Unidos contra la ley SB1070

PHOENIX, Arizona.? Cuando la ley SB 1070 estaba a punto de entrar en efecto hace casi 2 años, cientos de familias en Arizona preparaban sus valijas para dejar el estado atemorizadas por la ley que criminalizaba su presencia.

A días de que la Corte Suprema emita una decisión sobre el futuro de cuatro partes de esta propuesta que fueron bloqueadas por otras cortes federales la incertidumbre vuelve a despertar.

Pero para algunos se trata de estar listos.

“Hace dos años sabíamos lo que se venía, pero tuvimos un respiro”, opinó Edgar Escudero, un inmigrante indocumentado que trabaja como soldador. “En mi caso yo preferí luchar. Aquí es donde vivo, aquí es y aquí es de donde son mis hijos”.

Escudero decidió en aquél momento quedarse en Arizona y no empacar sus valijas después de haber vivido 13 años en el estado, pensando que leyes similares a la SB 1070 iban a expandirse a otros estados –lo cual efectivamente sucedió.

Pero en esta ocasión Escudero optó por prepararse mejor, firmando un poder legal para que alguien esté a cargo de sus tres hijos en caso de que él y su esposa sean detenidos por la policía y entregados con las autoridades de inmigración.

“Hay que estar preparado, la comunidad inmigrante no está informada”, dijo Escudero de 32 años. “Hay que estar listo para lo que pueda suceder”.

El pasado 25 de abril, ocho magistrados de la Corte Suprema escucharon argumentos del gobierno federal en contra de la implementación de la ley y por parte del estado de Arizona a favor de su entrada en efecto completamente.

En juego están cuatro secciones de la ley que podrían entrar en vigor en su totalidad, parcialmente o continuar bloqueadas, según decida la Corte.

Estas incluyen: una provisión que hace obligatorio que la policía local verifique el estatus migratorio de una persona si sospecha que está en el país ilegalmente; la autorización de detener a alguien sólo con “causa probable” de que cometió un ofensa que resulte en su deportación; la creación de un delito estatal por carecer de documentos y una provisión que convierte en delito buscar empleo si la persona es indocumentada.

Por otra parte, más de veintitrés medios de comunicación en español de Arizona se unieron de forma histórica en un teletón el miércoles, con el fin de disolver los temores y dudas sobre una decisión del máximo tribunal, impredecible en contenido y fecha.

Varias organizaciones como Respect/Respeto y Mi Familia Vota se unieron abriendo líneas telefónicas para contestar preguntas de la comunidad sobre la SB 1070 y sobre sus derechos.

“Los teléfonos han estado suene y suene y no han parado”, dijo Abigail Duarte, directora ejecutiva de Mi Familia Vota en Arizona. “Una de las principales preguntas de la gente es cuáles son sus derechos si son detenidos”.

Duarte enfatizó que hay temor de la gente y confusión sobre qué es lo que va a pasar, si la SB 1070 ya fue aprobada, si ya pasó, si no pasó o si está en la Corte”.

“Todavía hay mucho miedo, pero creo que hay un enfoque hacia una acción”, agregó. “Este esfuerzo que se realizó de ser más proactivo le está dando a la comunidad la esperanza y la sensación de saber que pueden hacer algo”.

Como parte del programa “Hoy Somos Arizona” se abordó la temática de la necesidad que la comunidad latina se involucre políticamente más allá del voto pero también a través de la creación de conciencia cívica.

“Aquellas personas que están con algún estatus migratorio, o que están sin documentos en este país pueden participar, pueden ayudar como voluntarios, motivando a aquellos amigos y familiares que sí califican para registrarse para votar”, dijo Duarte.

Lydia Guzmán, fundadora y directora de la organización Respect/Respeto, que surgió hace cuatro años para documentar abusos a la comunidad latina por parte de la policía, dijo que la comunidad arizonense está más fuerte que nunca.

“Lo que me motiva a mi es ver el diferente tipo de manifestaciones que se están llevando a cabo, hay personas que están haciendo protestas, hay otros que están haciendo vigilias religiosas, otros se manifiestan queriendo ser voluntarios para dar información”, dijo Guzmán.

Guzmán destacó que los activistas pro-inmigrantes están trabajando en forma conjunta al igual que los medios de comunicación para amortiguar cualquier impacto negativo que la ley pueda tener.