Fiscal general anuncia un grupo de trabajo para defender el derecho a portar armas

El Departamento de Justicia (DOJ) creó el martes un Grupo de Trabajo sobre la Segunda Enmienda para impulsar la agenda del presidente Donald Trump en materia de legislación sobre armas, a la vez que flexibiliza la regulación de las leyes de propiedad de armas en Estados Unidos.

La fiscal general Pamela Bondi condenó el miércoles los esfuerzos del gobierno de Biden por lo que calificó como “obstaculizar el derecho a poseer armas”.

Sus comentarios se produjeron en un comunicado emitido un día después del anuncio de la creación de su grupo de trabajo para proteger el derecho a poseer armas en el Departamento de Justicia.

El Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Segunda Enmienda forma parte de un esfuerzo más amplio para proteger el derecho constitucional a poseer y portar armas, según el memorando de Bondi, enviado a todos los empleados del departamento.

“El gobierno anterior impuso una carga excesiva a los propietarios y vendedores de armas al atacar a los ciudadanos respetuosos de la ley que ejercen sus derechos amparados por la Segunda Enmienda”, declaró Bondi en el comunicado.

“El nuevo Grupo de Trabajo para la Segunda Enmienda del Departamento de Justicia combinará recursos de políticas y litigios de todo el departamento para impulsar la agenda pro armas del presidente Trump y proteger a los propietarios de armas de extralimitaciones”.

El anuncio del grupo de trabajo se produce después de que el Departamento de Justicia y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) derogaran el lunes la Política de Aplicación Reguladora Mejorada, conocida popularmente como “política de tolerancia cero” para los titulares de licencias federales de armas de fuego.

La política exigía inspecciones de las operaciones de la industria y facilitaba considerablemente la revocación de las Licencias Federales de Armas de Fuego (FFL) para los comerciantes, vendedores y quienes transfieren armas de fuego de vendedores a compradores, tras realizar verificaciones de antecedentes de los respectivos compradores.

La derogación de la política de tolerancia cero y el establecimiento del Grupo de Trabajo de la Segunda Enmienda protegen los derechos de los propietarios y vendedores de armas que respetan la ley, afirmó Bondi.

Grupos de seguridad de armas critican a Trump y Bondi

El grupo de seguridad de armas Brady United no hizo comentarios sobre el anuncio del grupo de trabajo de Bondi, pero el lunes denunció la derogación de la política de tolerancia cero de la ATF.

“Esta política de la administración Biden facultó a la ATF para tomar medidas enérgicas contra los comerciantes de armas deshonestos que violan flagrantemente las leyes federales, haciéndolos responsables de prácticas peligrosas y negligentes”, declararon funcionarios de Brady United en un comunicado de prensa.

“La revocación de esta política es un regalo para la industria armamentística, ya que envía una clara señal a los comerciantes de armas deshonestos de que pueden infringir la ley sin consecuencias”, declararon funcionarios de Brady United”, afirmaron en el comunicado.

El grupo contra la violencia armada Giffords también criticó la medida de la administración Trump.

“El impacto es simple: reincorporar a los comerciantes de armas que infringen la ley aumentará la delincuencia”, declaró Emma Brown, directora ejecutiva de GIFFORDS. “Los comerciantes imprudentes que están dispuestos a vender armas a traficantes y delincuentes han recibido el visto bueno de nuestro presidente a costa de la seguridad de los estadounidenses”.

“Derogar esta norma beneficia a dos partes: a los vendedores de armas que ponen en peligro a las comunidades a sabiendas, y a los directores ejecutivos de las empresas de armas que se enriquecen con la venta de armas a delincuentes”, añadió Brown. “No beneficia en absoluto al pueblo estadounidense”.

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