Por qué apoyo la Proposición 42

¿Se puede combatir la desigualdad con un impuesto que, aun antes de entrar en vigor, amenaza con provocar la salida de parte del capital que se pretende gravar? ¿Y tiene sentido crear un impuesto extraordinario para financiar necesidades que no tienen nada de extraordinarias, porque son permanentes, lo que hace que la pretensión de hacerlo por una sola vez se derrumbe?

Estas son algunas de las preguntas que deberían hacerse los votantes de California antes de decidir sobre las proposiciones 42 y 40 el próximo 3 de noviembre.

La Proposición 40 propone un impuesto extraordinario, en teoría por única vez, del 5% sobre determinados grandes patrimonios. La Proposición 42 busca enmendar la Constitución de California para impedir nuevos impuestos estatales sobre la tenencia de ciertos bienes personales, propiedad intelectual, cuentas de jubilación, determinados activos financieros, participaciones empresariales y bienes intangibles. La 42, si es aprobada y recibe más votos que la 40, la eliminaría. 

La Proposición 42 cuenta con el respaldo de multimillonarios que tienen mucho que perder si se aprueba la Proposición 40. Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, encabeza la lista de dondantes; ha aportado más de 100 millones de dólares a Building a Better California, la organización que financia la campaña en contra de la 40 y a favor de la 42, y compró una mansión del lado de Nevada del Lago Tahoe supuestamente para reclamar domicilio fuera de California y evadir —legalmente— nuevos impuestos en caso de pasar la 40. La imagen es difícil de ignorar: uno de los hombres más ricos del mundo financia una campaña contra nuevos impuestos sobre el patrimonio mientras se instala, al menos en parte, al otro lado de la frontera estatal.

Pero una imagen, por poderosa que sea, no resuelve una discusión fiscal. Tampoco la resuelve el argumento de que todo impuesto dirigido a las grandes fortunas es justo por definición. No sin observar las ramificaciones, las consecuencias, no. No sin pensar. La respuesta: es justo, a menos que cause más daño que beneficios.

Como en este caso.

La desigualdad en el estado es real y dolorosa. California es a la vez el estado con más millonarios y con la tasa de pobreza más alta del país. Quienes más tienen disponen también de más recursos para contratar abogados, aprovechar vacíos legales y conseguir que su carga tributaria sea proporcionalmente menor. Mientras tanto, millones de familias trabajan, pagan sus impuestos y tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes.

La discusión, por tanto, no consiste en decidir si la desigualdad importa. Importa, y mucho. La discusión es si la 40 es el instrumento adecuado para enfrentarla y si California debe abrir la puerta a una nueva forma de tributación patrimonial sin medir suficientemente sus consecuencias. Mi respuesta es que no. Ni es el elemento adecuado. Ni California debe embarcarse en una nueva aventura de la que saldrá perjudicada la población. 

La realidad que no desaparece por ignorarla: el capital se mueve. Es el gran secreto de las finanzas. Un secreto a voces. Lleva fracciones de segundo. Las empresas pueden cambiar de domicilio, las inversiones pueden trasladarse y quienes tienen recursos suficientes pueden reorganizar sus patrimonios para reducir su exposición fiscal. No sabemos cuántos lo harán ni cuánto dinero podría salir del estado. Pero tampoco sabemos si los ingresos proyectados justificarán los riesgos económicos que se asumen.

¿Quién pagará el costo si las previsiones fallan?

¿Por qué dedicarle tanto a la Proposición 40 en una columna por la Proposición 42? Porque están ligadas. Dicho sin tapujos: la Proposición 42 nos salvaría de los efectos perniciosos de la Proposición 40.

Pero existen otros motivos, no menos poderosos, para apoyar la Proposición 42. La Opinión ha apoyado la Proposición 42. Y no es la única que cuestiona la Proposición 40.

