El 2025 será un año en que se combatirá la delincuencia con más agresividad

En California, el número de prisioneros bajo jurisdicción estatal cayó drásticamente durante el primer año de la pandemia: entre marzo de 2020 y febrero de 2021, la población carcelaria de California disminuyó un 23%, de 123,100 a 94,600 reclusos.

Después de multiplicarse casi por ocho veces entre 1977 y 2006, el número de personas recluidas detrás de barrotes, entre cárceles y prisiones llegó a un máximo superior a los 173,000 reclusos, con leyes como “Tres Delitos y Fuera” (Three strikes and you’re out), además de los enhancements, que son factores adicionales que pueden aumentar los años de prisión o cárcel durante una sentencia o fianza por un delito penal.

Con un 46%, los latinos son el grupo racial/étnico más prevalente en las prisiones de California. Los afroamericanos, los blancos y las personas de otras razas son el 28%, el 20% y el 6%, respectivamente.

Dichas cifras, -una vez más-, podrían elevarse exponencialmente debido a estrictas leyes estrictas bipartidistas promulgadas por el gobernador Gavin Newsom y que entran en vigor, a partir del 1 de enero.

La Oficina del gobernador Newsom dio a conocer leyes que “ayudarán a combatir los delitos contra la propiedad y el comercio minorista al proporcionar nuevas herramientas para combatir el robo en comercios minoristas, los robos con violencia y más”.

“Las nuevas leyes de California abordan de frente los mayores desafíos emergentes de la actualidad. A través de la asociación con la Legislatura, estamos fortaleciendo la seguridad pública, construyendo más viviendas y brindando más recursos para nuestras comunidades”, dijo el gobernador.

“Un callejón sin salida”

Sin embargo, para el activista en derechos humanos y presidente de la Mesa Nacional Urbana Redonda, Earl Ofari Hutchinson, este desafiante enfoque del crimen, “es un callejón sin salida legal y social”.

 “ Se necesitan penas más duras como elemento disuasivo para frenar delitos como los robos en tiendas minoristas, las tomas callejeras y el saqueo y el vandalismo de tiendas”, declaroo Hutchinson a La Opinión.

“Esto es especialmente importante en los vecindarios negros e hispanos de bajos ingresos que han sido las principales áreas donde las tiendas vitales para la comunidad han sido blanco de los infractores de la ley”, afirmó.

Sin embargo, destacó que la desventaja es que aquellos que casi seguramente serán objeto de arrestos, procesamientos y sanciones severas serán jóvenes afroamericanos e hispanos.

“El peligro es un perfil racial furtivo y por la puerta trasera de estos jóvenes”, argumentó. “Se debe tener sumo cuidado para lograr un equilibrio entre la protección de la propiedad y de los derechos civiles, al mismo tiempo de evitar la elaboración de perfiles raciales y la aplicación racialmente discriminatoria de las leyes más estrictas”.

‘Abusos del pasado’

A título personal, Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), dijo que, en su familia y varios de  sus amigos, sufrieron el robo de convertidores catalíticos de tres automóviles, y varios de sus amigos.

“Los catalíticos originales pueden llegar a costar más de $3,000, y este delito debería ser tipificado como gran robo”, explicó. “Uno no tiene tanto dinero como para estar remplazándolo cada vez que te lo roben. Es como si te robaran todo el carro, porque no puede funcionar sin el catalítico”.

Moreno dijo estar de acuerdo con las nuevas leyes contra el robo.

“Estuve en pláticas con George Gascón [exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles] y no nos escuchó”, manifestó. “Creo que no hay que volver a esas políticas paternalistas de decir que nuestra comunidad tiene que robar por necesidad. Eso no es cierto. La gente no roba por necesidad sino por pillos, porque son maleante y tenemos que poner mano dura contra todos los robos”.

El activista social, Carlos Marroquín dijo que, “nos gusten o no, esas son las leyes”.

“Estas leyes mandan un mensaje fuerte para quienes quieran involucrarse en saqueos y conductas no aceptables, que, muchas veces son criminales”, agregó.

