Baja cantidad de vehículos decomisados

Algo ha pasado en las subastas de autos confiscados por la Policía de Los Ángeles (LAPD) que han ido desapareciendo los que se ofrecen con herramienta de jardinería y sillas de bebé; y en sus cristales son menos comunes las imágenes de la Vírgen de Guadalupe.

También ha ido a la baja la oferta. En el depósito de la compañía de grúas Hollywood Tow, donde se solían rematar decenas de coches cada semana, ayer había once; y en el sur centro de la ciudad, en un corralón que llegó a ofrecer más de 60 vehículos una mañana, este miércoles se contaban 25.

Esto coincide con un dramático desplome en la cantidad de automóviles confiscados por el LAPD durante los primeros días de una política que dejó de incautar por 30 días, los coches de los conductores sin licencia de manejar por su condición indocumentada.

Del 22 de abril (fecha en que entró en vigor la norma) al 22 de mayo, la Policía ordenó el decomiso por 30 días de 1,135 autos, esto es un descenso de más del 50% de los confiscados en ese período de 2011.

Según estadísticas que envió a La Opinión la Asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG), que agrupa a las 18 compañías de grúas que tienen el contrato de remolque y almacenamiento de los coches incautados por agentes del LAPD, el año pasado, en ese mismo lapso, 2,330 vehículos fueron retenidos hasta por un mes.

En general, en las primeras cuatro semanas de la norma, la Policía de Los Ángeles incautó 3,765 automóviles (desde una horas hasta por 30 días), 23% menos que un año anterior.

La gran mayoría de las unidades decomisadas a trabajadores indocumentados que terminan en los remates, son abandonadas porque frecuentemente sus dueños no pudieron pagar 1,500 dólares para recuperarlas. Las empresas de grúas las subastan para saldar esa deuda y recuperan así, los gastos en que incurrieron en jalar y almacenar el auto..

Antes de entrar en efecto, las autoridades anticiparon que, al eliminar los decomisos extensos, bajaría la cantidad de vehículos subastados, incluso también lo harían los ingresos del Ayuntamiento (el año pasado obtuvo 19 millones de dólares).

La interpretación de Antonio Bernabé, organizador de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), es que este descenso representa una victoria “a medias”, porque lo mejor sería que nadie tuviera que pagar para recuperar su coche por carecer de un documento.

“Deben darle la oportunidad a la gente de obtener una licencia de conducir, para detener todos los vicios que hay alrededor de los decomisos”, comentó el activista.

Lo cierto es que dicho cambio de protocolo, considerado como “tenue” por la Coalición de Inmigración del Sur de California y otras organizaciones, ha logrado avanzar a pesar de duras críticas de grupos conservadores, el intenso cabildeo de la OPG y dos demandas, una del Sindicato de Policías de la ciudad (LAPPL) y otra del controvertido grupo Judicial Watch.

La Asociación de Corralones Oficiales de la Policía no quiso comentar sobre la disminución en las incautaciones, ni proporcionó cifras sobre los coches rematados.

Michel Moore, subjefe del LAPD, afirma que aún no hay elementos suficientes para evaluar el nuevo protocolo y subraya que no se puede predecir si las confiscaciones seguirán a la baja.

“Los números están fluyendo”, dijo Moore en una entrevista con La Opinión. “Es muy temprano para evaluarlo”, agregó.

De hecho, el análisis preliminar al cambio de política se presentará ante la Comisión de Policía de la ciudad en octubre; aunque Moore dijo que, por el momento, le da una calificación positiva.

“No hemos escuchado quejas de la gente que sus carros fueron confiscados bajo una sección equivocada”, señaló.

Mientras la norma da sus primeros pasos en Los Ángeles, en otras ciudades, como en Pomona, se hace lo posible para imitarla. Un primer intento, sin embargo, no encontró eco en su Concejo Municipal y la propuesta regresó a los abogados de esa ciudad.

“Es claro que los más afectados son los indocumentados”, dijo José Calderón, profesor del Colegio Pitzer de Claremont y activista del grupo Pomona Habla.

Desde su punto de vista, mantener la mano dura contra los inmigrantes indocumentados es parte de un movimiento nacional que pretende crear “condiciones malas” que los orille a la autodeportación. “El negocio de estas grúas y los retenes son parte de esa mentalidad”, dijo.