Juez ordena reformas inmediatas en Adelanto para cuidar la salud de los detenidos

Los defensores de los derechos de los inmigrantes se reunieron el viernes por la mañana en Los Ángeles tras la decisión de un juez federal que el jueves ordenó a las autoridades de inmigración que implementaran cambios inmediatos para mejorar la salud y la seguridad de los detenidos en el centro de detención de ICE en Adelanto.

“Esta victoria nos pertenece a todos”, dijo Kathryn Eidmann, presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel, en una conferencia de prensa celebrada este viernes en las oficinas de la organización. “Pero, sobre todo, les pertenece a las personas que tuvieron el valor de dar un paso al frente y contarle a un tribunal federal lo que les estaba sucediendo en el Centro de Detención de ICE en Adelanto”.

Grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes, entre los que se encuentran Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes (IMMDEF) y Willkie Farr & Gallagher, presentaron en enero una demanda contra las autoridades y agencias federales en la que denunciaron condiciones inhumanas en el centro de detención.

La demanda incluía más de dos docenas de declaraciones de detenidos de Adelanto, en las que se denunciaban condiciones preocupantes, como negligencia médica y alimentación inadecuada; algunos incluso afirmaban que se les servía comida en mal estado, así como agua que describían como sucia, que les causaba malestar estomacal.

El jueves, la jueza federal de distrito Sunshine Suzanne Sykes dictaminó que los detenidos que interpusieron la demanda “demostraron que es probable que ganen” en sus alegaciones de que las condiciones en el centro violan las garantías de la Quinta Enmienda contra las condiciones de reclusión inhumanas. Ahora, aunque el caso seguirá su curso en los tribunales, la jueza emitió la decisión de inmediato al considerar que las personas detenidas podrían sufrir un daño irreparable sin la intervención judicial.

“La decisión envía un mensaje claro: ningún centro de detención en este país está por encima de la ley”, afirmó Rebecca Brown, abogada supervisora de Public Counsel. “El tribunal ha reconocido lo que siempre hemos sabido: que las condiciones en Adelanto son inhumanas. Esta orden exige al gobierno que haga lo que debería haber hecho desde el principio…Seguiremos luchando hasta que todas las personas en Adelanto sean tratadas con dignidad y se cumpla plenamente cada disposición de esta orden”.

El centro, operado de manera privada por GEO Group en el condado de San Bernardino, donde se encuentran detenidas casi 1,500 personas, está obligado por orden judicial a proporcionar las necesidades básicas, incluyendo agua potable limpia, alimentación y saneamiento adecuados, privacidad en los baños, ropa y ropa de cama adecuadas para la temperatura, y actividades recreativas diarias al aire libre. 

Además, limita el número de personas, restringe la segregación administrativa a casos en los que existan preocupaciones de seguridad documentadas o a solicitud del propio detenido, y ordena que el centro presente, en un plazo de 14 días, un plan de medidas correctivas que aborde la atención médica y las adaptaciones para personas con discapacidad en todo el centro.

No solo eso, sino que dos supervisores independientes velarán por el cumplimiento mediante inspecciones sin previo aviso e informes públicos mensuales, y los detenidos contarán con un sistema confidencial de quejas para comunicarse directamente con ellos. Además, se prohíbe al centro tomar represalias contra cualquier persona que hable de su experiencia o participe en el caso.

“Esa protección es sumamente importante porque, como sabemos, a las personas detenidas les resulta muy difícil dar un paso al frente por miedo a represalias”, dijo Belinda Escobosa, abogada de Public Counsel. “Y mientras estamos aquí, tenemos a miembros de nuestro grupo en Adelanto, donde están repartiendo volantes con esta información para que los detenidos conozcan sus derechos a raíz de este veredicto”.

El centro de detención de Adelanto y GEO Group han negado las acusaciones desde el principio a pesar de múltiples declaraciones y pruebas en su contra. En un comunicado a diferentes noticieros, DHS dijo lo siguiente:

“Cualquier reclamo de que existen condiciones deficientes en el centro de Adelanto es FALSO. Este es otro ejemplo de una juez activista nombrada por Biden tratando de manchar a nuestros agentes de ICE”, declaró el portavoz a Univision, asegurando que los detenidos reciben atención médica que, según afirmó, es “mejor de la que muchos extranjeros han recibido en sus vidas”.

Aun así, la noticia llega en un momento en el que el centro de detención ha registrado 4 muertes y las redadas de ICE están empezando a intensificarse. Para los organizadores y las familias de quienes están detenidos en Adelanto, la noticia de las nuevas demandas les brinda algo de tranquilidad por sus seres queridos. 

“Esta medida cautelar es un paso fundamental hacia la rendición de cuentas. El tribunal ha dejado en claro que las condiciones en el centro de detención de Adelanto no cumplen con los estándares básicos que exige nuestra Constitución. Nadie —independientemente de su estatus migratorio— debería ser sometido a un trato inhumano ni privado de sus derechos fundamentales”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Esto confirma lo que las comunidades afectadas han estado diciendo desde hace años: la dignidad, la seguridad y el debido proceso no son opcionales y seguiremos luchando hasta que esos derechos se respeten plenamente”.