Mientras Los Ángeles ardía, Trump provocó las llamas del próximo desastre

Nací y crecí en una comunidad de justicia ambiental aquí mismo en Los Ángeles, y hoy represento a los californianos y al Valle de San Fernando, en el epicentro de la agenda de “contaminadores primero” de la administración Trump, que está dañando a los americanos más vulnerables. Un año de Donald Trump en la Casa Blanca ha causado daño a protecciones claves de justicia ambiental, con una administración empeñada en desmantelar la autoridad regulatoria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), revertir los límites a la contaminación y deshacer reglas que salvan vidas para beneficiar a las corporaciones. Todo esto ocurre a costa de comunidades como la mía.

No seremos una idea secundaria para esta administración. Por eso presenté la Environmental Justice Screening Tool Act, un proyecto de ley que garantiza que el gobierno federal cuente con los datos y las herramientas necesarias para priorizar de manera justa y adecuada el financiamiento destinado a comunidades de justicia ambiental, como la mía en el Valle de San Fernando. Nuestro gobierno y los defensores que están en las comunidades necesitan información confiable para identificar y apoyar a nuestros vecinos más vulnerables, quienes enfrentan de forma desproporcionada la contaminación, problemas de salud, el cambio climático y dificultades económicas. Esta ley garantizará que las comunidades de justicia ambiental no se queden atrás.

Los californianos conocemos demasiado bien las amenazas reales del cambio climático. Hace apenas un año, mis primeros días en el Congreso estuvieron marcados por los incendios forestales de Eaton y Palisades que arrasaron el condado de Los Ángeles. Mientras mi primer discurso en el pleno de la Cámara abogaba por los constituyentes afectados por los incendios, Trump, desde su primer día, se dedicaba a cortar las mismas reglas diseñadas para proteger a las personas de incendios devastadores y eventos climáticos extremos.

Mis constituyentes han vivido por mucho tiempo en una zona de sacrificio y como vertedero de contaminación ambiental. Decisiones pasadas sobre dónde ubicar rellenos sanitarios, industrias contaminantes y autopistas han tenido impactos duraderos en el acceso de mi comunidad a aire limpio y agua potable segura, provocando problemas de salud intergeneracionales y más casos de asma y otras enfermedades respiratorias. Estas cargas desproporcionadas son inaceptables, y la administración Trump solo está empeorando nuestra situación.

Permítanme ser clara: Trump no está protegiendo los intereses de los americanos. Está complaciendo los caprichos de las corporaciones y de los multimillonarios del gran petróleo que financiaron su reelección. Esta administración quiere empoderar a los contaminadores para que sigan usando nuestros patios como su campo de juego, sin consecuencias.

Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, están trabajando arduamente para revocar la Determinación de Peligro de 2009, una protección fundamental que reconoce a los gases de efecto invernadero que calientan el planeta como una amenaza para la salud humana y las comunidades. Impactos climáticos locales graves, como los incendios del año pasado, solo empeorarán si se revoca esta determinación de peligro. Para colmo, los republicanos en el Congreso están impulsando la aprobación de la Ley Standardizing Permitting and Expediting Economic Development (SPEED) Act, que debilitará las protecciones para las comunidades sobrecargadas con contaminación al limitar la revisión ambiental y judicial y reducir la participación pública, silenciando de facto a comunidades como la mía en el Valle de San Fernando, impidiéndoles tener voz sobre lo que ocurre en su propio vecindario.

Con demasiada frecuencia, las personas quedan relegadas en nombre de la ganancia corporativa, y la administración Trump está ignorando a quienes más se ven afectados, dejando que las comunidades de primera línea se las arreglen solas. Estos ataques e injusticias ambientales no protegen a nuestros niños, trabajadores ni familias, que cargan a diario con el peso de la contaminación que daña la salud.

Los americanos ya enfrentan una crisis de asequibilidad que se ve agravada por los efectos del cambio climático y la contaminación. El aire y el agua sucios generan facturas médicas más altas, mientras las primas de seguros se disparan y el clima extremo destruye hogares y perturba las economías locales. Mientras Trump prioriza las ganancias récord de las empresas y llena los bolsillos de sus aliados de los combustibles fósiles, las familias trabajadoras pagarán más y sufrirán graves impactos en su salud.

Ya es hora de de hacer el trabajo de poner el bienestar de nuestras comunidades en primer lugar. Este primer aniversario tanto de la implementación por parte de Donald Trump de su imprudente agenda anti-clima como de los incendios mortales es un recordatorio de lo que está en juego en la lucha por las protecciones ambientales. La administración Trump no oculta sus prioridades: eligen a los contaminadores y las ganancias por encima de las personas. Pero el trabajo para ayudar a las comunidades sobrecargadas a mantenerse saludables y evitar daños continuará.

Debemos hacerlo mejor. No queremos que el Valle de San Fernando, el Callejón del Cáncer en Luisiana, ni ningún lugar intermedio se convierta en un sitio de desechos, contaminación y consecuencias peligrosas para la salud de sus residentes. Todos los americanos merecen acceso a aire y agua limpia, sin importar dónde vivan. Seguiré defendiendo a las voces de los que son olvidados y apoyando a quienes trabajan duro para mantener la seguridad de sus comunidades.

(*) La democrata Luz Rivas representas al Distrito 29 en California, el cual tiene 65.74% de población hispana o latina. En colaboración con Center for Earth, Energy, and Democracy (CEED).

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