Debido a los recortes en la educación, ‘los niños sufrirán las consecuencias’

A la demanda encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, se unieron 23 fiscales generales y dos estados contra la administración Trump por congelar 6.800 millones de dólares en subvenciones educativas.

Los fondos, incluidos casi 940 millones de dólares para California, estaban destinados a la educación primaria y secundaria (K-12) y a programas cruciales como las actividades extraescolares y de verano.

La congelación ha generado caos, lo que ha provocado posibles cierres de programas y despidos de docentes.  

La demanda que Bonta presentó en el Tribunal de Distrito de Rhode Island contra la Administración Trump fue catalogada como “inconstitucional, ilegal y arbitraria”.

“El presidente Trump y la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, han asestado un duro golpe a nuestras escuelas, sumiéndolas en el caos a pocas semanas del primer día de clases en muchos distritos”, dijo Bonta.

Señaló que los programas de aprendizaje de verano ya en marcha se han visto obligados a cancelar planes estratégicos de presupuesto y personal, y los contratos para el próximo año escolar están en juego.

Lamentó que el golpe a la educación es solo el último de una larga serie de ataques ilegales contra la educación primaria y secundaria en el país desde que Trump asumió el cargo.

“Nuestros niños son quienes sufrirán las consecuencias, y ya las están sufriendo en California”, afirmó.

En efecto, más de 5.8 millones de niños, “están en la mira de la campaña de Trump para destruir la educación en Estados Unidos”, explicó.

California y otros 23 estados demandaron a la Administración Trump por congelar 6.800 millones de dólares en subvenciones educativas que debieron haber sido liberadas desde el 1 de julio.

A pocas semanas del inicio del ciclo escolar 2025-26, el fiscal de California, Rob Bonta presentó la querella en el Tribunal de Distrito de Rhode Island contra la Administración Trump por su decisión “inconstitucional, ilegal y arbitraria” de congelar los fondos para seis programas de larga data administrados por el Departamento de Educación.

Bonta calculó que los fondos retenidos para el “Estado Dorado” se aproximan a los $940 millones de dólares.

De las 31 demandas federales que se han presentado en contra de la administración Trump en las últimas 25 semanas, ocho impugnaron ataques ilegales a la educación.

En esta ocasión, la administración congeló casi $7,000 millones de dólares en fondos federales adeudados a los estados, una cuarta parte de los cuales debería haber estado disponible el 1 de julio.

Sin embargo, el 30 de junio, el Departamento de Educación envió un correo electrónico repetitivo de tres frases desde una dirección anónima, alertando a los estados de que no recibirían los fondos que esperaban y que planeaban usar y distribuir.

“El presupuesto está estable para este año, pero enfrentará dificultades en el futuro”, comentó a La Opinión la doctora Rocío Rivas, representante del Distrito 2 del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, solamente después de Nueva York, con 429,000 estudiantes.

Este año, las clases de verano en el LAUSD han sido financiadas con dinero del estado.

Sin embargo, la doctora Rivas precisó que tendrán que averiguar cómo pueden pagar temporalmente los gastos incurridos en los cinco programas de verano que ofrece el distrito: para todos los estudiantes de preparatoria que necesitan recobrar créditos para poder graduarse a tiempo; para estudiantes recién llegados al país; el programa de aprendizaje de inglés y consejería y el programa para estudiantes de educación especial.

“Guardaremos todos los recibos y cruzaremos los dedos para que nos regresen el dinero que ya se gastó en los programas”, declaró Rivas. “No queremos dejar ir a ningún empleado y también nuestros estudiantes pues necesitan estos programas y estos servicios.

“Una acción arbitraria”

Durante la conferencia virtual liderada por Bonta, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser manifestó su incredulidad, e indicó que el presupuesto educativo en su estado se encuentra en una situación precaria e insostenible, “debido a esta acción arbitraria, injusta e inexplicable”.

“¿Cómo podemos mejorar la instrucción, incluyendo el uso de la tecnología?”, cuestionó Weiser. “Estamos a punto de ayudar a la IA (Inteligencia Artificial) a brindar oportunidades transformadoras para facilitar la vida de los docentes y personalizar el aprendizaje”.

Informó que unas de las empresas más grandes de IA en educación y conocida como Magic School está en Colorado, mientras que las escuelas que están adoptando ese programa están obteniendo excelentes resultados.

“Estas subvenciones [congeladas] podrían impulsar el avance de ese proyecto”, añadió. “Esta administración está socavando nuestro futuro”.

“El poder del Congreso”

Andrea Campbell, procuradora de justicia estatal de Massachusetts, agradeció a la coalición de fiscales de 23 estados y a los gobernadores de Pennsylvania, Josh Shapiro y de Kentucky, Andre Beshear, por haberse unido a la demanda contra Trump y expuso que su estado debería haber recibido $100 millones de dólares para financiar todo tipo de programas educativos.

“Debemos ayudar a nuestros estudiantes a cumplir con los estándares educativos, apoyar a los estudiantes de inglés, promover una instrucción efectiva en el aula, mejorar las condiciones y la calidad de nuestras escuelas, ofrecer programas extraescolares y actividades extracurriculares para nuestras familias e hijos, contribuir al desarrollo de la fuerza laboral y mucho más”.

