Prop. 36, un ‘lobo vestido de borreguito’ para la comunidad migrante

Los efectos de la Proposición 36 no solo serán consecuencias más severas para los ladrones que cometen hurtos de manera repetitiva. Un día después de que entró en vigor, el 19 de diciembre Dustin Towery se convirtió en el primer acusado de un delito grave de robo que tenía dos condenas previas.

El viernes se pospuso la audiencia preliminar de Towery, acusado en virtud de una nueva ley que entró en vigor con la aprobación de la Proposición 36.

Towery, de 25 años, está acusado de robar scooters eléctricos de Target en The Shops en River Walk, Bakersfield. Además, fue acusado de un delito menor por resistirse al arresto.

Dadas sus seis condenas anteriores relacionadas con robo, Towery ahora está acusado de un delito grave por robar propiedad ajena con un valor inferior a $950 con dos o más robos previos.

Los dos scooters eléctricos que Towery y un sospechoso anónimo supuestamente robaron tienen un valor combinado de $879 dólares. Towery está detenido sin derecho a fianza.

Los Tres Delitos y Fuera de Pete Wilson

“La verdad es que el péndulo de la justicia ha oscilado de nuevo en California después de tener unos años de un sistema tolerante”, dijo Salvador Sanabria, presidente y director de El Rescate, una organización defensora de los inmigrantes.

El activista dijo que la Proposición 36 transformó la opinión pública, gracias al cabildeo de la industria de tiendas y negocios departamentales para tratar de solventar los desafíos de la seguridad pública que se vivían en distintas comunidades.

Añadió que, por otro lado, estaba el cansancio de la gente en numerosos vecindarios sobre la tolerancia a los robos que se cometían de forma descarada y sin consecuencias penales.

Sin embargo, lamentó que, en California se haya retornado a la legislación de Tres Delitos y Fuera (Three Strikes and You’re Out) que promulgó el exgobernador Pete Wilson, en 1994.

A los votantes, la Proposición 36 se les hizo pasar como una reforma, pero es exactamente lo contrario.

Para los inmigrantes, la Proposición 36 tendría dos efectos: hará que más personas sean deportables y no sean elegibles para lograr un estatus legal, incluso si han vivido en los Estados Unidos durante décadas.

Severas consecuencias migratorias

De acuerdo con el Immigrant Legal Resource Center (ILRC),las personas perderán sus tarjetas de residencia y se les prohibirá casi todas las formas de luchar contra un caso de deportación, incluido el asilo por antecedentes de posesión simple de una droga, propuesta en el código penal 395 (PC 935). La posesión simple de una sustancia controlada es un “delito grave” de inmigración si las condenas previas por posesión se utilizan como un castigo más severo de la sentencia.

Un delito grave con agravantes desencadena las penas de inmigración más severas posibles, ordenando la deportación de por vida en casi todos los casos y prohibiendo casi todo alivio migratorio, incluso para residentes permanentes que hayan vivido por décadas en Estados Unidos y tengan dependientes ciudadanos estadounidenses, personas que buscan asilo y víctimas de abuso doméstico.

Incluso, si la persona completa con éxito el tratamiento obligatorio contra las drogas y se le concede una acción diferida, la condena por delito grave permanecerá.

“Esta Proposición 36 la manejaron como una reforma, pero es brillante que la presentaron como un lobo vestido de borreguito”, considero José Guadalupe Gómez, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. “Esta película la vimos anteriormente con la ley de los three strikes”.

Gómez agregó que, con la entrada en vigor de la Proposición 36, desde el 18 de diciembre, “como siempre, nos meten gol, cuando esconden el trasfondo de las leyes y, al final seguirán afectando a la comunidad inmigrante, y particularmente a la indocumentada”.

Un peligro real

Las estadísticas del Departamento de Correccionales de California muestran que la ley de “Tres Delitos y Fuera” afecta desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias.

Más del 45 por ciento de los reclusos que cumplen cadena perpetua bajo esa ley son afroamericanos. La ley también se aplica de manera desproporcionada a los acusados ​​con enfermedades mentales y discapacidades físicas.