Marroquín advirtió que existe el temor de que, con la aplicación de las nuevas leyes van a empezar los abusos que existían en el pasado, cuando buscaban tratar de criminalizar a todos aquellos que no son bienvenidos en Estados Unidos, es decir, a los inmigrantes de color.

“Ese es el temor y la realidad, porque los números [de los presos en California] no mienten”, afirmó. “Ya sabemos que las leyes se aplican más fuertes en contra de las minorías… Así que van a empezar estos nuevos abusos de parte de quienes controlan y aplican las leyes”.

El paquete de leyes para 2025 incluye:

 • AB 2943 del asambleísta Rick Chávez Zbur (D-Los Ángeles) permite la agregación del valor de la propiedad robada de diferentes víctimas o en diferentes condados para alcanzar el umbral de hurto mayor de $950.00.

 • SB 905 del Senador Scott Wiener (D-San Francisco) permite agregar el valor de la propiedad robada de vehículos en múltiples actos, para acusar a una persona de robo de propiedad automotriz para reventa.

Hurtos en tiendas y hurtos menores

 • AB 2943. Permite que un oficial arreste con causa probable a una persona por robo en una tienda, incluso si el acto no tuvo lugar en presencia del oficial.

 • AB 2943. Duplica el período de prueba permisible para hurto en tiendas y hurto menor de un año a dos años. Permite que los acusados ​​menores de 25 años sean remitidos a programas de rehabilitación.

 • AB 3209 del asambleísta Marc Berman (D-Palo Alto) permite a un tribunal emitir una “orden de restricción por robo en tiendas minoristas” que prohíbe a una persona ingresar a un establecimiento hasta por dos por dos años, luego de ser condenada por robo organizado en tiendas minoristas, robo en tiendas, hurto, vandalismo o agresión a un empleado minorista.

•  AB 2943. Crea un nuevo delito punible con hasta tres años de cárcel, por poseer más de $950.00 en bienes robados con la intención de venderlos, intercambiarlos o devolverlos. Facilita el enjuiciamiento al eliminar la necesidad de que los fiscales del distrito demuestren que el acusado sabía que los bienes fueron robados.

• AB 1802 del asambleísta Reginald Byron Jones-Sawyer (D-Los Ángeles) elimina la fecha de caducidad para el delito de robo minorista organizado y la fecha de caducidad para el grupo de trabajo regional contra delitos contra la propiedad.

 • AB 2943. Extiende, hasta el 1 de enero de 2031, una ley que impide que los sospechosos de robo minorista organizado sean liberados con solo una promesa firmada de comparecer ante el tribunal.

 • SB 1416 del Senador Josh Newman (D-Grand Terrace) exige aplicación de castigos adicionales en las sentencias para la reventa de propiedades a gran escala.

Robo de carga y comercio minorista

• AB 1972 del asambleísta Juan Alanís (R-Modesto) agrega el cargo de robo a la lista de delitos contra la propiedad que pueden abordar los grupos de trabajo regionales contra delitos contra la propiedad.

Mayores sanciones por smash & grabs (aplastar y agarrar)

 • La SB 1242 del senador Dave Min (ahora miembro electo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) exige penas más altas para los ladrones que provocan incendios para facilitar el robo organizado en comercios minoristas.

 • AB 1960 del presidente de la Asamblea estatal Robert Rivas (D-Salinas) establece sanciones adicionales en las sentencias por tomar, dañar o destruir propiedad de más de $50,000 durante la comisión de un delito grave.

 Robo de vehículos y venta online

• SB 905 del Senador Scott Wiener (D-San Francisco). La ley ya no requiere que los propietarios de automóviles de California demuestren que su automóvil estaba cerrado con llave cuando fue robado.

 • La SB 1144 de la senadora Nancy Skinner (D-Alameda). La Ley de Consumidores INFORM exige que los mercados en línea recopilen, validen y divulguen cierta información sobre vendedores externos de gran volumen de productos de consumo no utilizados. Según la ley, un vendedor externo de gran volumen es cualquier persona o empresa con 200 o más ventas individuales e ingresos brutos de al menos $5,000 en cualquier período continuo de 12 meses durante los últimos 24 meses. El umbral sólo se aplica a los mercados en línea que el vendedor externo no controla.