Agregó que, como tantas otras medidas la administración Trump, la congelación de fondos está generando caos y confusión, mientras las escuelas lidian con el inicio del nuevo año y también con la forma en que superarán los déficits de fondos generados por esta decisión.

“Esta administración nos ha demostrado repetidamente que van a romper el estado de derecho, que no tienen ningún respeto por la Constitución o el estado de derecho en este país. El presidente no tiene el poder de decidir unilateralmente, el retener los fondos que fueron asignados por el Congreso”, subrayó.

Los Ángeles se une a dos demandas

La fiscal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, dio a conocer que la ciudad se ha unido a dos demandas contra la Administración Trump para proteger los fondos federales amenazados por la extralimitación de la Administración Trump en materia de inmigración.

En el caso del Condado de King contra Turner, Los Ángeles se unió a una coalición de gobiernos locales, liderada por el Condado de King, Washington, para impugnar las condiciones ilegales vinculadas a la financiación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), el Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

En el caso de San Francisco contra Trump, los demandantes principales, el condado de San Francisco y el condado de Santa Clara, solicitaron al tribunal permiso para añadir a Los Ángeles y a una coalición de otras ciudades y condados como nuevos demandantes a una demanda pendiente que busca impedir que la Administración Trump aplique las órdenes ejecutivas que sancionan y retienen la financiación federal a las ciudades santuario.

“Esta administración amenaza ilegalmente con retener cientos de millones de dólares que financian la seguridad y los servicios públicos esenciales. El intento de presionar a nuestra ciudad imponiendo condiciones ilegales a asignaciones y subvenciones esenciales viola la Constitución e interfiere de forma inadmisible con nuestras funciones fundamentales, nuestra soberanía y el control local”, declaró la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto.

“Cualquier pérdida de fondos tendría un impacto devastador en el presupuesto y las finanzas generales de la ciudad”.

“Acciones inconstitucionales”

Además de haber entablado una demanda contra Los Ángeles, por ser una “Ciudad Santuario”, el presidente Donald Trump ha emitido numerosas órdenes ejecutivas (OE) que instruyen a su administración, incluyendo al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a retener fondos federales y sancionar a las llamadas jurisdicciones santuario.

El 20 de enero de 2025, día de su toma de posesión, Trump emitió una orden ejecutiva para obligar a las autoridades locales a realizar actividades federales de inmigración civil. Posteriormente, emitió otra que instruía al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interna a retener fondos federales a las jurisdicciones que se nieguen a utilizar sus recursos locales para implementar su agenda migratoria.

Las dos demandas a las que se sumó Los Ángeles alegan que tales acciones son inconstitucionales.

En concreto, la coalición en San Francisco v. Trump alega que las órdenes ejecutivas del presidente violan la Décima Enmienda, la separación de poderes, la cláusula de gasto y la cláusula del debido proceso, y pretende prohibir a la administración hacerlas cumplir.

En el caso del Condado de King contra Turner, liderado por el condado de Martin Luther King, Jr. del estado de Washington, la coalición impugna a los funcionarios de la Administración Trump en numerosos departamentos, incluyendo el HUD, el DOT y el HHS, autorizados para distribuir subvenciones federales, afirmando que solo el Congreso, y no el presidente, puede establecer condiciones permisibles que las agencias puedan imponer a la concesión de subvenciones.

Imposición de condiciones unilaterales

Según la demanda, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos  buscan imponer condiciones a la financiación para obligar a los beneficiarios de las subvenciones, como la Ciudad de Los Ángeles, a implementar la agenda política del presidente Trump y obligarlos a adoptar sus posturas legales, en contravención de la ley establecida, particularmente en lo que respecta a la aplicación de la ley migratoria, los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y los servicios de salud reproductiva.

La fiscal Feldstein Soto consideró que al imponer unilateralmente condiciones a las subvenciones que guardan poca o ninguna relación con los propósitos de los programas de subvenciones establecidos por el Congreso, los funcionarios de la administración Trump están usurpando el poder del Congreso sobre el presupuesto.

 A través de este litigio, la ciudad de Los Ángeles busca proteger más de $470 millones en subvenciones que financiarían, entre otras cosas, la compra de nuevos autobuses de transporte público, mejoras en la infraestructura aeroportuaria y programas de vivienda y desarrollo comunitario.

Las subvenciones federales desempeñan un papel fundamental en la financiación de los servicios básicos de la ciudad de Los Ángeles.

Tan solo durante el año fiscal 2025-2026, que comenzó el 1 de julio, la ciudad espera recibir más de $704 millones en fondos federales, de los cuales más de $374 millones provienen de subvenciones de fórmula.

Estos fondos apoyan programas de respuesta a emergencias; contratación de policías; programas de prevención del delito y asistencia a víctimas, incluyendo servicios de apoyo para víctimas de violencia doméstica y programas de reducción de pandillas y desarrollo juvenil.

Los fondos se utilizan, además, en el procesamiento de kits de violación; servicios para personas sin hogar; desarrollo y gestión de viviendas asequibles y viviendas de apoyo permanentes; mejoras de seguridad para el Puerto de Los Ángeles; servicios para residentes mayores de la ciudad, incluyendo programas de nutrición, centros para personas mayores, asistencia para el transporte y fondos para la recuperación de desastres relacionados con los recientes incendios forestales y tormentas invernales.

El hecho es que ninguno de estos programas financiados con fondos federales involucra la aplicación de la ley migratoria.