El Auditor del Estado de California estima que la ley de los Tres Strike agrega más de $19 mil millones al presupuesto penitenciario del estado, y los defensores de derechos civiles indican que las condenas a cadena perpetua para reincidentes no violentos no mejoran la seguridad pública.

“Existe un peligro real de un fuerte aumento en el arresto y encarcelamiento de jóvenes afroamericanos e hispanos bajo la Proposición 36”, dijo a La Opinion, Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Nacional Redonda Urbana.

“Las nuevas leyes deben aplicarse de manera equitativa, justa y sin siquiera el menor indicio de prejuicios y ataques raciales, porque, de lo contrario, la Proposición 36 simplemente se convierte en otra herramienta onerosa para aplicar el perfil racial y encarcelar a los jóvenes afroamericanos e hispanos”, añadió Hutchinson.

La severidad de las condenas

Según la Proposición 36, todo inmigrante declarado culpable según código penal propuesto -PC 395- tendrá una condena por delito grave con agravante.

El ILRC asegura que, a las personas se les prohibirá obtener un estatus legal y pueden perder cualquier estatus legal que tengan, por hurto menor como delito grave.

Si un delito menor de seis meses de sentencia por “hurto menor” se eleva a delito grave, más inmigrantes serán deportables,  incluidos los titulares de tarjetas de residencia. Ellos perderían su capacidad de obtener una tarjeta de residencia -a pesar de tener una familia con ciudadanos estadounidenses- y se les prohibirá valiosas exenciones para luchar contra los casos de deportación.

Ello significa deportación, incluso si eso provoca  dificultades extraordinarias a los dependientes del inmigrante o residente legal permanente.

Otro efecto de la Proposición 36 es que, las personas sentenciadas a un año de cárcel perderán sus tarjetas de residencia y se les prohibirá casi todas las formas de luchar contra un caso de deportación, incluido el asilo, por delitos como recepción de propiedad robada.

Y, si el delito menor por recibir propiedad robada se convierte en delito grave y se impone una sentencia de un año o más, esto conlleva a un “delito grave” de inmigración, lo cual desencadena consecuencias migratorias más graves, obligando a la deportación de por vida en casi todos los casos.

Raúl Murillo, director de Hermandad Servicios Comunitarios, opinó que, si bien cualquier ola de delitos que se cometan no pueden pasarse por alto, “porque en California y Estados Unidos rigen las leyes y nadie está por encima de la ley”, si se afloja un poco, “vamos a ver un crecimiento de crímenes, aunque es cierto, hay que tener un poco de consideración”.

“Tendremos apoyo y confianza en las autoridades, pero siempre y cuando haya un balance [en la aplicación de la ley]”, añadió. “Tenemos que reunirnos con estas autoridades para decirles que no queremos el abuso o que se juzgue a la gente solamente por su raza, sino que la ley sea pareja”.

Seis condados de California tienen Comunidades Seguras

La Proposición 36, además, resultaría en más arrestos de agentes de la oficina de inmigración y aduanas (ICE), debido a la estrecha cooperación entre muchas cárceles y prisiones, particularmente en seis condados del norte de California: Alpine, Del Norte, Lassen, Sierra, Siskiyou y Trinity, donde está activo Secure Communities,

Comunidades Seguras es un programa de intercambio de datos que permite a las agencias policiales locales, estatales y federales coordinar y verificar el estado migratorio de las personas arrestadas por la policía local.

“Tolerancia cero es la realidad”, dijo Salvador Sanabria, de El Rescate. “A uno, como defensor de la comunidad solamente le queda dar a conocer las consecuencias que tienen los inmigrantes para sus personas y sus familias si cometen algún delito”.

“Todos tenemos que ser muy cuidadosos, porque, además, el criminal y convicto en el liderazgo de este país y de MAGA (Make America Great Again/Donald Trump) y los secuaces que lo acompañan van a tener en sus manos todo el sistema judicial y las penas carcelarias que van a afectar el estatus migratorio de millones en la nación, no solo con los efectos de la proposición 36”, concluyó Sanabria.