En Veracruz impera la ley del silencio

Segunda de dos partes

XALAPA, México.- “El Gobierno de Veracruz es el primero que quiere aclarar las muertes de los periodistas”. La vocera estatal Georgina Domínguez responde así a las acusaciones de omisión, desidia y complicidad en los ataques a los medios de comunicación que desde diversos flancos recaen sobre la Administración de Javier Duarte.

Desde el asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario nacional Proceso, el escándalo creció por las exigencias de justicia: ocho marchas por los 16 comunicadores caídos en la última década.

Periodistas, activistas sociales y políticos de oposición señalan el estrangulamiento de Regina Martínez, el 28 de abril pasado, como una prueba más de que existen métodos sistematizados de represión a la prensa.

Omar R. un reportero que fue subordinado de Martínez en la revista Política cuando ella era jefa de información revela que a su exjefa la echaron después de que publicó como freelancer un artículo en Proceso donde cuestionaba el patrimonio de Fidel Herrera.

“Regina nos dijo que se iba porque el exgobernador había llamado a los dueños en represalia”, sostiene Omar, oculto en este nombre ficticio porque también sorteó situaciones similares en dos periódicos hasta que creó su propio medio de comunicación que hoy opera junto con tres colegas de manera clandestina.

El semanario tiene otras pistas: que fue despedida después de que documentó la violación de una anciana indígena Ernestina Ascencio por soldados del ejército en el municipio de Zongolica, una de las regiones más pobres de la entidad.

El periodismo independiente en Veracruz es casi nulo. Como líder opositor, Juan Bejel, presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) calcula que alrededor del 97% del centenar de periódicos, 123 estaciones de radio y las tres televisoras son controlados por el estado a través de la publicidad oficial: si no se alinean, se las quitan.

“Muchos de ellos no podría subsistir sin este presupuesto”, afirma.

El legislador describe cómo localizar las notas periodísticas que son pagadas por el gobierno: dicen lo mismo y tienen las mismas fotos aunque se publiquen en Coatzacoalcos, en el puerto o en Papantla, tres municipios, alejados entre sí.

Veracruz es gobernado de manera ininterrumpida desde hace casi 90 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gracias a la compra de dádivas para garantizar el voto y control de la prensa, sostiene la oposición.

Karina J., fotógrafa en esta capital del estado, ubicada a 315 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, cuenta a este diario que en enero de 2010 -cuando el gobernador Duarte tenía unos días en la Administración- se supo qué reporteros recibían pagos oficiales.

“Eran más o menos 20 y llegaron a la Tesorería del estado, entre empellones y sin vergüenza alguna, para reclamar por la falta de un depósito en su cuenta bancaria que era el soborno mensual”.

Se supo entonces -de acuerdo con este testimonio- que los montos variaban entre los cuatro mil dólares para comunicadores de televisión, un poco menos para prensa escrita y radio y 1,800 dólares (el mínimo) para algunos sitios web.

La portavoz estatal niega cualquier versión sobre sobornos o favores a cambio de callar, manipular o difundir información. “Cuando algún periodista ha requerido ayuda se les ha dado, pero del tipo de apoyo médico estatal, por ejemplo, nunca en dinero”.

Entre acusaciones y desmentidos, los mismos periodistas insisten en que sí existe el “control” a través de disímiles estrategias.

Cuando el reportero o editor no “entienden” con pan, los funcionarios llaman directamente a los dueños de los medios de comunicación: así lograron que varias publicaciones cambiaran las palabras “balacera” o “traca-traca” por Operativo de las Fuerzas del Orden.

En otro estilo más hostil, el diario porteño Notiver denuncia que sus reporteros son bloqueados en los eventos oficiales porque publican información de la agencia Apro, del mismo grupo editorial de la revista Proceso.

“A Regina le hacían lo mismo: ni boletines le enviaban”, recuerda un alto directivo del rotativo.

Proceso denunció que todos los ejemplares del semanario en los que revelaba información crítica en el estado eran desaparecidos de los estanquillos.

En el más reciente ejemplo fue la publicación que contenía un artículo sobre dos polémicos ex funcionarios de Duarte que son promovidos por el PRI para diputados federales.

Uno de ellos, José Alejandro Montalvo Guzmán, exprocurador acusado de vínculos con el crimen organizado que renunció tras un centenar de ejecuciones y el escándalo porque persiguió a dos twitteros para llevarlos a prisión por “terrorismo equiparado y sabotaje”.

El diputado perredista Rogelio Franco, recuerda que el congreso local de mayoría priísta -en contubernio con el Ejecutivo- modificó la legislación para encarcelar a los muchachos por divulgar información falsa sobre enfrentamientos entre bandas rivales.

“La población enloqueció de pánico, pero fue porque los medios no informaban nada y el Gobierno negaba todo y la gente no tenía más opciones que guiarse por los rumores o las redes sociales”, explica Franco.

“El Estado pudo hacer muchas cosas para informar, poner sus propios twitteros o abrir una página, pero no quería reconocer que el crimen estaba tocando su puerta y prefería callar e intimidar”.

Finalmente liberaron a los twitteros por presión social en todo el país, pero la ley sigue vigente y el uso de estas herramientas ha decaído: muchos comunicadores ya no usan sus cuentas porque se sienten vigilados.

La desconfianza prevalece a pesar de que el pasado 7 de mayo Duarte ordenó la creación de un organismo de protección a periodistas, después de que al inicio de su mandato desapareció una ineficiente procuraduría que tenía el mismo fin.

Omar R. dice que su temor parte de la incógnita macabra de lo que pueden hacerle antes de matarlo. ¿Torturas? ¿Qué más? No hay límites.

– ¿Por qué sigues en Veracruz?- se le pregunta.

– Por idealista, porque creo que puedo ayudar a otras personas si estoy aquí y porque a lo mejor la situación puede cambiar-, responde en un afán optimista.

Después de todo no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.