California no podrá prohibir cárceles del ICE operadas por empresas privadas
ICE y la empresa de cárceles privadas GEO ganaron la batalla legal contra el estado de California para suspender la ley estatal AB 32. Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema
Un guardia traslada a un inmigrante detenido en una cárcel privada de California. Crédito: John Moore | Getty Images
Un panel de 11 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. dictaminó 8-3 el lunes que la ley estatal de California que prohíbe las prisiones privadas con fines de lucro debe bloquearse debido a que entra en conflicto con la ley federal.
La ley estatal AB 32 aprobada en 2019 impide al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) firmar o renovar un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evitará que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La disposición también afecta a los centros de detención de inmigración administrados por empresas privadas.
Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group y CoreCivic, fueron las firmas más afectadas con la medida.
En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO impugnó la medida alegando que el propósito de la ley estatal era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pidió al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto. El Ejecutivo estadounidense se unió a la demanda.
En una votación de 8 a 3, la Corte de Apelaciones en pleno dijo que la ley violaba la Constitución.
En octubre de 2021 un panel de esa corte había fallado en contra de la medida. “(California) no puede ejercer este nivel de control sobre las operaciones de detención del Gobierno federal”, escribieron los jueces.
Los magistrados añadieron que “para cumplir con la ley (AB 32), el ICE tendría que cesar sus operaciones de detención de inmigrantes en curso en California y adoptar un enfoque nuevo en el estado”.
California ha argumentado que tiene el derecho legal de salvaguardar la salud y la seguridad de los detenidos en el estado, pero el Noveno Circuito dijo que la ley discrimina al gobierno federal, ya que el ICE sólo tiene dos centros de detención de inmigrantes de gestión privada en California.
