Juez ordena el retorno de más de 100 inmigrantes deportados a El Salvador
El juez James Boasberg exige facilitar el regreso de 137 inmigrantes venezolanos que fueron deportados injustamente a El Salvador
Guardias penitenciarios trasladan a deportados de Estados Unidos, presuntos pandilleros venezolanos, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador. Crédito: Moises Castillo | AP
Un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de más de 100 inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador en marzo de 2025 de forma indebida. La resolución establece que el retorno puede realizarse de manera independiente o mediante vuelos hacia un puerto de entrada estadounidense, donde los inmigrantes volverían a quedar bajo custodia de autoridades migratorias mientras se revisan sus casos.
El juez federal James Boasberg señaló que el gobierno “privó claramente” a los migrantes de notificación y la oportunidad de desafiar su expulsión, derechos esenciales bajo la Constitución de Estados Unidos.
Juez insiste en restitución de derechos
En su opinión de siete páginas, el juez explicó que el Departamento de Justicia había sostenido que los 137 migrantes no podían ser devueltos de la misma manera que otros deportados el verano pasado, como en el caso de Kilmar Ábrego García. Sin embargo, Boasberg rechazó esa defensa y pidió al gobierno a cumplir con los principios de debido proceso.
Boasberg señaló que, aunque algunos de los afectados habían sido liberados en Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros, el derecho de estos migrantes a presentar hábeas corpus y desafiar las decisiones de deportación no desaparecen por el simple hecho de haber sido trasladados fuera del país.
Durante la audiencia, también se destacó que el apoderado legal de los demandantes no pudo detallar con precisión cuántos de los deportados siguen en Venezuela y cuántos desean continuar con sus demandas de hábeas corpus, aunque sí dijo que eran “varios”.
Derechos y hábeas corpus
La decisión de Boasberg sobre los 137 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en El Salvador en marzo de 2025, también les ofrece una oportunidad clara de defenderse legalmente.
Este fallo obliga al gobierno a presentar un plan para permitir que los migrantes impugnen su deportación bajo hábeas corpus, ya sea facilitando su retorno o proporcionando un proceso equivalente que cumpla con las exigencias constitucionales.
“No está claro por qué los demandantes deberían asumir el costo financiero de su retorno en tal caso”, escribió Boasberg. “Cabe destacar que esta situación nunca se habría presentado si el gobierno simplemente les hubiera otorgado a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente”.
Según la resolución, el gobierno debe detallar en un plazo específico cómo planea restaurar esos derechos.
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