Jueza pone en pausa despidos y recortes a agencias bajo orden ejecutiva de Trump

Una jueza federal de San Francisco en California, ha bloqueado temporalmente la reforma radical del gobierno federal impulsada por la administración de Donald Trump que ha causado despidos masivos y recortes críticos a agencias federales.

El fallo de la jueza federal de distrito Susan Illston, designada por Clinton, se produjo tras una audiencia de emergencia realizada el viernes en una demanda interpuesta por una coalición de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales.

Decenas de miles de empleados federales han sido despedidos y varias agencias federales han sufrido drásticas reducciones o han sido cerradas en los últimos meses.

Trump, con la ayuda de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha trabajado para reducir el tamaño del gobierno federal en su segundo mandato, lo que ha provocado acciones legales.

Los demandantes en el caso, entre ellos la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y varias de sus filiales locales, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y las ciudades de Chicago, Baltimore y San Francisco, habían solicitado ayuda debido a que las agencias ya habían iniciado despidos masivos.

Los demandantes argumentan en su demanda que los esfuerzos del presidente Trump por “reestructurar y desmantelar radicalmente el gobierno federal” sin autorización del Congreso, violan la Constitución.

Illston coincidió con los demandantes y afirmó en la audiencia que el precedente de la Corte Suprema deja claro que, si bien el presidente tiene la autoridad para solicitar cambios en las agencias, debe hacerlo de manera legal.

“Para realizar reformas a gran escala en las agencias federales”, escribió en su fallo del viernes por la noche, “cualquier presidente debe contar con la ayuda de su rama coigual y socia, el Congreso”.

Illston emitió una orden de restricción temporal que suspende la implementación de la orden ejecutiva de Trump del 11 de febrero, que ordenaba a las agencias iniciar reorganizaciones importantes, así como los memorandos posteriores de su administración que instruían a las agencias sobre cómo cumplirlas.

Su orden se aplica a 20 agencias federales, incluidos los Departamentos de Estado, del Tesoro y de Asuntos de Veteranos, y el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Su orden suspende explícitamente la implementación de cualquier aviso de reducción de personal (RIF) existente, retrasando, mientras esté vigente, la separación definitiva de los empleados que hayan recibido dichos avisos. La orden también suspende la emisión de futuras notificaciones de RIF y la concesión de licencia administrativa a más empleados.

La orden estará vigente durante 14 días, hasta el 23 de mayo. Las órdenes de restricción temporales no son apelables, pero se espera que el gobierno apele cualquier medida cautelar que un juez pueda emitir posteriormente.

Durante la audiencia del viernes, Illston afirmó que una orden de restricción temporal era necesaria “para proteger el poder del poder legislativo”.

Illston sugirió durante la audiencia que las medidas de la Casa Blanca eran un intento de eludir los rigurosos procedimientos legales que exigen los despidos masivos del gobierno.

“Creo que probablemente esa sea la razón por la que la orden ejecutiva decía lo que decía, porque hay cierta impaciencia ante la lentitud del proceso”, dijo la jueza. “Pero si los estatutos lo establecen, entonces debe seguirse”.

Señaló que, durante su primer mandato, Trump sí solicitó la aprobación del Congreso para planes de reestructuración similares. “Podría haberlo hecho aquí, pero no lo hizo”, declaró Illston.

Este caso es solo el último de una serie de batallas judiciales que ponen a prueba los límites de la autoridad ejecutiva de Trump.

En documentos judiciales, su administración ha argumentado que tiene “autoridad inherente” para ejercer control sobre quienes ejecutan las leyes del país.

Con información de NPR y Politico

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