Trump aceita su maquinaria de deportaciones aunque los votantes latinos las rechazan

El presidente electo, Donald Trump, comenzó a integrar el equipo que implementará su promesa de deportaciones masivas, y lo encabezan Stephen Miller, autor intelectual de las separaciones familiares en la frontera, defensor de eliminar la ciudadanía por nacimiento y de despojar de la ciudadanía a los naturalizados, y Tom Homan, quien declaró que una de las formas de evitar la separación familiar es que los hijos ciudadanos de indocumentados sean deportados junto a sus padres.

Mientras el reino de terror antiinmigrante de Trump toma forma, una coalición de 16 organizaciones nacionales, incluida America’s Voice, presentó los resultados de un análisis electoral que encontró que la nominada demócrata, Kamala Harris, ganó el voto latino a pesar de que Trump aumentó sus índices de apoyo entre los hombres latinos.

Asimismo, la mayoría de los latinos, un 80%, favorece la legalización de inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos en lugar de las deportaciones masivas. Y el 71% de los latinos apoyan un duro proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza que incluso restringe el asilo. En otras palabras, indicaron los expertos, Trump no tiene un mandato para implementar deportaciones masivas, pues, además de los latinos, otros sectores electorales tampoco las apoyan.

Harris ganó el voto latino 62% sobre 37% para Trump, cifras muy diferentes a los sondeos a boca de urna del 5 de noviembre que dieron a Trump 46% de apoyo entre los latinos, el más alto para un republicano en la historia reciente.

Según el análisis, Harris ganó el voto entre los hombres latinos con 56% frente a un 43% para Trump. “Es categóricamente incorrecto decir que la mayoría de los hombres latinos votaron por Trump”, indicó en teleconferencia Matt Barreto, fundador de BSP Strategies, una de las firmas encargadas del análisis electoral.

Con la excepción de Florida, indicaron, Harris superó a Trump en precintos de alta concentración de hispanos en todos los estados, incluidos los competitivos, entre 60% y 70%, aunque sus números fueron más bajos que los de Biden en la elección de 2020.

Eso incluye a los puertorriqueños, el grupo que más apoyó a Harris con 65% aunque al final, la combinación de factores dio una victoria a Trump en el Colegio Electoral y en el voto popular.

Entre los latinos, la economía fue el factor central para apoyar a Trump por lo cual activistas y analistas coincidieron en que el mandato de Trump debe ser para reducir los precios de la comida y la vivienda, entre otros. No es un mandato para conducir redadas y deportaciones masivas que eliminarían a 5% de la fuerza laboral del país y terminarán aumentando los precios de los productos y servicios que Trump prometió reducir.

Pero a Trump y a los funcionarios que ha ido nombrando los mueve más que una preocupación económica. Hay elementos de racismo y de nacionalismo blanco que son la base de sus propuestas de política pública. Y no es únicamente hacia los indocumentados. Se están enfocando en los inmigrantes autorizados bajo programas como DACA, TPS y los de asilo, incluyendo el parole humanitario. La idea es dejarlos desprotegidos y vulnerables a la deportación.

Homan, exdirector interino de ICE en el primer gobierno de Trump, será el nuevo “zar de la frontera”, mientras que Miller, ex asesor de Trump y arquitecto de la nefasta política migratoria de cero tolerancia en inmigración, será subdirector de política pública de la Casa Blanca.

Si algo contrasta con la primera administración Trump es que parecen más enfocados en buscar subterfugios que les permitan implementar sus políticas sin que sean frenadas en los tribunales. Y es que Trump tendrá un Senado republicano y la Cámara Baja también parece que quedará en manos republicanas. También tiene jueces nombrados por él en tribunales de diversa instancia que han mostrado simpatía hacia sus políticas.

La semana pasada, por ejemplo, el juez federal J. Campbell Barker, designado por Trump, anuló el programa Manteniendo a las Familias Unidas anunciado por Joe Biden que buscaba agilizar la legalización de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. El juez favoreció a Texas y otra docena de estados republicanos que catalogan de “ilegítimo” el plan de Biden.

Trump tiene una amplia lista de dónde escoger sus primeras acciones migratorias una vez asuma el cargo el 20 de enero de 2025, desde declarar alguna “emergencia” para sellar la frontera, hasta revivir el veto musulmán.

Por lo pronto, Trump aceita su maquinaria de deportaciones aunque su mandato sea económico.