Enfrentan el dolor juntos

Sammantha Salas no pudo llegar al otro lado de la acera mientras cruzaba la calle, porque, en un instante, una bala que escapo del arma de unos pandilleros le arrancó la vida intempestivamente a sus 16 años de edad el 26 de enero del 2008 en Alhambra, al noroeste de Los Ángeles.

A causa de esta tragedia, la madre de la joven, Jannette Chávez, es ahora miembro de la organizaciones Justice for Murdered Children y Justice for Homicide Victims, cuya misión es brindar apoyo emocional y legal a los familiares de víctimas de crimen por asesinato.

“Estos son grupos a los que ninguna persona debería ser elegible a pertenecer”, dijo Marcella Leach, quien comparte el mismo dolor que Chávez desde hace casi 30 años, cuando su hija Marsy Nicholas fue asesinada por su ex novio.

Ambas mujeres han compartido más de una vez la devastadora experiencia de asesinato de sus hijas. Pero ninguna ha dejado que el inmenso dolor con el que viven día con día sea en vano.

“Las familias tienen que seguir peleando para que se haga justicia y trabajar dentro de la comunidad para que no haya más personas en mi misma situación”, expresó Chávez, quien junto a decenas de familiares de víctimas de asesinato – en particular de niños y jóvenes – se reunieron ayer en la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en la Clínica para Víctimas de Crimen.

“El crimen en la ciudad ha bajado considerablemente. El año pasado se registraron 298 homicídios, por segundo año consecutivo no hemos tenido más de 300 asesinatos. Estos números no habían estado tan bajos desde los años 60, y esto es un gran logro en comparación con otros años como en 1992, cuando se llego hasta la cifra de 1,100 asesinatos en la ciudad”, compartió Patrick Gannon, comandante en jefe del buro de operaciones del LAPD.

“Hay mucho por hacer, pero lo que se puede lograr con clínicas como esta es que la comunidad nos apoye con labores de prevención y de que los familiares de víctimas de crímenes colaboren con nosotros para que se haga justicia”, subrayó Gannon.

El procurador de la ciudad de Los Ángeles, Carmen Trutanich, compartió con los familiares de las víctimas que su oficina ha perdido los fondos que requiere para que las investigaciones de los crímenes se realicen como de be de ser.

“Anteriormente operábamos con un presupuesto de 117 millones, ahora solo contamos con 78. Necesitamos que ustedes nos apoyen a solicitar al alcalde que nos otorgue más fondos porque necesitamos más personal”, indicó el procurador.

El objetivo principal de la clínica, fue dar a conocer los derechos de las víctimas, particularmente los obtenidos bajo el acta Crime Victims Bill of Rights, mejor conocida como la ley de Marsy, en honor a Marsy Nichols, cuya madre, Marcella Leach luchó por más de 25 años para lograr que se volviera una realidad, no solo en California sino a nivel federal.

Esta otorga 17 derechos constitucionales a víctimas de crímenes. Entre ellos “el derecho a saber donde se encuentra el asesino en todo momento, si lo han dejado salir bajo fianza o cualquier arreglo al que este haya llegado con la corte”, explicó LaWanda Hawkins, fundadora de Justice for Murdered Children.

Hawkins enfatizó el hecho de que a pesar de las estadísticas , los crímenes siguen destruyendo familias en las calles de Los Ángeles. “En el principio de este año ha habido 25 asesinatos de niños en Los Ángeles. Creemos que deben tomarse medidas más estrictas con aquellos jóvenes que no pueden comprar un cigarro, pero si pueden obtener un arma”, señaló.