Vendedores del Corredor Salvadoreño protestan y muestran su frustración

Raúl Claros, cofundador del Corredor Salvadoreño y de la coalición CD1, además de algunas vendedoras ambulantes, protestaron ayer en la alcaldía de Los Ángeles por un mal manejo de los trabajadores por parte de la concejal Eunisses Hernández y la alcaldesa Karen Bass.

Además, los vendedores se quejaron que hace unas semanas, las autoridades de sanidad del condado de Los Ángeles llegaron al Corredor Salvadoreño y les tiraron a la basura todos sus productos de venta.

“Aquí, toda la gente lloraba de miedo”, denunció Marielo F., una vendedora de pupusas y comida salvadoreña. “Nos tiraron a la basura los quesos, pescado y todo lo que teníamos. Yo perdí entre $4,000 y $5,000 dólares”.

Otra vendedora que pidió no divulgar su nombre, dijo que los habían tratado como criminales.

“Sí ya le tenemos miedo a Trump, ahora el miedo es doble… Nos dijeron que la orden había sido de la supervisora [Holly] Mitchell.

La supervisora Mitchell aclaró: “Mi oficina no ordenó esta intervención, y estoy profundamente preocupada al escuchar que los residentes que son vendedores ambulantes en nuestras comunidades están recibiendo información incorrecta y siendo tratados de manera inhumana. Me tomo muy en serio estas acusaciones y me pondré en contacto con los departamentos correspondientes para conocer los hechos y asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir”.

Después de que los vendedores ambulantes estuvieron operando sin problemas durante dos años, el miércoles 29 y el jueves 30 de enero, personal del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, acompañado por inspectores de seguridad pública de las fuerzas del orden, llevó a cabo investigaciones de quejas sobre la venta de alimentos no permitidos a lo largo de Vermont Avenue entre las calles 11 y 12 en Los Ángeles.

“Hace dos años vine a este país huyendo del maltrato y me vine a encontrar con algo peor”, dijo Elsa Marina Marroquín, una vendedora de jugos y pupusas, quien subrayó que ahora además de cuidarse de los agentes de migración, tendrá que cuidarse de las autoridades del condado de Los Ángeles.

Alimentos “descartados”

“Durante la investigación, los trabajadores de Salud Pública identificaron a varias personas que vendían alimentos sin un permiso y requerían equipo de seguridad alimentaria”, dijeron autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH), en un comunicado enviado a La Opinión.

Agregaron que las personas vendían comida en puestos de restaurantes temporales de gran escala, que violan los requisitos de seguridad alimentaria del Código de Alimentos Minoristas de California (CRFC) y no pueden operar legalmente. 

“Salud Pública emitió 14 avisos de infracción el 29 de enero y 5 avisos de infracción el 30 de enero, e instruyó a los vendedores no autorizados a cesar sus operaciones”, indicaron, señalando que las violaciones observadas incluyeron falta de lavado de manos, superficies insalubres en contacto con alimentos, lavado inadecuado de utensilios y la ausencia de los permisos de Salud Pública requeridos.

“Debido a estos riesgos para la salud y la seguridad de los alimentos para el público, los alimentos se consideraron inseguros y se descartaron para proteger la salud pública”, afirmaron.

La doctora Bárbara Ferrer, directora del DPH, no respondió del porque después de dos años que los vendedores están operando en el Corredor Salvadoreño, hasta ahora se convirtieron en una preocupación.

Tampoco respondió ella ni su equipo sobre la presunta conducta inhumana e irrespetuosa en contra de los vendedores.

‘El problema con los vendedores se ha agravado desde el momento en que nos han echado fuera”, dijo Raúl Claros. “La concejal [Eunisses Hernández] tuvo la oportunidad de trabajar con la fiscal de la ciudad [Hydee Feldstein Soto] y prevenir que desplazaran a los 30 trabajadores que estaban frente a la estación de policía, pero ella no hizo nada”.

Claros destacó “el fracaso de la ciudad” para abordar problemas como los brotes de E. coli y el impacto del COVID-19 en los vendedores.

Pidió también transparencia, responsabilidad e inversión en un Mercado en Vermont y 12th Street para apoyar a los vendedores.

“La concejal Hernández siempre ha priorizado la transparencia presupuestaria y las inversiones directas en la comunidad, incluidos los vendedores ambulantes”, respondió Naomi Villagómez Roochnik, portavoz de Eunisses Hernández, quien dio a conocer que la oficina del Distrito 1 asignó $20,000 de sus propios fondos discrecionales para ayudar a los proveedores a obtener sus permisos.

“Trabajamos para reducir con éxito las tarifas de los permisos para vendedores ambulantes de $291 a $28, y lanzamos la comisaría operada por proveedores en Cypress Park, un modelo que pretendemos replicar en todo el distrito”, indicó.

Además, Villagómez subrayó que aprobaron una moción para llevar a cabo sesiones para escuchar a los vendedores ambulantes en el Distrito 1, con el propósito de brindar información sobre las reglas, regulaciones locales y crear un lugar para que la Ciudad escuche directamente a los vendedores sobre sus inquietudes más urgentes.

En cuanto a la investigación del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, aclaró que dicha agencia está bajo el ámbito del Condado de Los Ángeles, no de la Ciudad de Los Ángeles.

“No tenemos absolutamente ningún control sobre sus acciones de aplicación de la ley”.

Desplazan a vendedores

También decenas de vendedores ambulantes fueron desplazados a lo largo de la calle Alvarado y las proximidades de la estación de metro Westlake/MacArthur, como consecuencia de un tiroteo que dejó heridas a cinco personas.

Durante la madrugada del 22 de enero, agentes de policía de Los Ángeles respondieron a una llamada de radio de un asalto con un arma mortal en la cuadra 600 de la calle Alvarado.

La zona entre las calles Sexta y Séptima, a través de Alvarado era conocida por ser un lugar donde se realizaba la compraventa de pastillas de fentanilo a las decenas de drogadictos y desamparados que deambulan por las calles.

“Inmediatamente después de un tiroteo con múltiples víctimas, LAPD incrementó sus recursos en el MacArthur Park bajo la dirección del alcalde, aumentando una presencia visible de pisadas y realizando arrestos por presunta actividad relacionada con pandillas”, dijo Zach Seidl, portavoz de la alcaldesa Karen Bass.

“La cerca ha ayudado a interrumpir la venta ilegal de drogas y armas, además de detener la violencia asociada en el área”, añadió, e indicó que durante un período de tres meses antes de la instalación del cercado, la comunidad fue testigo de casi 100 casos de robos y asaltos agravados.

“En las dos semanas posteriores a la elevación de la valla, sólo hubo un caso de delito violento”, añadió el portavoz. “Esa es una mejora dramática y continuaremos haciendo nuestro trabajo para disminuir el crimen, lo que ayuda a todos los angelinos, incluidos los vendedores”.

No obstante las mejoras, los vendedores se quejan de que su situación se ha agravado desde que los echaron fuera del lugar, dijo Raúl Claros.