Más demandas contra gobernador de Texas por seguir mandato antiinmigrante de Trump
Ya son cuatro las ciudades y varias organizaciones no lucrativas que presentan acusaciones legales contra una ley de Texas que arremete contra autoridades locales por -supuestamente- no seguir órdenes de Washington
Greg Abbott, gobernador de Texas. Crédito: Spencer Platt | Getty Images
Otras dos demandas fueron presentadas en las últimas 24 horas contra la ley “anti ciudad santuario” SB 4 o Ley anti inmigrante de Texas, alegando numerosas violaciones constitucionales que perjudicarían el trabajo de policías, funcionarios públicos, colegios y universidades en ese estado.
Este viernes, la ciudad de Austin actuó legalmente contra el estado de Texas, y el jueves por la tarde, el Fondo Mexicoamericano para Defensa Legal MALDEF, presentó una acusación en nombre de la ciudad de San Antonio y tres organizaciones no lucrativas que representan a la población inmigrante en al área laboral, educativa y de derechos civiles.
“La Ley SB4 contiene múltiples y substantivas violaciones constitucionales y las varias demandas en su contra deberían detenerla”, dijo Tom Saenz, presidente de MALDEF.
Con estas ya son cuatro las demandas contra Texas, su gobernador Greg Abbot y el procurador del estado, por avanzar una medida estatal que pretende aplicar localmente la plataforma migratoria del Presidente Donald J. Trump, castigando a las llamadas “ciudades santuario” e imponiendo multas y castigos sobre funcionarios públicos locales y jefes de policía por supuestas “violaciones a la ley”.
El condado de El Paso y la ciudad fronteriza de El Cenizo fueron las primeras en atacar legalmente la legislación, promulgada por Abbot el 7 de Mayo de 2017.
Al firmar la ley, aprobada por la legislatura de Texas y que generó gran tensión entre legisladores latinos y algunos colegas republicanos, el gobernador de ese estado dijo que “Texas a partir de ahora prohibió las ciudades santuario”.
“Todos apoyamos la inmigración legal y esta ayudó a construir Estados Unidos y Texas “, dijo Abbott. “Pero la inmigración legal es diferente de albergar a personas que han cometido crímenes peligrosos. Esta ley pretende detener las políticas como las de la Sheriff del condado de Travis que declaró que no detendría a criminales conocidos acusados de crímenes violentos.
La oposición a esta medida, sin embargo, alega entre otras cosas que no hay una definición concreta de las llamadas “ciudades santuario” y que la SB 4 a su vez está imponiendo una serie de nuevas obligaciones a funcionarios locales que realmente van en contra de sus comunidades locales, obligándolas a hacer un trabajo que pertenece al gobierno federal.
¿Qué es lo que alegan las demandas?
No obstante la acusación de Abbot, las demandas acusan que diversas cláusulas de la ley SB 4 “usurpan” la autoridad de los jefes de policía y sheriff de Texas -entre otros funcionarios públicos- empujándolos a violar los derechos constitucionales de los ciudadanos y obligándolos a aplicar medidas elegidas por el gobierno federal desde Washington D. C.
William McManus, jefe de policía de la Ciudad de San Antonio, dijo que la legislación no ayuda a promover la seguridad pública, sino todo lo contrario.
“Esta ley nos impide trabajar con la comunidad para mejorar la seguridad pública, es discriminatoria e inhibe la capacidad de los funcionarios locales de escoger políticas públicas que funcionan para nuestras comunidades”, explicó McManus.
La medida, que debe entrar en vigencia el 1 de septiembre, permite a policías locales actuar como agentes migratorios pidiendo papeles a detenidos, incluyendo en centros universitarios, obliga a autoridades locales a colaborar con los llamados “ICE detainers”, ordenes que algunos tribunales han dictado como ilegales y llega a multar a agentes de la ley por no colaborar con solicitudes del gobierno federal.
Según la demanda presentada este jueves por MALDEF, representando a San Antonio y varias organizaciones, SB4 es ilegal porque viola la Cláusula de Supremacía, Cláusula de Contrato, y las Enmiendas Primera, Cuarta y Décimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos, así como la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales.
Los intentos de legislar en temas migratorios a nivel estatal y local han resultado en demandas anteriormente, y con pocas excepciones, han terminado por ser invalidados por las cortes federales sobre diversas bases jurídicas. Los demandantes esperan que esto ocurra de nuevo antes de que la ley entre en vigencia.
