Miembros de las ‘patrullas comunitarias’ dijeron que no se dejarán intimidar por las autoridades

Líderes de grupos de activistas defensores de los inmigrantes que forman parte de la Coalición de Autodefensa Comunitaria continuarán con las “patrullas comunitarias” en los vecindarios donde se presenten agentes de inmigración, del FBI, la DEA y ATF para arrestar a inmigrantes presuntamente criminales, como parte del plan de deportaciones masivas de la administración del presidente Donald Trump.

“Para empezar, si fuéramos cobardes nunca hubiéramos empezado ese trabajo”, declaró Ron Góchez, director ejecutivo de Unión del Barrio, la organización defensora de los inmigrantes que por cuatro décadas ha estado en el sur centro de Los Ángeles.

“Nunca hemos parado y no vamos a parar, porque simplemente estamos alertando a la comunidad, defendiéndola. No estamos quebrantando ninguna ley”, añadió. “Nosotros sabemos que no estamos haciendo nada mal y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”.

Góchez y otros activistas que son parte de la Coalición Comunitaria de Autodefensa -formada por más de 70 organizaciones- rechazaron enfáticamente acusaciones públicas de interferir en las laborales de autoridades federales para la detención de inmigrantes criminales.

El domingo, jóvenes activistas se presentaron en algunos vecindarios de Sylmar, San Fernando y Alhambra, donde decenas de automóviles de agentes federales estaban estacionados en lugares públicos para iniciar operativos contra criminales o efectuar redadas de inmigración.

Con megáfonos en mano, encendieron los altavoces y alertaron a las comunidades de la presencia de los agentes, indicando a la gente que no abriera sus puertas si las autoridades no presentaban una orden de cateo legal firmada por un juez. Al final los agentes se retiraron sin haber arrestado a nadie.

“Una táctica de intimidación”

Posteriormente, una agencia de noticias conservadora publicó la fotografía de un poster escrito en español donde aparecen los rostros de dos supuestos agentes de ICE, en el que se incluyen datos privados de ellos. La autenticidad o falsedad de la foto publicada no fue confirmada ni negada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

“Nadie de nosotros publicó ese flyer”, dijo Góchez, a La Opinión, quien analizó que “es una táctica que ellos han utilizado por muchos años en contra de grupos políticos o grupos de activistas”.

“Son las mismas tácticas que usaron en los años 1960 y 19770; los fabrican [los posters] como si fueran hechos por activistas para intentar criminalizarlos”, añadió.

Por ello, agregó que no es nada nuevo ni le sorprende.

“Lo esperábamos, aunque lo hicieron muy rápido, y eso nos demuestra el impacto importante que tenemos al defender a nuestra comunidad”, dijo el activista.

Regreso a los tiempos del Macartismo

Esta semana, el zar de la frontera, Tom Homan ha dicho que salvaguarda el derecho de protestar, además de la libertad de prensa, de expresión y de asamblea, aunque advirtió que cualquier individuo que impida los operativos de aplicación de la ley, potencialmente está amenazando la seguridad de los agentes federales y podría estar sujeto a investigación por parte del Departamento de Justicia.

Miguel Tinker Salas, historiador y catedrático del Pomona College en Claremont, declaró que, informar a la población es un servicio social y cívico mediante el cual se desempeña la libertad de expresión de la población.

“Que den a conocer a la gente sus derechos, y que digan a la gente que no tienen que abrir la puerta no es un delito, excepto [los agentes] si ellos no tienen una orden de cateo”, expresó. “Nada de lo que hicieron viola ninguna ley, y el simple hecho de informar no es un acto que ponga en peligro la vida de nadie”.

Tinker Salas recordó que la intimidación contra activistas no solamente se dio contra el movimiento de los Black Panthers, un partido que fue fundado en 1966 en Oakland, California, o el movimiento de los Brown Berets (Boinas Cafés) de 1967, cuyo objetivo era luchar contra el racismo, a brutalidad policial y en defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.

“No solo eso recuerda, sino también el tiempo del Macartismo donde cualquier persona que no estaba dentro de la norma era espía, extranjero o un saboteador”, relató Tinker Salas. “Creo que estamos regresando a un periodo donde la fuerza pública quiere tener el derecho de intimidar y de hacer cosas en las en las sombras que no quieren hacer a la luz del día”.

Por lo anterior, recomendó a los activistas que tengan con ellos observadores legales, públicos e inviten a los medios de comunicación a que los acompañen en sus manifestaciones públicas, “para que no les fabriquen delitos”.

Salvador Sanabria, director ejecutivo del El Rescate, organización que está desarrollando foros “Conoce tus Derechos” en el Sur de California, enfatizó que los jóvenes activistas no están interfiriendo físicamente en el trabajo de los agentes federales de inmigración, que están siendo auxiliados por autoridades del FBI, DEA y ATF.

“Simple y sencillamente están sonando la voz de alarma”, declaró. “No están protegiendo a nadie que esta gente anda buscando”.

Sanabria agregó a La Opinión que las palabras del zar de la frontera, Tom Homan “solamente son para intimidar a los activistas y se detengan en lo que están haciendo”.

El defensor de los derechos civiles y humanos destacó la confrontación pública entre Homan y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), cuando el zar de la frontera amenazó a la funcionaria de que podría estar “en problemas” por los consejos que dio a los inmigrantes en un seminario web si son el objetivo de una de las redadas de Homan, y que, de igual manera, pretende hacerlo con activistas comunitarios en Los Ángeles.

“Para comenzar, ella [Ocasio-Cortez] lo mandó a estudiar la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Sanabria. “Ya todos sabemos que este señor [Homan] es parte de una caja de resonancia de la nueva narrativa intimidatoria con la que pretende que cunda el pánico en la comunidad migrante y, en general, entre los latinos. Es un bocón y un racista más de esta segunda administración de Trump”.

Por su parte, Carlos Montes, director del Centro CSO de Boyle Heights, negó categóricamente que alguien de la Coalición de Autodefensa Comunitaria haya pegado en algún poste de la ciudad el cartelón donde se muestran las caras de los agentes de ICE.

“Nadie de nosotros ha hecho eso, ¿Cómo fregados vamos a poder conseguir los nombres y direcciones, o los datos personales de ellos? Nosotros ni nadie tenemos esa capacidad tecnológica”, respondió a La Opinión. “Es ridículo. Es falso. Es una mentira. Nosotros solamente le estamos diciendo a la gente que no abra las puertas de su casa y que se mantenga en silencio, sobre todo si ellos no cuentan con una orden judicial de cateo”.

“Informamos a la comunidad y al público de lo que está ocurriendo”, añadió el activista de 78 años. “No interferimos en el trabajo de nadie. Tenemos el derecho de grabarlos y transmitir lo que pasa; no hay nada privado en loque hacen, porque están en la calle…posiblemente es una maniobra para pararnos, porque no quieren que salgamos a las calles, y les da miedo de que la gente se entere que están cometiendo un error”.

La respuesta de ICE

La Opinion envió una serie de preguntas a Richard Beam, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones de los activistas comunitarios.

Beam no negó ni confirmó la autenticidad o falsedad del cartel con las fotografías de los presuntos agentes de ICE publicadas por una agencia conservadora de noticias; tampoco respondió donde supuestamente se encontró el cartel en Los Ángeles o si solo existió en la publicación.

De igual manera, no hubo respuesta a si conocían la manera de cómo las personas puedan violar los registros personales de agentes de ICE o si los activistas comunitarios tienen la capacidad tecnológica para ingresar a los datos personales de las autoridades federales de inmigración.

“Debido a una investigación en curso, no podemos comentar”, respondió Beam.