Piden a magistrados decir “no” a ley “racista”
A un día de que la Corte Suprema escuche los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, conocedores piden a magistrados inclinarse hacia el lado de los derechos civiles
Decenas de personas se han manifestado en contra de la ley SB 1070 de Arizona. Crédito: Archivo / AP
Chicago – A un día de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuche los argumentos orales sobre la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, especialistas y activistas preocupados por los efectos que tendría la resolución de este caso judicial en el Medio Oeste y en todo el país, pidieron a los magistrados tomar el lado de los derechos civiles.
Leone Bicchieri, activista de la organización laboral Chicago Workers Collaborative, afirmó: “Decimos ‘no’ a Arizona, ‘no’ a las leyes de odio, ‘no’ al centro de detención de Crete y ‘sí’ a los derechos civiles”.
En una rueda de prensa realizada hoy en el edificio del gobierno federal de Illinois, Thompson Center, representantes de varias organizaciones pro inmigrantes, legisladores y concejales, manifestaron su oposición a la polémica ley.
“Si la ley SB1070 pasa, tendremos mucho trabajo por hacer y si no pasa también”, dijo Bicchieri; pero “estamos aquí hoy para pedir a la Corte Suprema de Justicia que tome el lado de los derechos civiles, que no entren aquí en Illinois las leyes de odio y racismo”.
El miércoles 25 de abril el máximo tribunal de escuchará argumentos sobre la ley estatal que obligaría a la policía de Arizona a verificar el estatus migratorio de cualquier persona que detienen y que sospechen está ilegalmente en el país, entre otras cosas.
Expertos legales consideran que el dictamen determinará si los estados tienen derecho a aplicar leyes migratorias, o es facultad exclusiva del gobierno federal.
En un panel realizado la semana pasada en la universidad DePaul en Chicago, y organizado por el National Immigrant Justice Center, también se discutieron las implicaciones de dicho caso en el Medio Oeste.
Los expertos legales explicaron que la decisión de la corte podría determinar si cada estado tiene el derecho a aprobar sus propias leyes migratorias y en qué circunstancias las leyes federales pueden triunfar por sobre directrices federales.
En el panel estuvo presente Brian Murray, abogado en la firma Jones Day, que representa a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Junto con otros grupos religiosos introdujeron un testimonio ‘amicus curiae’ ante la corte, apoyando el principio de que el gobierno federal controla la implementación de las leyes migratorias del país y abogaron por la misión de la Iglesia de ayudar a los inmigrantes, la unidad familiar y la dignidad humana, contra lo cual atenta la ley SB1070.
Por su parte, Fred Tsao, director de políticas de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), se refirió a la conexión entre la ley de Arizona e Illinois.
“La CCA [Corrections Corporation of America] el más grande operador de prisiones privadas del país, hace dinero a base de encarcelar a las personas y fue instrumental en que se aprobara la SB1070 en Arizona. Estuvo en la mesa cuando la ley fue creada y ahora quieren poner una sucursal aquí en Illinois”, dijo Tsao refiriéndose al centro de detención de inmigrantes, propuesto para el suburbio de Crete, Illinois.
La SB 1070 fue promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en abril de 2010. Varias partes clave de la norma permanecen suspendidas por orden de la jueza federal Susan Bolton, desde julio de 2010. En agosto pasado, Arizona solicitó a la Suprema Corte su intervención para eliminar la suspensión impuesta.
El fallo será trascendental para el futuro de este tipo de legislaciones en otros estados, las cuales se encuentran en un limbo actualmente.
