¿Cerrará ICE las puertas de la corte?

En febrero, agentes de ICE entraron a una corte en El Paso y arrestaron a una mujer que entro a los Estados Unidos sin permiso del gobierno federal. Ella se encontraba ahí para pedir una orden de protección contra su pareja, quien abusaba de ella. Ese mes, agentes de ICE entraron a una corte en Denver listos para arrestar a otro migrante. Dejaron el lugar al ser confrontados por una abogada. El siguiente mes la fiscal de Denver decidió retractar cargos penales contra cuatro personas acusados de violencia doméstica porque sobreviviantes negaron colaborar. Dieron como razón miedo a ICE. Experiencias similares siguen surgiendo de otras ciudades.

Las acciones de agentes migratorios son preocupantes. Como parte de la democracia de los Estados Unidos, las cortes son lugares sagrados. Al sentar la piedra angular del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Juez Charles Evans Hughes describió el majestuoso monumento con mira hacia el Capitolio como “el símbolo de fe [de la República]”. Las acciones de ICE amenazan esa fe en la legitimidad de las leyes y en el proceso legal.

Dependemos de las cortes para interceder en disputas de forma ordenada y deliberada. A diferencia del ámbito político, en un proceso legal no es posible ignorar un desacuerdo o hacer callar el argumento de un oponente. Al contrario, las cortes son espacios indispensables donde la argumentación razonada y seria calma nuestras pasiones y civiliza nuestra toma de decisiones. Sin lugar a dudas, la ley y el proceso legal son criaturas imperfectas de humanos falibles. Las famosas palabras por encima de la entrada oeste de la Corte Suprema — Equal Justice Under Law (“Igualdad de Justicia Ante la Ley”) — se mantienen como una aspiración. Pero es una aspiración que, en las manos de abogados y jueces, evita la cáustica disfunción que a menudo afecta nuestro proceso político.

Aspirar a la igualdad depende de las partes interesadas en un mismo lugar. Por esa razón, las cortes tienen el poder de arrastrar al edificio a participantes indispuestos por medio de citatorios. Las cortes pueden obligar a testigos a declarar o arriesgan el desacato del tribunal. Mucho más comúnmente, las cortes dependen de su legitimidad como el lugar debido para la resolución de desacuerdos. “Para una civilización fundada bajo los principios de libertad, para sobrevivir y crecer…”, escribió el Juez William Brennan en 1980, “…sus miembros deben compartir la creencia que serán gobernados equitativamente”.

Cuando las cortes se convierten en lugares donde ICE lleva a cabo su actividad policiaca, nos tambaleamos peligrosamente hacia un régimen legal donde las cortes se vuelven fuera de alcance para migrantes. Cualquiera que teme ser arrojado en un centro de detención migratoria y ser deportado quizás piense dos veces antes de acercarse a una corte. Esto puede incluir a una víctima de violencia domestica que busca protección, así como en El Paso o Denver. Quizás un testigo de un crimen decida mantener su boca cerrada para evitar tener que declarar. Estas posibilidades son tan probables para personas en los Estados Unidos con el permiso del gobierno federal como para aquellas sin ese permiso. Muchos residentes permanentes, por ejemplo, tienen viejas condenas que pueden hacerlos sujetos a deportación. Bajo el Presidente Trump, todos ellos son blancos prioritarios para autoridades migratorias. Ahora que ICE se ha mostrado dispuesto a merodear por los pasillos de la corte, todos ellos tienen razón para dudar si pueden acudir a las cortes y regresar a casa por la noche.

Ciudadanos de Estados Unidos no son inmunes al impacto de la actividad ICE en las cortes. Algunos ciudadanos quizás no quieran aparecer en corte por miedo a que un pariente inmigrante se convierta en presa fácil para ICE. Otros quizás terminen en detención migratoria enfrentando una orden de deportación porque ICE no sabe que son ciudadanos. Ya que en procedimientos migratorios no existe el derecho a un abogado designado por la corte, no hay garantía que un ciudadano de los Estados Unidos pueda pelear exitosamente. Adicionalmente, todos aquellos de nosotros que dependen de que las cortes hagan su trabajo sufrimos si las cortes se ven incapacitadas por la simple realidad que miedo a ICE mantenga a gente lejos de sus puertas.

ICE entiende que sus acciones pueden paralizar instituciones importantes. Viejas políticas internas de ICE desalientan el cuestionar o arrestar a personas en lugares donde hay diferentes intereses en juego. La política actual de la agencia con respecto a lugares sensibles prohíbe que agentes de ICE cuestionen o arresten a personas cerca de escuelas, iglesias y otros sitios con excepción de circunstancias extraordinarias. Esta política no incluye explícitamente a cortes, pero no es difícil ver como la misma lógica que justifica respetar escuelas e iglesias aplica a las cortes. Todos estos lugares son integrales para la democracia constitucional de nuestra nación. Sin escuelas, no podemos educar una ciudadanía involucrada. Sin iglesias, no podemos proteger la libertad de religión consagrada en la Primera Enmienda de la constitución. Y sin cortes, no podemos resolver desacuerdos pacíficamente.

Cualquier obstáculo para acceder a las cortes es un obstáculo a la justicia. Cualquier proclamación sobre la ley no tiene sentido si las cortes donde la ley es interpretada se vuelven fuera de alcance para amplios segmentos de la población. Las recientes acciones de ICE amenazan con ahuyentar a migrantes de las cortes. Esa es una aterradora posibilidad de la cual ICE debería tomar un paso atrás.

César Cuauhtémoc García Hernández es un profesor auxiliar de Derecho en la Universidad de Denver y editor del blog crimmigration.com.