Reclaman libertad de la argentina Milagro Sala

Milagro Sala es una dirigente indígena que el gobierno argentino tiene encarcelada en el penal del Alto Comedero, en la remota provincia de Jujuy, a pesar de que organizaciones internacionales han denunciado la ilegitimidad de su detención y demandan su inmediata libertad y el Papa Francisco se solidarizó enviándole un rosario bendecido.

Sala es líder de Tupac Amaru, una entidad barrial que cuenta con 70,000 afiliados y que es reconocida por su trabajo comunitario, particularmente la construcción de miles de viviendas para familias de escasos recursos.

Aunque el gobierno provincial la acusa de fraude, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, concluyeron que su detención es ilegítima.

En 2013, Sala fue electa diputada provincial y dos años después fue seleccionada para representar a Argentina en el Parlasur, el parlamento regional. Por su activa defensa de los intereses de los sectores más marginalizados de la eternamente empobrecida Jujuy, Sala se ganó la enemistad de los sectores más conservadores, especialmente del entonces senador nacional Gerardo Morales.

Este es el mismo Morales, aliado incondicional del presidente Mauricio Macri, quien tras asumir como gobernador de Jujuy en diciembre de 2015, acusó a Sala de “instigación a cometer delitos y tumultos” porque la dirigente de 52 años organizó protestas contra sus políticas económicas. Una acusación que terminó en el arresto de Sala y la fabricación de cargos de “asociación ilícita” y “fraude”.

Si bien muchos analistas interpretan el arresto como una vendetta personal de Morales, quedó claro que el presidente Macri avala la detención ya que, el 18 de abril, respaldó el accionar de Morales.

Pero aunque los fiscales, los jueces y el gobernador argumenten mil razones contra la líder indígena, parece que no hay forma que puedan convencer a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Por eso el inequívoco reclamo de las Naciones Unidas, OEA y otros que ven en este arresto una faceta obscura del régimen macrista. Un régimen que al recortar un 35% el presupuesto a la Secretaría de Derechos Humanos, obstaculizar juicios por crímenes de lesa humanidad contra civiles, otorgar arresto domiciliario a militares represores y cuestionar el número de desaparecidos durante la dictadura de los 70, hace retroceder significativamente la política de derechos humanos que el gobierno anterior había transformado en un modelo aplaudido por las organizaciones internacionales. Con prisioneros políticos en las cárceles y una política de obstaculización, parecería que Argentina camina en contra de la historia.

Néstor Fantini es profesor de sociología en Rio Hondo College.