Demanda de México por venta de armas estadounidenses podría prosperar

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso sin precedentes que podría permitir al gobierno mexicano llevar a juicio a fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusa de facilitar el tráfico de armamento a los cárteles del narcotráfico.

La demanda intenta sortear protecciones legales federales que blindan a la industria armamentística estadounidense contra este tipo de litigios.

El caso, interpuesto por el gobierno de México en 2021, fue desestimado inicialmente por un juez federal bajo el amparo de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), promulgada en 2005. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó esa decisión, y la Corte Suprema escuchó los argumentos la semana pasada.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el fallo de la Corte está previsto para finales de este año; podría envalentonar las peores prácticas de la industria armamentística, o bien, podría exponerlas a una responsabilidad incalculable por los estragos causados en México.

No hay que perder de vista que los cárteles de la droga que han logrado construir arsenales de grado militar han hecho que los fabricantes de armas estadounidenses “se hagan de la vista gorda y obtengan cuantiosas ganancias”.

Para comprender mejor la situación, Rolling Stone habló con uno de los abogados de México, Jonathan Lowy, fundador de un grupo legal llamado Acción Global contra la Violencia con Armas.

Lowy posee amplia experiencia en casos de violencia con armas de fuego. Trabajó durante 25 años con la organización Brady, que lucha contra la violencia con armas de fuego a nivel nacional.

Demanda inédita

México sostiene que los fabricantes de armas, incluidos Smith & Wesson y Glock, incurren en prácticas negligentes al distribuir sus productos a través de armerías estadounidenses conocidas por abastecer a traficantes vinculados a los cárteles.

Argumenta que esas empresas violan leyes federales al permitir la proliferación de ventas ilegales que alimentan la violencia al sur de la frontera.

Esta situación impacta importantes cuestiones políticas, como la crisis del fentanilo, las sobredosis de opioides, la migración y la propagación del crimen transnacional.

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México ha sido un factor clave en la escalada de violencia del narcotráfico en las últimas dos décadas.

Hace más de 20 años, aproximadamente el 90 % de los comerciantes de armas vendían armas que no eran utilizadas para delitos, según informó la ATF.

En contraparte, alrededor del 5 % de los comerciantes de armas vendía aproximadamente el 90 % de las armas utilizadas para delitos.

Un análisis más profundo revela que el 1 % de los comerciantes vendía más del 50 % de las armas utilizadas en la comisión de delitos, informa Rolling Stone.

“El 70% al 90% del armamento que emplean los cárteles proviene de Estados Unidos”, afirmó Jonathan Lowy.

“Estamos hablando de un comercio que alimenta la violencia, la migración forzada y la crisis de opioides en ambos países”.

El papel de la PLCAA

La PLCAA fue aprobada con el respaldo del Congreso durante la administración de George W. Bush, en respuesta a múltiples demandas contra la industria armamentística. Protege a los fabricantes y distribuidores de responsabilidad civil por delitos cometidos con armas de fuego, salvo en casos donde se demuestre violación a leyes específicas sobre su comercialización.

El gobierno mexicano argumenta que esta excepción aplica, ya que los fabricantes estarían ayudando e incitando la venta ilegal de armas, especialmente a través de armerías ubicadas en estados fronterizos como Texas y Arizona.

Durante la audiencia, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sugirió que, si se demuestra que una proporción sustancial de las ventas de los fabricantes termina en manos de cárteles, podrían considerarse responsables.

Su declaración fue vista como una señal de que, al menos una parte de la Corte, podría estar abierta a que el caso avance.

La industria armamentística ha rechazado los señalamientos y afirma que cumplir con la demanda pondría en peligro derechos amparados por la Segunda Enmienda.

Sin embargo, Lowy sostiene que “no existe un derecho constitucional a traficar armas, ni mucho menos a venderlas a cárteles”.

Solicitudes del gobierno mexicano

México busca una compensación por daños, así como una orden judicial que obligue a los fabricantes a reforzar controles y cesar prácticas que faciliten el tráfico ilícito.

También señala que los cárteles operan con armas de grado militar, incluyendo rifles Barrett calibre .50, adquiridas legalmente en EE.UU. mediante compras repetidas, muchas veces en efectivo, por intermediarios conocidos como straw purchasers.

“He participado en la mayoría de las demandas por armas contra fabricantes y comerciantes de armas desde 1997”, dijo Lowy, comparándose en broma con “Zelig o Forrest Gump”.

México tiene una sola tienda legal de armas en todo su territorio, lo que, según expertos, convierte el mercado estadounidense en la principal fuente de armamento ilegal.

Es muy difícil para los delincuentes conseguir armas allí, pero extremadamente fácil conseguirlas a través de la industria estadounidense, vendidas por armerías estadounidenses, concluye Rolling Stone.

Ese es el problema fundamental que México intenta abordar.

Sigue leyendo:
– Corte Suprema cuestiona cómo testaferros en Estados Unidos compran armas para cárteles en México.
– Estados Unidos confirma que 74% de armas traficadas para cárteles en México proviene de Texas, Arizona y California.