Inmigrantes en LA están lingüísticamente aislados

Casi tres millones de hogares de inmigrantes en Los Ángeles están lingüísticamente aislados y la cifra aumenta a 3.75 millones cuando se incluyen 800 mil inmigrantes indocumentados que viven en el condado.

Esos hallazgos son parte del cuarto informe anual del estado de los inmigrantes en el condado Los Ángeles (SOILA 2023), presentado por el profesor Manuel Pastor, del Instituto de Investigación de Equidad de la Universidad del Sur de California (ERI), la Fundación Comunitaria de California y el Consejo de Inclusión de Inmigrantes.

El informe, presentado en la Fundación California Endowment analiza áreas claves que afectan de cerca la vida de los inmigrantes angelinos, incluyendo los derechos laborales, la equidad digital, el acceso al idioma, las protecciones para los refugiados y más.

De hecho, señala que el 50% de los individuos indocumentados en el condado de Los Ángeles carecen de internet de alta velocidad o una computadora en casa.

“Tenemos que crear algunos programas y dar un subsidio a los hogares que no tienen acceso a internet”, dijo Manuel Pastor, profesor de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad en USC. “Es muy importante que padres e hijos sean parte de la tecnología, porque se requiere para realizar cualquier tipo de trámites escolares, de servicios, etc.”.

El reporte SOILA 2023 presenta datos novedosos sobre cómo les va a los inmigrantes en el condado de Los Ángeles y destaca el impacto de las organizaciones, campañas y coaliciones que han logrado y siguen logrando cambios tangibles en la vida de los inmigrantes angelinos.

El informe revela que el condado de L.A. ha realizado inversiones históricas asignando recursos directamente a los inmigrantes a través de Represent LA y el Acta del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), en gran medida debido a los esfuerzos de defensa de las coaliciones y campañas como Immigrants Are LA.
Sin embargo, todavía existe la necesidad de realizar inversiones más sistémicas y completas, especialmente en áreas como la preparación universitaria, la salud mental, la vivienda asequible y la asistencia para refugiados y recién llegados.
“Los inmigrantes y quienes buscan asilo han sido muy maltratados en otros estados y en Los Ángeles, y en California queremos darles respeto y la dignidad que merecen”, dijo Pastor, uno de los autores del reporte.

“En el condado un 20% de la población es indocumentada o pertenece a una familia de estatus mixto y muchas veces no tiene acceso a servicios de la ciudad o del condado”, añadió. “Con el reporte les estamos pidiendo a las autoridades que en sus oficinas de atención a los inmigrantes hagan un estudio sobre los servicios que hay para ellos y los servicios que están bloqueados para que, por ejemplo, los indocumentados puedan empezar un negocio”.

De hecho, expresó que el 70% de los 800,000 indocumentados, el 70% de ellos tiene más de una década viviendo en el condado angelino.

“Se les tiene que ayudar a avanzar social y económicamente”, afirmó el catedrático.

Contribuciones millonarias
El informe destaca que los inmigrantes representaron el 34% de la población total del condado de Los Ángeles y contribuyeron con $10.7 mil millones en impuestos estatales y locales, $20.8 mil millones en impuestos federales y $83.8 mil millones en poder adquisitivo en 2019.
A pesar de estas aportaciones, , los salarios en la región siguen siendo un problema para todos: solo el 51% de los trabajadores ganaron lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas en 2020, lo que enfatiza la necesidad de seguir abogando por salarios mejores.

“Si ayudamos a los inmigrantes a acceder a la educación, el empleo y mejores salarios, como economía prosperaremos… esto tiene un efecto multiplicador enorme”, dijo Abigail Márquez, Gerente General del Departamento de Inversión Comunitaria para Familias de la Ciudad de Los Ángeles. “Tiene un efecto multiplicador en la economía si logramos mejorar la viabilidad económica de estas poblaciones a las que intentamos llegar, ya sean inmigrantes, afroamericanos, latinos… si destinamos más recursos allí, obtendremos grandes ganancias económicas para nuestra región”.

La funcionaria dijo a La Opinión que su departamento está en posición de trabajar con todas las familias, sin importar el estatus migratorio de nadie, y a través de otros departamentos de la ciudad y del condado se realiza todo tipo de apoyos a los residentes sin hacer preguntas.

“Las organizaciones que reciben nuestros fondos nos ayudan a conocer las dificultades de las familias indocumentadas”, dijo. “Sus salarios son bajos, y entre los indocumentados son aún más bajos”

Como ayuda, la ciudad puso en marcha un programa piloto específico llamado BIG:LEAP (Ingreso Básico Garantizado: Programa Piloto de Asistencia Económica de Los Ángeles) de $37 millones, a través del cual se proporcionó $1,000 mensuales a 3,000 familias durante un año.

