Trabajadores de comida rápida demandan conocer sus derechos

Cocineros y cajeros que laboran en los restaurantes de comida rápida urgieron a los concejales a aprobar la Ordenanza de Trabajo Justo en la Comida Rápida que vuelve obligatorio los entrenamientos “Conoce tus Derechos”, los cuales empoderarían a los trabajadores sin importar su estatus migratorio para que se atrevan a denunciar los abusos en el empleo.

“Es muy importante que se apruebe esta ordenanza para que nos den una clase sobre nuestros derechos en el trabajo. Las compañías no dan esa clase ahora, pero cuando queremos poner lo que sentimos, no nos dejan esa opción, quieren que digamos lo que ellos quieren”,  dijo Angélica Hernández, trabajadora de comida rápida, quien ha sido víctima de robo salarial y acoso laboral.

“Me decían que estaba loca cuando me quejé. Por eso es muy importante que pase esta ley municipal. Es injusto que nos sepamos nuestros derechos, y que nos quieran silenciar diciéndonos que el Sindicato nos roba el dinero y nos va a mandar a vivir abajo de los puentes”.

Angélica, quien es miembro del California Fast Food Worker Union reiteró que no los van a callar, y seguirán alzando la voz por millones de trabajadores, sobre todo por los indocumentados, a quienes les da miedo exigir sus derechos.

“Yo tengo papeles (estatus migratorio) pero también ando con miedo de que me vayan a detener porque he visto que hasta a ciudadanos han arrestado bajo Trump. Muchos de mis compañeros no tienen papeles, y tienen mucho temor, menos van a querer reportar los abusos que sufren en el trabajo”, sostuvo.

La Ordenanza de Trabajo Justo en la Comida Rápida abordaría problemas de larga data en la industria de comida rápida de la ciudad a través de las capacitaciones compensadas “Conozca sus Derechos”.

“Estos testimonios no son nuevos para mí, cuando fui organizador sindical, escuché historias de explotación, y fui testigo del miedo a salir y denunciar los abusos, los cuales son aún más relevantes donde hay más trabajadores indocumentados, y en especial en momentos como los de hoy”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, autor de la ordenanza.

“No podemos dejar que esto pase en la ciudad de Los Ángeles. He visto a los trabajadores callarse por miedo, pero también lo que pasa cuando la gente se une para denunciar y pelear”.

Dijo que la moción es acerca de traer estabilidad, respeto y dignidad a los trabajadores de la comida rápida en Los Ángeles.

“La ordenanza garantizaría horarios predecibles y capacitaciones sobre sus derechos que puede parecer insignificantes, pero si el 94 % de los trabajadores de comida rápida desconocen sus derechos, ninguna de las protecciones que aprobemos importará”. 

Así que dijo que el primer paso es que la gente conozca sus derechos. 

Afirmó que cuando decimos que Los Ángeles es para todos, no puede ser solo un eslogan. 

“Es algo que debemos respaldar con acciones, y eso significa apoyar a los trabajadores, y especialmente a las personas que viven aquí sin documentos”.

Por eso, pidió a sus colegas en el Concejo de Los Ángeles que conviertan sus palabras en acciones y aprueben la moción cuando vuelva al Concejo.

 Un nuevo reporte de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la California Fast Food Workers Union encontró que casi dos terceras partes de los trabajadores de la comida rápida en California no saben que sin importar el estatus migratorio, pueden presentar quejas, reportes y demandas relacionados con el ambiente laboral.

Muchos trabajadores temen que sus empleadores tomen represalias contra ellos mediante amenazas a su estatus migratorio.

Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA, dijo que los resultados de un sondeo en 200 negocios de 35 diferentes diferentes marcas de comida rápida en California, encontró que el 82% de los trabajadores de comida rápida están preocupados por sus condiciones laborales inseguras de inmigración y son menos propensos a presentar quejas.

“Otro de los hallazgos reveló que el 67% de estos mismos trabajadores corren un mayor riesgo de ser estafados con sus salarios o de ser obligados a trabajar en condiciones inseguras”.

Hizo ver que el 77% de los trabajadores que están preocupados por su estatus tienen menos probabilidades de solicitar el seguro estatal por discapacidad. 

“El 72% de estos mismos trabajadores tienen más probabilidades de ser disuadidos de solicitar la licencia por maternidad”. 

Sostuvo que el 94% de los encuestados no sabe qué beneficios y programas relacionados con el empleo están disponibles para todos los trabajadores de California, independientemente de su estatus.

“Este informe resulta especialmente oportuno ante el auge de la retórica y las políticas antiinmigrantes en Washington y las crecientes amenazas de aplicación de la ley en el lugar de trabajo”. 

Mencionó que observaron un comportamiento más agresivo por parte de empleadores abusivos que instrumentalizan el estatus migratorio para intimidar, silenciar y tomar represalias contra su fuerza laboral. 

“Los trabajadores nacidos en el extranjero son un pilar de la economía de California; y constituyen un tercio de la fuerza laboral del estado”. 

Expuso que los trabajadores de restaurantes de comida rápida en California son mayoritariamente personas de color y latinas. 

“Uno de cada cuatro son inmigrantes, y sabemos que las violaciones en el lugar de trabajo son graves y generalizadas. Lo que este informe deja claro es que la mayoría de los trabajadores de restaurantes de comida rápida desconocen que las leyes laborales los protegen a todos, independientemente de su estatus”.

¿Cuál es la solución?

Trujillo dijo que es hora de que los legisladores den un paso al frente, y establezcan capacitaciones obligatorias de alta calidad para informar a los trabajadores sobre sus derechos y protecciones legales, programas y beneficios, y también sobre cómo hacerlos valer.

Indicó que estas capacitaciones deberían ser impartidas por organizaciones comunitarias independientes, no por los empleadores. 

“Sabemos que no lo están haciendo, y dependemos de ellos para que informen a los trabajadores sobre sus derechos. Por esa razón, proponemos que los trabajadores dispongan de un día libre remunerado al año para asistir a estas capacitaciones”.

Dejó en claro que la solución es empoderar y proteger a los trabajadores mediante capacitaciones obligatorias y remuneradas sobre sus derechos laborales, impartidas por organizaciones independientes, en las que adquieran conocimientos y herramientas reales para hacer valer sus derechos, independientemente de su estatus.

La ordenanza ya fue aprobada, y se espera que cuando los concejales regresen de su receso del verano, aprueben las reglas de cómo va a funcionar.