La Corte Suprema impide que Florida aplique su ley antiinmigrante

La Corte Suprema mantuvo el miércoles un bloqueo judicial a la ley antiinmigrante de Florida SB 4-C elaborada por los republicanos y firmada por el gobernador Ron DeSantis, que convierte en un delito la entrada de inmigrantes indocumentados a ese estado.

La orden judicial, de una sola frase, no ofreció ninguna justificación, lo cual es habitual cuando los jueces actúan en casos de emergencia. No hubo disensos.

Los magistrados de la alta corte denegaron la solicitud de funcionarios estatales para levantar una orden de la jueza de distrito Kathleen Williams, con sede en Florida, que les prohibía realizar arrestos y procesamientos bajo la ley mientras se resuelve una impugnación legal en tribunales inferiores.

La jueza Williams dictaminó que la ley de Florida entraba en conflicto con la autoridad del gobierno federal sobre la política migratoria.

La medida migratoria de Florida, denominada SB 4-C, fue aprobada por la legislatura estatal, controlada por los republicanos, y promulgada por DeSantis.

La ley criminaliza el ingreso de personas indocumentadas al estado, con el objetivo de arrebatarle el control del sistema migratorio al gobierno federal y permitir que la policía local realice arrestos con base en el estatus migratorio.

El resultado sería la inevitable discriminación por perfilación racial, como lo demuestra el arresto ilegal de un ciudadano estadounidense bajo esta disposición.

La ley, firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis y respaldada por la administración Trump, tipificó como delito grave la entrada a Florida de algunos inmigrantes indocumentados, a la vez que imponía penas de prisión preventiva sin derecho a fianza.

La Corte Suprema, que ha otorgado a la Administración Trump victorias contundentes en su agresiva ofensiva contra la inmigración ilegal, podría considerar la impugnación más amplia de la ley, que, según sus defensores, se entromete en el poder federal.

“Este fallo confirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de la ley migratoria es un asunto federal y que nadie debe ser privado de su libertad sin el debido proceso”, declaró Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida, en un comunicado tras el fallo.

La jueza de distrito Kathleen M. Williams dictaminó en abril que la ley de Florida, aprobada en febrero por el gobernador Ron DeSantis, probablemente entraba en conflicto con las leyes federales de inmigración. Un tribunal de apelaciones se negó a suspender su orden.

Williams también declaró en desacato al fiscal general de Florida, James Uthmeier, el mes pasado, después de que este ordenara a las fuerzas del orden estatales que aplicaran la ley, desafiando su orden.

En su apelación, Uthmeier argumentó que la orden de Williams “inflige un daño irreparable a Florida y a su capacidad para proteger a sus ciudadanos del aluvión de inmigración ilegal”.

Al menos otros seis estados han aprobado leyes similares en los últimos años.

La decisión de hoy extiende una larga e ininterrumpida serie de derrotas que los tribunales han infligido a la SB 4-C y a leyes similares como la ley SB4 en Texas, y otras disposiciones estatales sobre inmigración establecidas en Oklahoma, Idaho e Iowa. Esto ahora incluye decisiones de apelación de los Circuitos Quinto, Octavo y Undécimo, así como de la Corte Suprema de Estados Unidos, señaló ACLU en su comunicado.

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