“Una persona indocumentada que fue parte del programa nos contó que trabajaba de 7:00 a.m. a 11:00 de la noche los siete días de la semana, para poder pagar sus facturas y el alquiler donde vivía”, dijo Abigail Márquez. “El reporte nos confirmó las necesidades que ya sabíamos que existían y la oportunidad de hacer el programa permanente”.

Inclusión al idioma y “violencia lingüística”

Los defensores de los inmigrantes también compartieron la necesidad de tener más conversaciones a nivel del condado que incluyan perspectivas diversas en los procesos de toma de decisiones, especialmente para grupos indígenas y nuevos refugiados y solicitantes de asilo que llegan y pueden no tener tanta representación.
 
Un componente clave de la inclusión es el acceso al idioma. Los datos muestran que el 28% de todos los hogares de inmigrantes estaban lingüísticamente aislados.

Al desagregar por estatus migratorio, los hogares indocumentados tenían más probabilidades de estar lingüísticamente aislados, con un 37%, en comparación con el 30% de residentes permanentes legales y el 24% de hogares de ciudadanos naturalizados de Estados Unidos, lo que demuestra la necesidad de garantizar que todos los inmigrantes angelinos tengan acceso a servicios adecuados de traducción e interpretación para participar cívicamente y acceder a información y servicios.

Odilia Romero, directora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO) destacó que “es bueno” que se haya reconocido al porcentaje de la población que está aislada lingüísticamente en el condado de Los Ángeles.

“Es un paso que se ha dado, y creemos que se tiene que hacer mucho más, porque se han dado cuenta que, por ejemplo, en la nacionalidad guatemalteca o mexicana hay miles que tienen sus propias lenguas y se les niega el debido proceso en situaciones judiciales, no denuncian un delito ni tampoco pueden tomar decisiones informadas cuando padecen alguna enfermedad”.

Romero les llama a esas barreras una “violencia lingüística” más que un aislamiento de las comunidades indígenas del condado.
En el condado de Los Ángeles, CIELO ha identificado 17 lenguajes entre cinco grupos de idiomas distintos, entre los que se encuentran el Zapoteco, Chinanteco, Ki’che’ y Ayuujk.

“La violencia lingüística no es de hoy ni de ayer”, dijo. “Desde el tiempo de La Malinche, la recordamos como aquella niña de 13 o 14 años interpretando [para los conquistadores españoles] y en la actualidad los niños siguen realizando la interpretación de las lenguas a sus familias, que dependen de ellos para poder comunicarse”.

La problemática de comunicación no solo se da en la ciudad y el condado de Los Ángeles, sino en toda California y otros estados del país donde hay comunidades indígenas provenientes de Latinoamérica.
“La mujer que cayó del cielo”.

Un caso específico fue Rita Quintero, la mujer “que cayó del cielo” , originaria de la Sierra Tarahumara quien fue víctima de agresiones psiquiátricas en Kansas City y solo hablaba Rarámuri.

“Pensaban que ella no estaba bien y la pusieron por 12 años en una institución mental” dijo Odilia Romero. “Ella, en su cosmovisión hablaba del mundo que vivía, conocía muy poco español y nadie entendía se lengua indígena. Es como si los zapotecos te dicen que vienen de las nubes, porque es el lugar donde viven y nace la mañana del universo que les rodea”.

La directora ejecutiva de CIELO señala que no hay datos fidedignos en cuanto a la cantidad de niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres son de origen indígena y que tienen que fungir como traductores oficiales de sus familias.

“La violencia lingüística la sufren desde el momento en que entran a un hospital y les tratan de explicar alguna enfermedad”, dijo. “No hay nadie que pueda ayudarles y, al contrario, en vez de ayudarles los han amenazado y acosado con quitarles la patria potestad porque no hubo un intérprete sobre cómo dar la dosis correcta de un medicamento recetado”.

Este tipo de situaciones con los inmigrantes indígenas monolingües, Odilia Romero lo califica como una violación de los derechos humanos de los padres y los hijos, y señala, que, por ejemplo, la palabra “colesterol” puede decirse de varias maneras en distintas lenguas indígenas.

En 2014, a Cirila Baltazar Cruz -quien no hablaba español ni inglés- autoridades del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi la separaron de su hija recién nacida porque se encontraba indocumentada en 2008.
Cirila no sabía español ni Chatino, un idioma zapoteca que se habla en el sur de Oaxaca, cuando su niña le fue arrebatada.

“Si no hay entrenamiento adecuado para los intérpretes, estamos violando los derechos de las personas; ahí se ve el aislamiento y la violencia lingüística”, dijo Odilia Romero a La Opinión.

