Los ‘siervos’ del narco

Primera de una serie de tres partes

TORREÓN, México.- El sol cae a plomo sobre las solitarias calles de la región conurbada de este municipio del estado de Coahuila, pero el muchacho, vestido de camisa negra y jeans, resiste los embates del calor, encorvado sobre la banqueta con una mochila al hombro, radio en mano, lentes oscuros. Inamovible.

“Es un halcón, estoy rodeada de espías”, describe María Ramírez mientras observa desde el resquicio de la ventana y vuelve a cerrar la cortina para quedar otra vez enclaustrada en su casa de la que poco sale: está amenazada de muerte desde que descubrió el motivo de la desaparición de su hijo Armando Salas y de su hermano Pedro Ramírez.

-Los tienen sembrando marihuana, asegura.

Los casos de secuestros con indicios de trabajo forzado para el crimen organizado se están multiplicando desde hace dos años, coinciden la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), la fiscalía especial del estado, organizaciones civiles y la diócesis de Saltillo, capital de la entidad.

Hay desapariciones de albañiles, campesinos, ingenieros civiles y comunicadores, arquitectos, químicos, agrónomos, contadores públicos, administradores de empresas, comerciantes, abogados y empresarios entre los 200 casos documentados por Fundec desde 2009.

La Fiscalía Especial para Desaparecidos en Coahuila ha documentado 324, pero podrían ser más por la falta de denuncias por miedo a represalias.

“Es una nueva modalidad de desaparición donde no participan agentes del gobierno, pero tampoco se pide dinero para la liberación”, detalla Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, donde llegaron los primeros familiares afectados hace un par de años.

“Se están llevando a ciudadanos comunes, profesionistas o empleados y sin antecedentes penales”, agrega. “El crimen organizado necesita mano de obra y de alguna parte tiene que sacarla”.

Los parientes desaparecidos de María son dos fortachones de 1.92 y 1.70 de estatura. Cargaban hasta 100 kilos de peso para reparar máquinas de videojuego, cuando desconocidos los interceptaron en la carretera Torreón-Matamoros, el 12 de mayo de 2008.

Según las indagatorias familiares podrían ser hoy parte de una red de producción de marihuana, como recolectores, empacadores o distribuidores.

“Un fumigador de los cerros de Durango–a unos 20 minutos de Torreón- ha visto gente cortando, acomodando, empaquetando y repartiendo en los plantíos, pero no logra ubicar dónde”, asegura María, quien ha peinado los montes en pos de rastros.

Una cocinera forzada a trabajar para presuntos narcotraficantes cuyo nombre se reserva por seguridad sostiene haber visto en un rancho de la sierra duranguense a decenas de personas con uniforme azul, en bodegas y oficinas.

“Nunca salen de ahí”, detalló.

Testimonios similares han sido recopilados por el sacerdote Pedro Pantoja, fundador del albergue Belén, quien durante 10 años ha dado cobijo y comida a miles de inmigrantes centroamericanos.

“Cada día llegan a refugiarse entre dos o tres migrantes que escapan de casas de seguridad del crimen organizado y todos coinciden en que los ponen a trabajar como sicarios, en albañilería o la construcción”.

En junio pasado, la Oficina de Atención al Migrante del municipio duranguense de Gómez Palacio (a unos 100 metros de Torreón) denunció que 50 albañiles contratados por una empresa desconocida del estado de Zacatecas al sur de la entidad, desaparecieron en el traslado por la carretera Cuencamé-Fresnillo.

Dos años antes, el 23 de junio de 2009, Daniel Dávila, un arquitecto de 27 años, se “esfumó” junto con un obrero especializado en yeso cuando supervisaban los detalles finales de un complejo de casas de interés social subsidiadas por el gobierno de Coahuila en Torreón.

Luz Elena Montalvo, la madre, ubica que ahí fue la última vez que contestó el teléfono y no supo más. “Se lo tragó la tierra y dejó a su esposa embarazada con seis meses y un bebé de año y medio”, dijo a La Opinión durante un encuentro con familiares en el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi de Torreón, una ciudad de 600,000 habitantes que en el verano alcanza los 50 grados centígrados en este semidesierto de casas de adobe sin pintar y calles sin asfaltar.

Familiares de la organización Fundec tienen indicios de que los criminales realizan una labor previa de espionaje para estudiar a las víctimas. “Al parecer buscan características físicas muy concretas (todos los desaparecidos son altos y fuertes) o habilidades especiales.

Delia, madre de Edson Amadeo de la Rosa, un obrero de 21 años, secuestrado en julio de 2009, describe que un carro pasaba una y otra vez por su casa: “Lo vi varias veces desde la cocina” y yo pensaba ¿de quién será?, hasta que una noche ese mismo coche se llevó a mi hijo y otro amigo que estaban en la calle”.

La local Fiscalía Especializada para Desaparecidos -creada en abril pasado entre protestas y mantas desplegadas en movilizaciones por todo el estado- asegura que no han podido probar la relación entre las desapariciones y el trabajo forzado, pero es una hipótesis que no se descarta.

“El problema es que los testigos tienen miedo de ratificar ante las autoridades los hechos que presencian o sobre los que tienen información”, explicó Laurent Rodríguez, titular de la dependencia. “En muchos de los casos es claro que está involucrado el crimen organizado”.

La iglesia católica rechazó la versión de que no haya tales pruebas. “Yo he entregado a la Procuraduría de justicia del Estado de Coahuila las grabaciones de audio con testimonios de migrantes que han sido secuestrados y han escapado y podido narrar cómo los ponen a trabajar”, asegura el cura Pantoja.

Las familias tienen averiguaciones propias, donde han recopilado pruebas que entregaron a agentes del ministerio público en Coahuila, pero estos no las integraron a la averiguación previa: las desaparecieron o no las registraron, según constató el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios cuando interpuso un recurso legal para que les permitieran tener copias de los expedientes que negaba el estado.

“El problema es que no dejan a los familiares ser parte de la investigación, un derecho que tienen los mexicanos como coadyuvantes”, destacó la activista Blanca Martínez.

Luz Elena Montalvo, madre de desaparecido, se enteró después de dos años de levantar una querella ante el ministerio público que la averiguación ni siquiera había pasado a declaratoria. “Como si se hubiera perdido un sillón”, describe.

La fiscal Rodríguez no negó que este tipo de “descuidos” ocurrieran anteriormente, en los ministerios públicos locales, cuando no existía la fiscalía que encabeza, pero afirma que ahora “no paran de buscar”. Giran oficios, rastrean en lugares, hacen pruebas de ADN en fosas clandestinas. Y nada.

La falta de hallazgos macabros aunado a sus averiguaciones incrementa la esperanza de que los desaparecidos están reclutados en alguna parte. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, rezan las pancartas que padres, madres y esposas abren y cierran de plaza en plaza en Coahuila.