Buscan acuerdo para hipotecas

California y Nueva York consideran acuerdo por abusos en ejecuciones hipotecarias

Buscan acuerdo para   hipotecas
Dueños de casas y la miembro de ACORN, Carmen Facundo (izq.), en una conferencia de prensa para llamar a que los bancos y los prestatarios trabajen juntos y resolver situación de 'foreclosures'. (Foto de Archivo)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia

WASHINGTON, D. C. (AP).- Este lunes, California y Nueva York se encontraban considerando si unirse o no a la mayoría de los demás estados que respalda un acuerdo esperado hace mucho tiempo con los bancos por casos de abuso en ejecuciones hipotecarias. El acuerdo exigiría que los cinco servicios hipotecarios más grandes del país reduzcan los préstamos concedidos a aproximadamente un millón de hogares.

Los procuradores generales estatales establecieron el lunes a última hora como fecha límite para que los estados decidan o no formar parte del acuerdo. Los propietarios en estados que decidan no apoyar el acuerdo no podrán recibir dinero de dicho acuerdo.

Los préstamos reducidos beneficiarían a los propietarios de viviendas que se han atrasado en sus pagos y en la actualidad deben más que el valor de sus hogares. Los servicios de préstamos también enviarían cheques por un monto aproximado de dos mil dólares a cientos de miles de personas que perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias.

El dinero disponible para los propietarios de viviendas podría ascender a los 25,000 millones de dólares, si todos los estados aprueban el acuerdo.

Los cinco servicios de préstamos, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Ally Financial, ya aceptaron el acuerdo. Con este acuerdo, los estados aceptarían no presentar más investigaciones contra los bancos ante tribunales civiles. El acuerdo no protegería a los bancos contra investigaciones penales.

Los pocos estados que se han negado a aceptar el acuerdo manifestaron su preocupación, ya que consideran que esto limitaría su capacidad para tomar medidas contra los bancos por cualquier falta anterior que surgiera más adelante en el tiempo.

El respaldo de California es particularmente esencial. Fue uno de los estados que más sufrió el impacto de la crisis por ejecuciones hipotecarias. Y es el que tiene la mayor cantidad de residentes “sumergidos”. La deuda de sus préstamos es superior al valor de sus hogares. Sin la participación de California, el dinero disponible para los propietarios de viviendas a nivel nacional ascendería a unos 19 mil millones en vez de 25 mil millones de dólares.

El acuerdo anexó medidas más estrictas recientemente a fin de permitir que los estados puedan procesar a los servicios de préstamos que cometan faltas contra los prestatarios en el futuro. Las multas podrían ascender a cinco millones de dólares por infracción.

“Estamos más cerca que nunca, pero todavía no hemos alcanzado el objetivo”, señaló la procuradora general de California, Kamala Harris, en una declaración realizada durante el fin de semana.

Conforme al acuerdo, el capital de la hipoteca de aproximadamente un millón de propietarios de viviendas sería reducido en un promedio de 20 mil dólares. Asimismo, otros 750 mil estadounidenses, aproximadamente la mitad de los hogares que cumplen con los requisitos para recibir ayuda según el acuerdo recibiría unos dos mil dólares.

David Stevens, director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios y ex funcionario del departamento de vivienda de la administración Obama, señaló que el acuerdo daría más flexibilidad a las restricciones a los nuevos préstamos y a la ayuda a los propietarios en riesgo de enfrentarse a la ejecución hipotecaria.

“Esto ayudará a ofrecer certeza a los mercados (financieros) sobre el crédito que se flexibiliza y los propietarios obtendrán un poco de dinero”, señaló Stevens.

De todas formas, muchas organizaciones de vivienda y de la comunidad se han quejado de que el acuerdo no es suficiente.

George Goehl de National People’s Action, un conjunto de grupos de viviendas de la comunidad, afirmó que los 25,000 millones de dólares para los propietarios de viviendas representan un “pago mezquino”, considerando que casi 11 millones de hogares se encuentran sumergidos en una deuda combinada de 750,000 millones de dólares. “Cualquier monto inferior a los 300 mil millones de dólares es una ganancia para el 1% que no aplica medidas muy estrictas contra los bancos y no es suficiente para ayudar tanto a las familias de clase media como a las comunidades que más sufrieron el fraude de los grandes bancos”, señaló Goehl.

Pero si California y Nueva York aceptan el acuerdo, es probable que otros estados que al día de hoy se han mantenido al margen, como Arizona y Nevada, terminen también dando su respaldo. Es posible Delaware no participe en este acuerdo. El procurador general Beau Biden afirmó que el acuerdo todavía le genera preocupación, “debido a la forma en que está estipulado actualmente”, señaló en una declaración.

“Continuamos examinando la complicada documentación que recibimos hace una semana y seguimos buscando mejoras que respondan a nuestras inquietudes”, señaló Biden.

El acuerdo pondría fin al difícil período que surgió a raíz de la crisis financiera del 2008, cuando el valor de las propiedades cayó en forma aplastante y millones de personas se enfrentaron a la ejecución hipotecaria de sus viviendas. Muchas empresas que procesan las hipotecas no verificaron la documentación necesaria. Algunos empleados firmaron documentos sin leer o usaron firmas falsas para acelerar las ejecuciones, una acción conocida como “robo-signing” (robo-firma).

El acuerdo también promete reformular las antiguas normas de los préstamos hipotecarios. Ayudaría a los propietarios en riesgo de enfrentarse a una ejecución hipotecaria a efectuar sus pagos y conservar sus viviendas.

Aquellos que perdieron sus hogares a causa de una ejecución hipotecaria no tienen grandes posibilidades de recuperar su vivienda ni de beneficiarse económicamente de dicho acuerdo.

El acuerdo se aplicaría solamente a hipotecas privadas emitidas del año 2008 al 2011. Los bancos controlan aproximadamente la mitad de todas las hipotecas de EEUU, lo que representa casi 31 millones de préstamos.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de un juez federal.