Demandan por retorno “voluntario” de mexicanos
Alegan que como parte del proceso, a los mexicanos se les obliga a renunciar a la posibilidad de buscar un estatus legal en Estados Unidos

El pleito ahora en manos de los tribunales busca evitar que los mexicanos sean engañados por las autoridades. Crédito: Archivo / Ciro Cesar / La Opinión
Washington, 8 Jun – Grupos ciudadanos anunciaron hoy que demandaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por falta de transparencia en el retorno “voluntario” de inmigrantes mexicanos.
La demanda fue interpuesta por el Centro de Acción Legal (LAC) del Consejo Nacional de Inmigración y la firma Hughes Socol Piers Resnick & Dym, que argumentaron que el gobierno federal estadounidense retiene ilegalmente registros de esos casos.
Señaló que entre enero de 2009 y abril de 2011, la CBP procesó 662 mil 485 “salidas administrativas voluntarias” de mexicanos, un procedimiento que permite que los extranjeros salgan por cuenta propia sin un proceso formal de deportación.
La directora del LAC, Melissa Crow, afirmó que esos métodos “comprometen los derechos al debido proceso de los no ciudadanos”, que son obligados a renunciar a la posibilidad de buscar un estatus legal en Estados Unidos.
“Esperamos que la demanda genere una mayor información sobre el uso de tácticas coercitivas de la CBP para aplicar la ley de inmigración”, apuntó.
Los grupos demandantes indicaron que los agentes de la CBP no siempre ofrecen información sobre las consecuencias del regreso voluntario y en algunos casos incluso obligan a los inmigrantes a que “acepten” ese procedimiento.
Explicaron que las personas que aceptan la salida voluntaria pueden ser obligadas a renunciar a sus reclamos de residencia legal en Estados Unidos o enfrentan impedimentos para su reingreso legal al país hasta por 10 años.
En junio de 2011, los demandantes presentaron una petición a la CBP bajo la ley de Libertad de Información (FOIA), pero la dependencia divulgó sólo cuatro páginas de sus archivos.