Cerca del sueño

WASHINGTON, D.C.- Como un “sueño cumplido”. Así describieron los jóvenes ayer, la decisión de parar las deportaciones y dar acción diferida, a los jóvenes que calificarían para el Proyecto de Ley del Sueño, conocidos como “dreamers”.

Es un día de fiesta. “Recuerdo la caminata”, dice emocionada Gaby Pacheco, coordinadora del proyecto END, de la red United We Dream.

Ella junto a otros tres jóvenes, caminaron desde Florida hasta Washington D.C. a principios de 2010 para exigir un cambio, que les permitiera a miles de estudiantes salir de las sombras.

“Esto es lo que estábamos pidiendo, es lo que queríamos”, enfatizó a La Opinión.

Hace más de dos años los jóvenes iniciaron una fuerte campaña, primero para empujar el Proyecto de Ley del Sueño en el Congreso. Luego de su fracaso, en 2010, centraron los esfuerzos en presionar a la Administración.

Aunque el Presidente no emitió una orden ejecutiva, como reclamaban los estudiantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó el cambio a nivel administrativo, a través de un memorando (Para detalles específicos del anuncio, ver recuadro adjunto).

“Estos jóvenes son americanos en sus corazones, en sus mentes, excepto en papel”, dijo el Presidente.

“Pónganse en sus zapatos” […] No tiene ningún sentido expulsarlos del país, simplemente por las acciones de sus padres”, enfatizó. “Esto no es amnistía, no da inmunidad ni acceso a la ciudadanía”.

Mientras hablaba en el jardín de las rosas, el mandatario fue increpado por un individuo quien cuestionó si esta era la mejor decisión para el pueblo estadounidense y sus trabajadores. “Esto es lo correcto […] Ellos realizarán contribuciones extraordinarias a nuestra sociedad”, recalcó.

La acción diferida, no confiere estatus legal, pero permite a los individuos permanecer en el país, sin la amenaza de ser deportados. Además, da acceso a un permiso de trabajo. El gobierno estimó que cerca de 800,000 personas se verían beneficiadas, mientras el Centro Hispano Pew, calculó que 1.4 millones de jóvenes y adultos podrían recibir la garantía.

Aún no está claro, cómo la agencia principal encargada de este proceso (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS) ejecutará la medida, considerando que continúa enfrentando serios problemas, como por ejemplo, retrasos en la tramitación de visas.

Un alto funcionario de la Administración, aseguró a La Opinión que “se instruyó a las agencias para implementar esto en 60 días y estarán dedicadas a eso en su máxima capacidad”. Sin embargo, al hablar de recursos adicionales o tiempos de espera para los postulantes; representantes del gobierno, no entregaron más detalles.

Como parámetro, la revisión extraordinaria de 300 mil deportaciones pendientes, anunciada en agosto de 2011, aún no ha terminado.

El director del área de abogacía de la Asociación Americana de Abogados (AILA) Gregory Chen, explicó a La Opinión, que no existe un tiempo específico para el otorgamiento de acción diferida. “En general no hay un marco temporal fijo en que se complete este proceso. Hay casos que se pueden resolver en un día, otros requieren de más tiempo. Es difícil estimarlo”, aseguró.

Legisladores republicanos como John McCain (R-AZ) y Marco Rubio (R-FL) criticaron fuertemente al gobierno. “Es una política de corto alcance que ignora la Constitución y al Congreso y que hará más difícil encontrar una solución balanceada y responsable en el futuro”, declaró Rubio.

“El anuncio de hoy es una toma de poder por motivos políticos que no ayuda en nada para avanzar en el debate, pero suma confusión adicional e incertidumbre a nuestro sistema roto de inmigración”, dijo McCain.

Por su lado, la activista indocumentada Dulce Matuz, una de las cien personas más influyentes del mundo según Time, ve como un “primer paso” la detención de las deportaciones de jóvenes indocumentados anunciada ayer, pero dijo que la lucha por el Dream Act y una reforma migratoria continúan.

Tanto republicanos, como la prensa en general, han cuestionado los motivos del gobierno para realizar este anuncio, cuando el voto hispano es clave en al menos tres estados esenciales para las elecciones de noviembre. Nevada, Florida y Colorado.

Un alto funcionario de la Administración, especificó que la decisión no responde a motivos políticos. “Esto es una continuación de las medidas que DHS ha tomado desde el principio, donde se han establecido prioridades en el control de inmigración y se han evaluado medidas de alivio administrativo en el marco de la ley”.

Senadores como Robert Menéndez (D-NJ) elogiaron el liderazgo del Presidente y desestimaron posibles esfuerzos en el Capitolio para anular el cambio de política, sobre todo por parte del Senado.

No obstante, oficiales de Gobierno recalcaron que con un cambio de Presidente, la decisión podría ser anulada.