Amenaza vigilancia digital de inmigrantes con erosionar la privacidad de todos

El gobierno estadounidense ha ampliado constantemente el uso de las herramientas de vigilancia, con el pretexto de combatir el fraude, detener la delincuencia o detectar inmigrantes indocumentados, pero esas mismas herramientas, se han convertido en una redada digital con el potencial de someter a todos los estadounidenses a un escrutinio sin precedentes.

Durante la videoconferencia: “Ampliar la vigilancia sobre los inmigrantes: ¿a qué precio?”, organizada por American Community Media (ACoM) se analizaron las tendencias más recientes bajo la administración Trump y las salvaguardas necesarias para proteger la democracia y las libertades civiles.

Nicole Álvarez, analista senior de políticas de tecnologías en el Center for American Progress, dijo que la Administración Trump está usando la información personal sensible de los estadounidenses para construir una torre de vigilancia digital, que no solo amenaza a las comunidades inmigrantes sino los derechos privados de todos.

“Me refiero a la información personal que las personas comparten con el gobierno federal cuando solicitan beneficios, declaran impuestos, se registran para servicios públicos o interactúan con agencias en cualquier función oficial”. 

Puso como ejemplo los números de seguro social, los historiales médicos, el estatus migratorio y las declaraciones de impuestos. 

“Mi informe se centra en dos desarrollos importantes que impulsan esta vigilancia digital. Primero, el abuso secundario de datos. Segundo, la centralización de los sistemas federales de datos”. 

Estableció que la Ley de Privacidad de 1974 es la principal ley que rige cómo las agencias federales manejan nuestros datos personales, y se creó después del escándalo de Watergate, cuando el Congreso se dio cuenta de la facilidad con la que los datos gubernamentales pueden usarse con fines políticos. 

“En esencia, la ley establece que cuando se proporciona información al gobierno federal, esta solo debe usarse para el propósito para el que se otorgó”.

También indicó que las agencias no pueden compartir la información con nadie a menos que la ley lo permita en circunstancias limitadas o la persona haya dado su consentimiento por escrito.

“Lo que estamos viendo bajo la Administración Trump es el abuso porque la información dada a una agencia federal para un propósito específico como pagar impuestos, es reusada por la misma agencia, o una diferente para otro propósito sin el consentimiento y permiso de la gente”.

Sostuvo que hemos visto que el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos) ha comenzado a compartir datos de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar a identificar y deportar a inmigrantes que han pagado impuestos de buena fe.

“Cuando las personas enviaron su información al IRS, lo hicieron con el entendimiento de que se utilizaría únicamente con fines fiscales, no para redadas de inmigración, y ahora esos datos se emplean como arma para la aplicación de la ley migratoria”.

Mencionó que el problema actual con el memorando de entendimiento entre el IRS y el ICE es que afirman que buscan esta información para encontrar personas que evaden órdenes de deportación, lo cual constituye un delito federal.

“Lamentablemente, debemos confiar en su palabra de que no la están utilizando para impulsar la agenda de deportaciones masivas. Pero sí, el juez sostiene que si una solicitud escrita válida cumple con los requisitos legales de la excepción y la investigación criminal, el IRS debe compartir esa información, y por lo tanto, es una pendiente muy resbaladiza y está sentando un precedente desafortunado si se permite que siga adelante”.

Añadió que esto no ocurre de forma aislada, ya que se ha informado que los registros de inscripción a Medicaid se han utilizado para identificar a inmigrantes con fines de deportación.

“Esto está convirtiendo las redes de seguridad sanitaria en un canal de vigilancia y, en general, supone una ruptura importante con las normas tradicionales de privacidad y limitación de la finalidad en el uso de datos públicos”.

A partir de esto, aconsejó mantenerse cautelosos con la información que comparten voluntariamente y apoyar los esfuerzos a todo nivel para fortalecer la transparencia, limitar el intercambio de datos y generar una verdadera rendición de cuentas sobre cómo el gobierno maneja los datos personales. 

Amplios poderes

Emerald Tse, asociada del Georgetown’s Center on Privacy & Technology, dijo que el gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene amplios poderes de vigilancia digital.

“En el informe American Dragnet publicado en 2022, revelamos que utilizan la vigilancia digital para monitorear la vida de la mayoría de las personas en Estados Unidos, y uno de los hallazgos de ese informe fue que el ICE se ha aprovechado de la información para cederla a cambio de servicios esenciales”.

Así que afirmó que cuando las personas contrataban agua o electricidad, la información que proporcionaban a las compañías de servicios públicos terminaba en manos del ICE, y de igual manera, cuando solicitaban licencias de conducir al DMV, los datos que proporcionaban también llegaba al ICE. 

Pero además de esta investigación sobre la extensa red de vigilancia que el ICE ha creado al acceder a conjuntos de datos que contenían información personal detallada, investigaron cómo el gobierno federal ha ampliado la vigilancia genética.

“En 2024, publicamos la clasificación del genoma, y ​​este informe detalla la drástica expansión de un programa del DHS para tomar ADN de miles de personas cada día. Descubrimos que el gobierno federal ha estado recolectando ADN asumiendo que las personas cometerán delitos en el futuro”. 

Lo que ocurre – explicó-  es que los agentes federales recolectan ADN para crear perfiles, que se añaden a una base de datos policial federal llamada CODIS. 

“Las fuerzas del orden de todo el país pueden buscar en los perfiles de esta base de datos para identificar a personas que han cometido delitos en el pasado, pero también descubrimos que el gobierno federal ha defendido la recolección de ADN de inmigrantes como una forma de predecir quién podría cometer delitos en el futuro”.

Vigilancia de redes sociales

Sophia Cope, abogada senior de la Electronic Frontier Foundation dijo que durante la primera administración de Trump, el Departamento de Estado permitió añadir una pregunta a la solicitud de visa que se añadió posteriormente al formulario ESTA para viajeros, solicitando los perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos cinco años. 

“El objetivo es que los funcionarios consulares revisen las redes sociales públicas y evalúen si se debe conceder una visa o aprobar el formulario ESTA. 

Dijo que esto afecta a los ciudadanos estadounidenses, que podrían ser colegas, familiares o amigos de los solicitantes de visa, y no querer hablar públicamente sobre ciertos temas por temor a afectar la posibilidad de que sus seres queridos obtengan una visa, o a verse atrapados en esta vigilancia. 

“Cabe destacar que el gobierno no ha dicho que no esté vigilando a las personas en las redes sociales, pero la actual administración Trump, no solo están observando las redes sociales de los solicitantes de visa a Estados Unidos, sino también las de los no ciudadanos, principalmente de los titulares de visas de estudiante que se encuentran actualmente en Estados Unidos”.