Venezuela rechaza la deportación de sus ciudadanos a El Salvador por orden de Trump

En un duro comunicado dado a conocer este domingo, el gobierno de Venezuela rechazó la deportación de más de 200 venezolanos en Estados Unidos que fueron enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

La deportación de la mayoría de ellos se hizo bajo el amparo de una antigua ley, conocida como de Enemigos Extranjeros y promulgada en 1798, que permite al presidente de EE.UU. ordena la detención y deportación de foráneos que amenacen la seguridad del país en tiempos considerados como de guerra.

La legislación había sido utilizada por última vez durante la II Guerra Mundial para deportar a ciudadanos de ascendencia japonesa.

Por esa razón, el gobierno de Nicolás Maduro señaló dicha ley como “anacrónica” y “violatoria de los derechos humanos”.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi”, señala el documento del gobierno venezolano.

Y añade: “La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos”.

“Acción aberrante”

Washington había señalado que la mayoría de los venezolanos pertenecían a la agrupación criminal Tren de Aragua, aunque no aportó pruebas de ello.

El propio Trump declaró este sábado que el Tren de Aragua estaba “perpetrando y amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU.”

En el mismo vuelo fueron deportadas otras personas acusadas de pertenecer a la pandilla MS-13.

Tanto el Tren de Aragua como la MS-13 fueron declaradas “organizaciones terroristas” apenas hace unas semanas por el gobierno Trump.

El gobierno de Venezuela hizo un llamado a la comunidad latinoamericana para rechazar las medidas tomadas por el gobierno de EE.UU.

“Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región”.

Hasta ahora no se ha conocido la reacción de otro gobierno de la región sobre las deportaciones.

Cabe recordar que el gobierno de Maduro enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Expertos de las Naciones Unidas (ONU) expusieron en octubre denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las protestas que ocurrieron los días posteriores y reportaron persecución política, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles afines.

Además, las cárceles venezolanas están entre las más peligrosas de la región debido a las constantes peleas y motines, hechos que han dejado 3.423 muertos en los últimos 13 años, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

También son conocidas por el hacinamiento y la insalubridad, unas condiciones que solo en 2022 le costaron la vida a 55 reos, debido a la desnutrición y a la falta de atención médica, de acuerdo a datos recopilados por la misma organización.

Familiares de los deportados

La deportación de los venezolanos se llevó a cabo a pesar de la orden de un juez de paralizar por 14 días este tipo de acciones

El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, argumentó que muchas de las personas que iban a ser expulsadas no tenían antecedentes criminales para justificar la invocación de la mencionada ley.

Sin embargo, la Casa Blanca negó haber desobedecido la decisión judicial y agregó que los jueces federales no tenían jurisdicción para dar órdenes al Presidente de EE.UU. en temas de relaciones exteriores.

A la justificación del juez Boasberg se unen los reclamos de familiares de los deportados, que denuncian que muchos de ellos no tenían antecedentes criminales y mucho menos pertenecen al llamado Tren de Aragua.

Uno de ellos, Jair Varela, ha hecho una petición directa al gobierno del Nayib Bukele a través de su cuenta de TikTok para que investigue cada caso de forma independiente, de manera de determinar fehacientemente si existe una relación o no con las organizaciones Tren de Aragua o MS-13.

“Mi primo está entre los deportados. Muchos de ellos se entregaron a las autoridades de EE.UU. porque ya no podían sostener su situación económica allá, pero no son criminales”, aseguró.

Por su parte, el gobierno de El Salvador celebró las deportaciones.

Un video adjunto publicado por Bukele en redes sociales muestra filas de hombres con grilletes de pies y manos, siendo escoltados por agentes armados desde el avión.

En la grabación se ve cómo algunos detenidos son introducidos en la parte trasera de vehículos blindados, mientras que a otros, encorvados porque los agentes les agachan la cabeza, son obligados a subir a autobuses.

Luego son trasladados al Cecot, la megacárcel construida para albergar a supuestos pandilleros, donde permanecerán encerrados al menos por un año “con posibilidad de extensión”.

“EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros”, ha dicho Bukele.

El Salvador habría acordado aceptar albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año a un costo de US$ 6 millones de dólares, reportó la agencia AP.

“Sin garantizar el debido proceso”

Provea, una ONG defensora de Derechos Humanos y de larga trayectoria en Venezuela, condenó la deportación de venezolanos a las cárceles de El Salvador “sin garantizar el debido proceso”.

La medida “no se trata de un principio de no devolución”, puesto que no se les ha enviado de regreso a Venezuela “de donde estas personas huyeron”, dice un comunicado de la ONG emitido en su cuenta de X, antes Twitter.

Provea apuntó que en El Salvador, “sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar”.

También sostiene Provea que no hay certezas sobre los delitos que cometieron, las pruebas, el tiempo en el que fueron procesados o si les garantizó el derecho a defensa.

“Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, reza el comunicado.

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