También, recordó el caso de 2021, en el cual Miguel Andrés, un pequeño de 4 años, el niño indígena que estuvo hospitalizado y en coma después de haber sido golpeado por Gabriela Casarez, una madre de crianza.

El caso de “Miguelito”
Miguel Andrés “Miguelito” y su hermano menor de 2 años habían sido separados de su madre, -una indígena que solamente hablaba el idioma maya Q’anjob’al- debido a un incidente de violencia doméstica.

“En el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DFCS) no tienen datos de cuántas comunidades indígenas hay en el condado de Los Ángeles; asumen que todos somos latinos y la latinidad es muy peligrosa, porque se cree que todos hablamos español y eso conlleva a la violencia lingüística en las escuelas, hospitales, con la policía, etc.”, dijo Odilia Romero.

En 2010, Manuel Jamines, un guatemalteco, padre de tres hijos que solo hablaba Quiché, fue asesinado de un balazo por parte del agente Frank Hernández.

Jamines tenía en sus manos un cuchillo y supuestamente había amenazado a una mujer embarazada. Varios testigos dijeron lo contrario y, la comunidad maya se levantó airada contra la policía. El agente de la División Rampart del LAPD fue exonerado de cualquier responsabilidad.

“Además de la violencia lingüística, nuestra resistencia seguirá para vencer el racismo y la discriminación”, dijo la directora ejecutiva de CIELO. “El reporte solamente mostró la cara de la ciudad de Los Ángeles, de su gente en el poder y lo que piensan los políticos de las personas indígenas”.

El apoyo de Hilda Solís
“El aislamiento lingüístico es una barrera importante para todas las comunidades de inmigrantes, y los inmigrantes indígenas se ven más profundamente afectados”, declaró la supervisora Hilda L. Solís. “Con ese fin, debemos hacer un mejor trabajo para identificar las necesidades de los idiomas indígenas y desarrollar la capacidad de los proveedores de servicios lingüísticos existentes y nuevos para servir mejor a las comunidades indígenas”.

Solís precisó que este año, redactó mociones para fortalecer el acceso lingüístico en todo el condado que incluye una próxima política de acceso lingüístico para todos los departamentos del condado a fin de fortalecer la forma en que atienden a los inmigrantes, especialmente a las comunidades indígenas, asiático-estadounidenses de las Islas del Pacífico e inmigrantes negros tradicionalmente desatendidos.

“Además, en 2017, establecí la Oficina de Asuntos de Inmigrantes para apoyar a los inmigrantes y sus familias y ayudarlos a tener acceso a todos los servicios disponibles del Condado”, dijo.

A través de iniciativas recientes, ordenó a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes que implemente $5 millones para fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias enfocadas en los inmigrantes y $8 millones para proporcionar a los inmigrantes y sus familias representación legal de inmigración y vinculación con servicios de apoyo, así como una campaña en todo el condado para inscribir a inmigrantes elegibles en el programa MediCal ampliado de alcance completo y otros beneficios públicos del condado.

Recomendaciones para ayudar a inmigrantes:

• Producir datos más amplios y precisos para comprender los desafíos y rastrear las inversiones en áreas temáticas como la equidad digital, los recursos de vivienda y la provisión de atención médica.
• Considerar toda la gama de problemas que impactan la vida de los inmigrantes, incluyendo el bienestar físico y mental, para abordar necesidades más allá de la inmigración.
• Abordar el acceso al idioma y la competencia cultural en todas las interacciones, como la vivienda, la atención médica y más, para garantizar que todos los inmigrantes puedan acceder, participar y prosperar.
• Promover tanto el espíritu empresarial como los estándares laborales, eliminando barreras para el logro y la prosperidad familiar.
• Aumentar las inversiones a largo plazo en esfuerzos liderados por la comunidad con menos obstáculos burocráticos, especialmente en los esfuerzos basados en coaliciones, para asegurar una inclusión duradera y significativa de los inmigrantes.
• Proporcionar fondos generales operativos para las organizaciones que sirven a los inmigrantes para aumentar los salarios, hacer el trabajo más sostenible y reducir el agotamiento del personal.
• Intensificar las inversiones enfocadas en diversas comunidades de inmigrantes que han recibido menos atención, como inmigrantes LGBTQ+, discapacitados, negros e indígenas.
• Anticipar las tendencias futuras clave, como el potencial aumento de refugiados e inmigrantes sin estatus, así como el envejecimiento de las poblaciones inmigrantes.
• Destacar la necesidad de ir más allá de la integración hacia la inclusión, transformando los sistemas para que sean equitativos y racialmente justos tanto para los inmigrantes como para las comunidades de color.
• Continuar creando políticas e inversiones innovadoras que ayuden a Los Ángeles a liderar el país en la inclusión de los inmigrantes.