Ocho inspectores generales demandan a Trump por despidos injustificados en el Gobierno
Inspectores federales demandan al gobierno del presidente Donald Trump, por despido injustificado
Demandan al gobierno de Donald Trump por despido injustificado. Crédito: AP
Ocho inspectores generales de varios departamentos federales de Estados Unidos presentaron este miércoles una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, alegando que sus despidos fueron “ilegales” e “injustificados”.
Los demandantes, que trabajaban en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos, Salud, Estado, Agricultura, Educación y Trabajo, así como en la Administración de Pequeñas Empresas, aseguran que sus despidos violaron los estatutos federales diseñados para protegerlos de interferencias políticas.
El conflicto comenzó cuando, en su primera semana en la Casa Blanca, Trump despidió a al menos 17 inspectores generales, cuya misión es garantizar la fiscalización y el correcto funcionamiento del Gobierno federal.
Los inspectores que ahora demandan al Gobierno consideran que sus despidos no solo fueron injustificados, sino que también fueron un “atentado contra la independencia” de sus funciones, que deberían estar alejadas de presiones políticas.
Piden que se anulen despidos
En la demanda, presentada ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, los ocho inspectores piden que se anulen sus despidos, ya que, según alegan, no se les dio el aviso de 30 días requerido por la ley ni se les ofrecieron razones sustanciales para su destitución.
Además, exigen que se les paguen los salarios y beneficios que se les adeudan debido a lo que consideran una destitución “ilegal”.
El despido masivo de inspectores generales fue rápidamente criticado por algunos miembros del Partido Demócrata.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó las acciones de Trump como una posible “violación de las leyes federales”.
Schumer subrayó la importancia de la independencia de los inspectores generales, quienes deben asegurarse de que las leyes se cumplan correctamente y de que los recursos del Gobierno se manejen adecuadamente, sin presiones políticas.
Este caso podría generar un importante precedente sobre el poder del presidente para destituir a funcionarios clave dentro del Gobierno federal y la protección de los empleados públicos ante cambios políticos.
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