del mandatario. Crédito: Marco Ugarte | AP
La Cámara de Diputados de México votará el martes la polémica reforma judicial del presidente Andrés López Obrador, para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte, anunció el domingo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“El martes, primera sesión, solo discusión en lo general y votación. El miércoles, en otra sesión, discusión en lo particular y votación. Enseguida concluye el proceso nuestro en esa materia”, indicó Monreal en una conferencia de prensa antes de la instalación del nuevo Congreso.
El líder del oficialismo dijo que, pese a las protestas registradas en días pasados, la reforma será prioridad del nuevo Congreso que comienza este domingo, cuando la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México asume la mayoría calificada, de dos tercios de los escaños, necesarios para modificar la Constitución.
Reforma va pese a huelga y oposición
Con la iniciativa, que después necesitará el aval de dos tercios del Senado y la mayoría de los congresos estatales, los mexicanos elegirán en las urnas a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025.
Monreal desestimó los fallos de jueces que el sábado otorgaron un amparo a trabajadores del Poder Judicial con el que pidieron frenar la discusión de la reforma en el Congreso.
Incluso, anunció “tres acciones por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura”.
El oficialismo aprobará la reforma pese a la huelga que comenzaron el 21 de agosto los trabajadores del Poder Judicial y las alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la incertidumbre que ocasionaría.
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