Preparan bloqueo para la SB20

CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE).— Activistas de Carolina del Sur anunciaron ayer vigilias y actos de protesta para el próximo domingo contra la ley de inmigración SB20, en víspera a la audiencia en corte federal para responder a las demandas para su bloqueo.

“Estamos unificados para evitar que ocurra una tragedia al implementarse esta legislación que va en contra de los valores morales, religiosos, sociales, y humanos”, afirmó ayer Roberto Belén, miembro del Consejo de Acción Cristiana de Carolina del Sur.

Reunidos ayer en conferencia de prensa en el Capitolio en Columbia, la capital, representantes del grupo, que lo conforman 17 congregaciones religiosas del estado, anunciaron la realización en cuatro días en esa ciudad de la “Marcha y Vigilia por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes”.

La misma comenzará a la 1:00 de la tarde en una iglesia del centro y finalizará en las cercanías de la sede del gobierno estatal.

Se espera que asistan cientos de personas para orar y denunciar la “criminalización de los extranjeros”.

“Hoy dejamos saber a los residentes de Carolina del Sur nuestra oposición a la SB20 y oraremos para que el juez que tiene a su cargo la decisión de parar o seguir con la medida se incline a favor de la justicia”, declaró Carl Evans, presidente del grupo religioso.

“La ley interfiere con las tradiciones nobles de dar la bienvenida a los extranjeros y amenaza con destruir las comunidades de nuestros vecinos, los inmigrantes”, enfatizó.

Un juez federal en Charleston, al sur del estado, escuchará el próximo lunes 19 de diciembre los argumentos iniciales a favor y en contra de la SB20, que según el Departamento de Justicia (DOJ) “daña la reputación del país con otras naciones”.

El DOJ y organizaciones proinmigrantes como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), demandaron al estado de Carolina del Sur y a la gobernadora, Nikki Haley, por la ley que catalogan de “inconstitucional” y que motiva al “perfil racial”.

A diferencia de las leyes de inmigración de Alabama, Arizona, Utah y Georgia, la de Carolina del Sur crea una unidad especial de policía contra los indocumentados, una de inmigración, para perseguir a los sin papeles que se paga con fondos estatales.

Bajo la legislación, durante un operativo rutinario de tránsito, los agentes del orden público pueden cuestionar la situación migratoria de una persona si existe una “sospecha razonable” de que es indocumentada.

Uno de los argumentos en contra de esta ley es que penaliza con cárcel y multas a quienes transporten indocumentados.

Asimismo, convierte en delito mayor con penas de hasta 25 mil dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

“Nos llegó el día y aquí el mensaje es que los inmigrantes no estamos solos, nos apoya la comunidad en general, porque la gente se ha dado cuenta del caos ocurrido en otros estados como Alabama”, añadió Iván Segura, miembro de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes, grupo que también organiza la marcha en la capital.

En el oeste del estado, en la ciudad de Greenville, la comunidad de la zona organiza también una “Vigilia de Oración” para pedir por “la paz, igualdad, por la unidad familiar, y porque se anule la destructiva ley”.

“Ese día vamos a pedir perdón porque violamos la ley de Dios pero también misericordia por los inmigrantes, y sobre todo que los legisladores que impulsaron esta ley racista, para que reconozcan que tampoco siguieron el mandato del creador”, afirmó ayer Wilfredo León, portavoz de la Coalición de Inmigración del Upstate.

Según León, existe un “nerviosismo y preocupación” entre los hispanos por lo que pueda pasar los próximos días con la SB20, e inclusive algunos ya han abandonado el estado por miedo a la aplicación de la ley, programada para el próximo 1 de enero de 2012.

“Esta legislación nos afecta a todos, inmigrantes y nativos, lo notamos en el comercio, que han bajado sus ventas, porque la gente no quiere salir y gastar su dinero”, apuntó.

Asimismo en Charleston, que se convertirá en el epicentro a principio de semana de la batalla en contra de la SB20, se llevará a cabo otra servicio religioso bilingüe de oración en las cercanías de la corte que escuchará el caso.

Por su parte, la administración de Haley, cuya familia es de la India, ha reiterado en varias ocasiones que no le quedó otra opción que firmar la SB20 debido a que el gobierno federal no ha “hecho lo suficiente” para combatir a los “ilegales”.

Carolina del Sur pidió a un juez federal a finales de noviembre que rechace el pedido de Washington de suspender la aplicación de la ley estatal contra la inmigración no autorizada mientras dura el proceso legal en su contra.

Andre Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, explicó que es posible que el juez no decida el caso este lunes y sólo se dedique a realizar preguntas a ambas partes.

Cerca de 55 mil indocumentados viven en Carolina del Sur, según cifras del Centro Pew.