Concejales de Los Ángeles buscan proteger a inmigrantes de la deportación

Al considerar que uno de cada tres angelinos es inmigrante y que más de un millón de trabajadores son indocumentados en Los Ángeles, el concejal Hugo Soto-Martínez presentó un amplio paquete legislativo para protegerlos de la deportación, a través de una mayor coordinación con la ciudad y el condado.

Una de las tres mociones propuestas por el concejal Soto-Martínez busca que se identifiquen $540,000 para dar tres meses de financiamiento a los programas del Esperanza Immigrant Rights Project; y pide al que se localicen propiedades municipales no utilizadas cerca de las cortes federales de migración para que organizaciones sin fines de lucro proporcionen asistencia legal a quienes enfrenten deportación.

Las propuestas planteadas por el concejal Soto-Martínez, respaldadas por las concejales Eunisses Hernández, Imelda Padilla e Ysabel Jurado, responden a las amenazas de deportaciones masivas, de redadas en los lugares de trabajo y otras medidas antiinmigrantes anunciadas por el presidente Trump.

Son además una respuesta a sus 15 órdenes ejecutivas dirigidas a las comunidades inmigrantes, y al anuncio de que las redadas y arrestos de inmigrantes se ampliarán a escuelas, hospitales e iglesias.

“Mis propios padres eran indocumentados y construyeron aquí una vida sin el miedo constante a ser separados de nuestra familia al regresar del trabajo o cuando me llevaban a la escuela”, dijo el concejal Soto-Martínez.

“Esta legislación envía un mensaje claro: Los Ángeles no será cómplice de la agenda inhumana de Trump, lucharemos y protegeremos a nuestra comunidad”, advirtió.

El paquete propuesto por el concejal propone llevar a cabo la campaña Conoce tus Derechos para informar a los inmigrantes sobre sus protecciones, las políticas de no discriminación, y cómo funciona la ley municipal Ciudad Santuario.

Esto implica dar información para prevenir fraude de notarios y cómo contactar organizaciones locales que ofrezcan asistencia legal a los inmigrantes; y cómo el municipio puede usar sus centros de recreación, centros de recursos para las familias e instalaciones callejeras como sitios para informar a los inmigrantes sobre sus derechos.

También propone que se cree un programa para requerir a los empleadores informar a la Ciudad si reciben un aviso para cumplir con una auditoria de migración I-9 o una redada en el lugar de trabajo, lo que garantizaría que los trabajadores reciban apoyo legal oportuno, y que conozcan sus derechos cuando se enfrenten a redadas o auditorías en su fuente laboral.

Pide también que en los entrenamientos municipales se incorporen los derechos que tienen los migrantes, y que los contratistas de la ciudad proporcionen esta información a sus empleados.

Una de las mociones propone que se dé apoyo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) consistente en dar espacio a proveedores de servicios legales sin fines de lucro, lo que aseguraría que se brinde asistencia inmediata a los viajeros impactados por potenciales prohibiciones federales de migración o viajes.

Plantea asimismo que la ciudad de Los Ángeles apoye oficialmente cualquier legislación estatal que aumente los fondos para la defensa contra la deportación en California en $15 millones para ayudar a las redes de respuesta directa, aumentar la representación legal y ampliar los recursos a las áreas rurales; y solicita un informe sobre cómo la Ciudad puede apoyar el mantenimiento de servicios legales de inmigración que han sido congelados por la Administración Trump.

“Estamos en un momento difícil. Hay mucho miedo. Mucha gente no está haciendo su vida normal por temor a ser separados de su familia y tener una experiencia negativa en la detención, pero estamos aquí para mandarles el mensaje de que en Los Ángeles, vamos a ser todo lo posible para que no vivan con miedo y puedan seguir prosperando”, dijo Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles (CARECEN)

Afirmó que la Ciudad Santuario no es suficiente y este paquete de muchas acciones es sumamente importante porque deben tener una campaña comprensiva para que la gente sepa sus derechos.

“Sabemos que tenemos que seguir invirtiendo en servicios legales para la comunidad, y hay muchas otras cosas que la Ciudad puede hacer para proteger a nuestras familias porque sabemos que las Ciudades Santuario son un blanco para la administración Trump. Estas mociones van  a ayudar en eso, y en los próximos cuatro años vamos a estar trabajando, y haciendo todo lo posible por proteger a nuestra comunidad”.

Arévalo dijo que el consejo número uno para los inmigrantes es que conozcan sus derechos y participen en un entrenamiento sobre este tema.

“Si el ICE llega a su casa, no le abran la puerta. Deben tener una orden judicial firmada por un juez, no puede ser solo un papel. Si siguen esa guía, lo más seguro es que ICE se va ir porque usualmente no llevan esa orden firmada. Así que los inmigrantes tienen que conocer esos derechos”.

Alexandra Magallón, gerenta de programas de desarrollo comunitario de laCommunity Translatin@ Coalition, dijo que algo que no ha visto en la actual administración es humanidad.

“Estoy aquí hoy para decirle al mundo que le diga a Estados Unidos que nunca nos borrarán, y seguiremos existiendo, independientemente de si quieren contarnos en el censo o quitarnos nuestros derechos”.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) señaló que el paquete de propuestas garantizará la protección de los derechos de los trabajadores, la difusión de información precisa y crítica para los empleadores y acceso al Aeropuerto de Los Ángeles en caso de que se imponga otra prohibición musulmana. 

“Las propuestas también asegurarán que las organizaciones que prestan servicios críticos a los inmigrantes a nivel local y estatal tengan los recursos necesarios para proporcionar los servicios que nuestras comunidades necesitan mientras enfrentan las políticas restrictivas de la Administración Trump”.

Las mociones presentadas por el concejal Soto Martínez pasarán a debate y aprobación a la Comisión de Derechos Civiles y Migración antes de ir al pleno del Concejo Municipal.