Polémica por intercambio

WASHINGTON, D.C. (EFE).— El Gobierno trató de sortear ayer la polémica que ha generado en el país la liberación de cinco presos afganos de Guantánamo a cambio de un militar estadounidense, mientras los republicanos advirtieron de que esa decisión puede poner en peligro al país y enviar el mensaje equivocado a Al Qaeda.

El traslado a Catar de cinco presos que integraron la cúpula del régimen talibán en Afganistán y que llevaban más de una década en Guantánamo ha despertado críticas por la decisión del Gobierno de desplegar la operación sin avisar al Congreso y la percepción de que ha roto su política de no negociar con terroristas.

“La fuente principal de financiación de Al Qaeda son las recompensas por secuestros. Y acabamos de ponerles precio”, dijo el legislador republicano Mike Rogers, quien preside el comité de Inteligencia de la Cámara baja, a la cadena CNN.

“Al negociar en este caso, hemos enviado un mensaje a todos los grupos de Al Qaeda de que ahora los rehenes estadounidenses tienen un valor que antes no tenían. Eso es peligroso”, agregó.

El trato para lograr la liberación del militar estadounidense retenido en Afganistán, Bowe Bergdahl, también fue condenado por los dos republicanos de más alto rango en los comités de Fuerzas Armadas de la Cámara baja, Howard McKeon, y del Senado, James Inhofe.

“Intercambiar a cinco altos líderes talibanes detenidos en Guantánamo por Bergdahl podría tener consecuencias para el resto de nuestras fuerzas y para todos los estadounidenses. Ese incentivo pondrá en un peligro aún mayor a nuestras fuerzas en Afganistán y en todo el mundo”, indicaron McKeon e Inhofe en un comunicado.

La asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama, Susan Rice, respondió a esas críticas con el argumento de que Estados Unidos tiene el “honor sagrado” de devolver a casa a los prisioneros de guerra.

“Si ahora, en el siglo XXI, cuando algunos de nuestros adversarios no son actores estatales tradicionales, tomáramos una posición de que no vamos a hacer todo lo posible para liberar a los prisioneros de guerra, eso violaría la fe del pueblo estadounidense y de los que sirven en las Fuerzas Armadas”, dijo Rice a la cadena ABC.

Otra de las críticas es la emitida el sábado por el senador republicano John McCain, quien pidió garantizar que los cinco “terroristas” liberados no regresen a la “lucha contra Estados Unidos”.

Al respecto, Rice insistió en que el Gobierno tiene garantías de que Catar se asegurará que esos individuos no amenacen la seguridad nacional estadounidense mientras estén en su territorio.

“Esas garantías relativas (a las restricciones) al movimiento, las actividades y la vigilancia de esos (antiguos) presos nos dan confianza en que, con toda probabilidad, no supondrán un riesgo significativo para Estados Unidos”, aseveró Rice.

El temor de muchos legisladores de que los sospechosos de terrorismo presos en Guantánamo puedan emerger de su cautiverio con una mayor radicalización que ponga en peligro a Estados Unidos ha sido la principal traba que ha impedido el cierre de la cárcel, prometido por Obama en 2008.

La Casa Blanca afronta además críticas por su decisión de ignorar una cláusula de la Ley de Autorización para la Defensa Nacional, aprobada este mismo año, que requiere que el secretario de Defensa notifique al Congreso el traslado de presos de Guantánamo, al menos, con 30 días de antelación.

Tanto Rice como el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, atribuyeron la decisión de no avisar al Congreso hasta una vez concluida la operación a la preocupación por la salud de Bergdahl, supuestamente deteriorada durante su reclusión en Afganistán.

“Dada la extrema urgencia de la condición de salud del sargento Bowe Berdaghl y dada la responsabilidad constitucional del presidente, se determinó que era necesario y apropiado no adherirnos al requisito de notificación, porque podría haber significado perder la oportunidad de liberar al sargento”, indicó Rice a la cadena CNN.

Desde Bagram (Afganistán), donde hizo una visita sorpresa, Hagel explicó también que, en base a la información de inteligencia de la que disponían, su equipo juzgó necesario actuar “muy rápidamente, esencialmente para salvar la vida” de Bergdahl.

Cuando Obama firmó la ley citada por los republicanos, que incluye autorizaciones para el presupuesto de defensa, incluyó una declaración en la que advertía de que el requisito de notificación sobre Guantánamo infringía de forma inconstitucional sus poderes como presidente y se reservaba la posibilidad de violarlo.

Otras de las preguntas que han surgido plantean la posibilidad de que Bergdahl, que estuvo cautivo desde 2009, desertara del Ejército antes de desaparecer y ser capturado por los talibanes, algo a lo que Rice y Hagel evitaron responder.

“Nuestra prioridad ahora es su bienestar. Más adelante tendremos la oportunidad de averiguar qué ocurrió en los últimos años”, sostuvo Rice.