Demandas por discriminación contra hispanos se extienden

En 2011 se lograron acuerdos históricos para compensar a víctimas, como el caso de Countrywide

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia (DOJ) cierra el año con un nuevo acuerdo conciliatorio por discriminación en contra de latinos. Desde escuelas, acceso a préstamos, empleo y ascensos; de todo se ha visto durante 2011 cuando se habla del trato desigual hacia la población hispana en el país.

DOJ anunció ayer que Garland Sales Inc., un fabricante de alfombras del estado de Georgia, acordó pagar 10 mil dólares en multas civiles y someter a sus empleados a entrenamiento para elegibilidad en empleo.

Esto, luego de que fuera demandado por prácticas discriminatorias en contra de hispanos, al exigir documentos innecesarios en la postulación a trabajos. La compañía pedía que los ciudadanos presentaran tarjetas de residencia, además de otros requerimientos para los extranjeros naturalizados.

“En el proceso de contratación, los empleadores no pueden tratar de manera diferente a los trabajadores autorizados, con base en su origen nacional o estatus de ciudadanía”, dijo Thomas Pérez, asistente del Fiscal General de la División de Derechos Civiles de DOJ.

“Es ilegal que los empleadores tomen acciones en contra de los trabajadores por exigir sus derechos protegidos a nivel federal. Ese tipo de comportamiento será investigado”, agregó.

Este ha sido uno de los años más activos en cuanto a demandas y acuerdos conciliatorios en casos de discriminación, durante la última década. En junio, DOJ anunció que Nixon State Bank, de Nixon, Texas, establecería políticas de precios uniformes, llevaría a cabo capacitación de empleados y pagaría casi 100,000 dólares para resolver alegatos de práctica de discriminación con base en el origen nacional, violando la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito.

En 2009, los agentes del banco podían manejar todos los aspectos de la transacción del préstamo, sin garantía para consumidores con amplia discreción. La demanda se basó en que esta política tenía un impacto dispar en los prestatarios hispanos.

En agosto, DOJ llegó a un decreto de consentimiento con el Distrito Unificado de Escuelas de Tucson (TUSD), que resolvió la demanda por discriminación sexual y de origen nacional. Donna Guzmán, Marcia Vela, Verónica León, Jimmy Miranda y Eddie Montano, empleados de la secundaria Rincon/University (RHS) alegaron que fueron sujetos de acoso y trabajo hostil. Esto luego de que diversos trabajadores se quejaran del trato abusivo de los supervisores de TUSD y RHS.

TUSD debió pagar un total de 45 mil dólares y someter a su personal a entrenamiento, además de un periodo de supervisión. En agosto también, DOJ difundió el acuerdo conciliatorio con Nueva Jersey y la Comisión de Servicios Civiles del mismo estado.

La acusación principal fue discriminación en los ascensos de agentes de policía hispanos y afroamericanos, una práctica que el gobierno indicó se ejecutaba desde 2000. El decreto exigió al estado desarrollar un nuevo proceso de selección para ascensos, que se ajustara a las leyes federales y evitara prácticas discriminatorias.

En septiembre, C&F Mortgage Corporation of Midlothian, Va., debió revisar sus políticas de precios, entrenar a sus empleados y pagar 140,000 dólares en multas, luego de quejas de discriminación por raza y origen nacional. La compañía cobraba tasas de interés más altas en hipotecas a hispanos y afroamericanos.

Ya en diciembre, DOJ anunció un acuerdo con Bank of America, consistente en el pago de 335 millones de dólares por prácticas discriminatorias en préstamos, que perjudicaron a 133 mil hispanos y 67 mil afroamericanos entre 2004 y 2008.

“Estos alegatos representan una conducta alarmante por parte de uno de los prestamistas hipotecarios más grandes del país, durante el punto más alto de la crisis inmobiliaria”, dijo el Procurador General, Eric Holder.

Entre 2004 y 2008 Countrywide originó 4.4 millones de hipotecas. El volumen anual de estos préstamos bordeó entre los 110 mil y 243 mil millones de dólares. En este periodo la compañía reportó ganancias de 6.7 mil millones.

Las víctimas se localizaron en 180 mercados geográficos en 41 estados, además del Distrito de Columbia. Los mercados con el mayor número de afectados fueron Los Ángeles, Riverside, Chicago, Houston, Miami, Atlanta, Nueva York, Washington, DC, Phoenix, San Diego, Las Vegas, Fort Lauderdale, Orlando, Santa Ana, Dallas, Denver, Oxnard, Newark, Long Island y Detroit.