El gobernador Gavin Newsom anunció su respaldo a la 42 el 9 de octubre. Ya había anunciado su oposición a la 40 en enero, antes de que la medida tuviese un número. También se han manifestado contra la 40 Xavier Becerra, candidato líder a sucederlo, y Daniel Lurie, alcalde de San Francisco. Entre las organizaciones que se oponen a la 40 figuran las afiliadas estatales de Planned Parenthood, la NAACP de California y la Asociación de Maestros de California, la CTA.

Contra lo que se podría pensar, no han respaldado la 40 políticos progresistas como los senadores federales de California, Adam Schiff y Alex Padilla, Alexandria Ocasio-Cortez o la excongresista Katie Porter.

Es cierto: estos apoyos, de por sí, no sustituyen el análisis. Pero muestran que la duda sobre la 40 no se limita a los multimillonarios que financian la campaña por la 42.

Hay, además, una contradicción que merece atención. Si el dinero que busca recaudar la Proposición 40 servirá, como dice el texto, para cubrir necesidades permanentes, ¿por qué recurrir a un impuesto que se cobra una sola vez? ¿Qué ocurrirá cuando esos recursos se agoten? ¿Se reducirá el gasto o se propondrá otro impuesto extraordinario?

Un impuesto presentado como excepcional puede terminar convirtiéndose en el precedente de otros. Y esa posibilidad merece ser discutida antes de votar, no después.

La Proposición 42 plantea una cuestión más amplia: hasta dónde debe llegar el poder del Estado para gravar la mera tenencia de determinados activos. Los rendimientos de las inversiones tributan, al igual que las ganancias obtenidas cuando se venden. La discusión es si corresponde añadir un impuesto sobre la tenencia misma y qué límites deben existir para evitar cambios retroactivos o imprevisibles.

La previsibilidad tributaria no es un privilegio exclusivo de los ricos. También le importa, aunque no le dedique tanto pensamiento o recursos, a quien ahorra durante treinta años, invierte lo que gana o intenta construir una jubilación sin depender de nadie. Es cierto que la Proposición 40 excluye, en general, las pensiones y las cuentas de jubilación. No debemos atribuirle efectos directos que no tiene. Pero sí debemos preguntarnos qué precedente sentaría y qué margen dejaría para futuras iniciativas.

No es lo mismo gravar los ingresos que una persona obtiene que cambiar las reglas sobre el patrimonio que ha acumulado a lo largo de su vida. Y no es lo mismo exigir que todos paguen lo que les corresponde que permitir que la legislación fiscal se convierta en un instrumento imprevisible, cuyos costos recaigan con mayor fuerza sobre quienes tienen menos posibilidades de defenderse.

¿Queremos un sistema en el que los más ricos sigan aprovechando vacíos legales? Por supuesto que no. Pero tampoco deberíamos conformarnos con una medida cuya eficacia, consecuencias y sostenibilidad merecen ser cuestionadas. No por nada tiene tantos oponentes. 

Hay alternativas: cerrar los mecanismos que permiten reducir artificialmente las obligaciones fiscales; reforzar el cumplimiento de las leyes existentes; enmendar la distribución desigual de la carga tributaria. Y más. Sobre todo, abordar el problema con una coordinación federal que impida que cada estado actúe por su cuenta mientras el capital cruza las fronteras con facilidad.

California necesita más ingresos para financiar sus servicios públicos. Nadie discute eso. Lo que debe discutirse es cómo obtenerlos sin crear problemas mayores que los que se pretende resolver. Que es a lo que parece llevar la Proposición 40. Por eso es importante que la Proposición 42 gane.

Apoyar la Proposición 42 no significa defender a los multimillonarios ni negar que los más ricos deben contribuir más, mucho más. Significa rechazar la idea de que la buena intención de un impuesto basta para justificarlo.

La desigualdad no se corrige con consignas. Se corrige con políticas que funcionen, que puedan sostenerse en el tiempo y que no castiguen a quienes cumplen las reglas mientras dejan intactas las ventajas de quienes saben cómo esquivarlas.

Por eso apoyo la Proposición 42.