La respuesta del gobierno de Venezuela ante la confiscación por parte de EE.UU. de un avión que usaba Maduro
En un comunicado divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, se afirma que la medida adoptada por Washington es ilegal.
El avión incautado es modelo Dassault Falcon 900EX. Crédito: Getty Images
“Una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería”.
Con estas palabras reaccionó el gobierno de Venezuela ante la noticia de que el gobierno de Estados Unidos incautó en República Dominicana un avión que solía usar para sus traslados el presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, el gobierno venezolano dice que se trata de una acción ilegal.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”, reza el comunicado publicado en la cuenta de Instagram del funcionario.
El texto sostiene que lo ocurrido “revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”.
“Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales. Este es un ejemplo del supuesto “orden basado en reglas”, el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad”, añade.
En una nota de prensa, el Departamento de Justicia de EE.UU. señala que la incautación se produjo porque las autoridades estadounidenses creen que la aeronave “fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para que la utilizaran Nicolás Maduro y sus secuaces”.
La incautación ocurre poco más de un mes después de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador, pero sin publicar las información pormenorizada de las actas de escrutinio que sustenten los resultados anunciados.
La oposición venezolana asegura que el ganador de la elección fue su candidato Edmundo González Urrutia y publicó en una página web con más del 80% de las actas en las que -según aseguran- no solamente se comprobaría que ganó sino que lo hizo con un amplio margen de ventaja.
El gobierno del presidente Joe Biden no reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Sin embargo, las sanciones que permitieron la incautación de la aeronave no guardan relación con estos comicios, sino con las presidenciales de 2018, cuando Maduro obtuvo su segundo mandato en una elección que no fue considerada ni libre ni justa por gran parte de la comunidad internacional.
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