Discapacitados defienden centros

Decenas salen a protestar contra los posibles cierres de las instituciones

SACRAMENTO.- Algo tan sencillo para cualquier ser humano como comer, vestirse, asearse e ir al baño, para Fabio Garavito es imposible debido a que sufre de parálisis cerebral.

Postrado a una silla de ruedas, depende en un 100 por ciento de la ayuda de otros para sobrevivir. Una ayuda que encontró desde 1999, en una casa comunitaria en San Rafael, subsidiada por el estado, que cuida a otras seis personas que como él sufren de discapacidad en su desarrollo.

Pero la vida de Fabio amenaza con tornarse incierta porque la casa comunitaria en la que ha vivido la mayor parte de sus 40 años, podría cerrar.

En 2009, en medio de una severa crisis fiscal, el gobernador y los legisladores, congelaron al nivel del 2008, los reembolsos de Medical que el estado paga a los 1,100 hogares en los que viven 7,000 californianos como Fabio Garavito.

“A pesar de que una auditoria del DHCS recomendó que nos dieran un incremento ( de 6.4 a 9 por ciento) porque los gastos se habían ido para arriba, nos congelaron las tarifas”, explicó Nancy Dow Moody, representante de cuatro casas de la agencia Lifehouse del condado de Marin.

La situación se complicó más luego de que en junio pasado, los legisladores y el gobernador Jerry Brown aprobaron un 10 por ciento de reducción a las tarifas que se les da a las casas que cuidan a los discapacitados del desarrollo.

“Si ese 10 por ciento, se hace realidad, tendré que cerrar dos de mis casas. ?No puedo mantenerlas más”, afirmó Dow Moody.

Preocupados, decenas de personas discapacitadas como Fabio y sus cuidadores, protestaron con cartelones y maletas en la banqueta del edificio del Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud (DHCS), encargado de regular las instalaciones de cuidado intermedio como en la que vive Fabio.

En mayo pasado, un juez federal resolvió parar el congelamiento de las tarifas ordenado en 2009 pero el estado apeló el fallo; y ahora la demanda entablada por la Red de Servicios del Desarrollo está en manos de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero mientras tanto el congelamiento continúa.

El costo de una persona con discapacidad por día en un hogar comunitario es de 200 dólares. Si esos hogares se cierran se verán forzados a ir a un centro de desarrollo del estado a precios tres veces más caros de 900 dólares por día.

“Los cierres tendrá un impacto devastador en estos individuos, muchos de los cuales han vivido en estas casas hasta por 30 años”, explicó Kyle Macomber de la Red de Servicios para el Desarrollo.

Norman Williams, portavoz del Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud (DHCS) dijo que congelar las tarifas fue una decisión dolorosa y difícil en respuesta a la caída presupuestal. “El congelamiento de las tarifas fue recientemente aprobado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y determinaron que no afecta a los beneficiarios al punto que los servicios no estén más disponibles en un nivel adecuado”, indicó.

Hizo ver que crearon un plan de monitoreo para asegurarse que con este congelamiento y cualquier reducción adicional, el acceso no se ponga en riesgo.