La corrupción en Veracruz más allá de las casas en Texas
¿Cómo logró comprar Javier Duarte 19 inmuebles en Houston con el sueldo de un funcionario público?
Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Crédito: Sin Embargo
MÉXICO – Casas millonarias en Texas a nombre de la esposa, del cuñado y de la madre. Una deuda pública por alrededor de $3,500 millones de dólares, 24 empresas a nombre de testaferros, 15 periodistas muertos y varios más desaparecidos y una larga lista de secuestros y asesinatos.
Hace tiempo que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra en el ojo del huracán de acusaciones en su contra a causa de desvío de dineros públicos y asociación con el crimen organizado que tiene de cabeza al estado del sureste mucho antes de que su jefe de la policía Arturo Bermúdez dejara el cargo para enfrentar a la justicia.
Este polémico ex secretario de Seguridad Pública es dueño de 19 inmuebles en el complejo residencial The Woodslands Creekside Park y otros en Houston por un capital que dista mucho de su salario como funcionario público.
El gobernador electo Miguel Ángel Yunes, quien encabeza la persecución de su antecesor, afirma que si “hay voluntad política” se puede hacer justicia para el estado desfalcado porque sobre estas propiedades hay escrituras públicas y pagos de impuestos que se pueden investigar para dar finalmente con la cabeza mayor de la maraña de corrupción: “Duarte”.
Según Yunes, Arturo Bermudez es un prestanombres del gobernador saliente (con sus respectivos beneficios) igual que su esposa y hermanos y un hombre clave de nombre Roberto Esquivel Hernández que aparece como socio de 24 empresas para las que Duarte ordenó el pago de alrededor de $1,000 millones de dólares una vez que dejara la administración en diciembre próximo.
Esta cifra representa casi una tercera parte del total de la deuda pública que el gobierno de Duarte (2010-2016) adquirió en polémicas circunstancias que él defendió para lograr “el crecimiento económico de Veracruz”.
“Es la deuda pública más grande de su historia, sobrepasando todos los limites de la racionalidad financiera, de la responsabilidad administrativa y de la ética política porque excede la capacidad de pago del gobierno”, advirtió el analista político Helario Barcelata.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organización patrocinada por el empresariado mexicano que impulsó la mal lograda Ley 3de3 para que los funcionarios hagan publicas sus cuentas fiscales, patrimoniales y de intereses, se negó a publicar en abril pasado la declaración del gobernador por considerarlas tramposa.
“Escondió el patrimonio de su esposa, todo el patrimonio cercano a su mamá, hermanos y cuñado y el de 69 personas de su gobierno que investiga la PGR”, dijo en abril la investigadora de IMCO, Alejandra Zapata.
México no ha logrado consolidar un esquema que impida el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que opere sin la necesidad de venganzas políticas o de partidos.
